El 1 de octubre entraron en funcionamiento 16 nuevos Tribunales de Instancia pertenecientes a la II fase de la implantación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Elaboración de decálogos sobre las manifestaciones de la violencia de género dentro del marco de la violencia económica y vicaria, a fin de fijar las características más relevantes en el contexto de la violencia de género, en las que se destaca la violencia económica y vicaria. Todo ello bajo la perspectiva de género necesaria para afrontar este tipo de hechos y la elaboración de un decálogo sobre la misma.

Se hace mención al reciente Anteproyecto de reforma del Código Penal en materia de violencia vicaria y la introducción del nuevo art. 173 bis CP.

La ratificación de la prisión provisional por el órgano judicial competente constituye un acto procesal necesario, pero en el que existen discrepancias a propósito de sus requisitos legales, en cuanto al modo en que se lleva a cabo e, incluso, sobre los efectos de su inobservancia, ante las dudas interpretativas que genera el art. 505.6 LECRIM. En este trabajo llevamos a cabo un análisis de la práctica judicial, ante la ausencia de criterios doctrinales, y apuntamos las diversas líneas de interpretación del art. 505.6 LECRIM. Observamos que la mayor parte de juzgados lleva a cabo una nueva comparecencia, con citación de todas las partes, y nos adherimos a dicha postura interpretativa, aunque también prestamos atención a los principales argumentos sostenidos por los que defienden la existencia de diferencias entre el art. 505.6 LECRIM. y los apartados anteriores del precepto.

La Sentencia núm. 1183/2025 del Tribunal Supremo (Roj: STS 3788/2025), de 21 de julio de 2025, constituye un pronunciamiento fundamental en materia de responsabilidad civil extracontractual al clarificar y consolidar la figura del guardador de hecho en el marco del deber de vigilancia. Este pronunciamiento confirma la condena impuesta al tío de una menor de edad, quien actuaba como su guardador temporal, por los daños causados a un peatón en un parque público. La resolución es especialmente relevante porque, si bien aborda la responsabilidad por hechos de un menor inimputable, su fundamento jurídico principal no es la aplicación objetiva del artículo 1903 del Código Civil (CC), sino la culpa propia o negligencia del guardador adulto conforme al artículo 1902 CC.

Esta resolución ofrece una interpretación relevante del artículo 1903 del Código Civil (CC), al conectarlo de manera decisiva con el artículo 1902 CC, y consolida la aplicación extensiva del deber de cuidado en contextos extrafamiliares.

Una vez más, los contenidos publicados en nuestros medios, apoyan la labor de los operadores jurídicos contribuyendo al desarrollo y mejora de nuestro ordenamiento jurídico. En esta ocasión, un «Debate Jurídico» de Actualidad Civil llegó a unas conclusiones que han sido seguidas por una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Este artículo propone el diseño e implementación de un sistema de Inteligencia Artificial agéntica para asistir en la fase de admisión del recurso de casación para la unificación de doctrina (RCUD) ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en la jurisdicción social. La motivación surge de una tensión estructural: la gran mayoría de los asuntos que llegan al Tribunal Supremo en lo social lo hacen vía RCUD, y cerca del 85% de ellos son inadmitidos tras un examen altamente técnico, lo que convierte la admisión en un cuello de botella metodológico y operativo. La solución propuesta se basa en un ecosistema de agentes coordinados, impulsados por modelos de lenguaje jurídico (LLM) y apoyados en un subsistema RAG con acceso tanto a jurisprudencia (CENDOJ) como al histórico de dictámenes de admisión e inadmisión del Gabinete Técnico. Cada agente asume una tarea concreta y auditable. El objetivo último no es automatizar la decisión jurisdiccional, sino aumentar eficiencia, coherencia doctrinal y transparencia, preservando la decisión final en manos de Letrados y Magistrados.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que su departamento iniciará este jueves una consulta pública para comenzar el trámite que pretende regular la exposición de niños en redes sociales por parte de sus padres, una práctica conocida como 'sharenting'.

La 9.ª Conferencia Mundial sobre Finanzas Criminales y Criptoactivos destaca la necesidad de estándares y cooperación más sólidos.

No se trata de una fotocopia que se quiere hacer como que responde al original, sino de crear un documento íntegramente falso para hacerlo pasar por uno original.

No se ha acreditado que la decisión fuera urgente por la gravedad de los hechos que se imputaban al conserje; ni que se le hubieran efectuado advertencias previas ni que existiera una reiteración en su conducta.

La falta de acreditación del requisito de integración en la solicitud de nacionalidad por residencia, no es meramente formal sino sustantivo, y no es posible suplirlo con posterioridad a la solicitud y menos aún en trámite posterior a su anómala concesión y sin perjuicio de que en una futurible nueva solicitud de nacionalidad acredite esta integración.

Por sí solo no equivale a un desistimiento cuando no consta que el Club haya formulado una oferta formal de renovación o prórroga; la extinción se produjo coincidiendo con la finalización del contrato, habiendo completado nueve temporadas y  la causa extintiva fue el cumplimiento del plazo pactado, y no una voluntad unilateral de la jugadora de concluirlo.

Se aprueba el nuevo modelo 185 de «Declaración informativa mensual de cotizaciones de afiliados y mutualistas», con la finalidad de adaptarlo a los sistemas que la AEAT utiliza actualmente para suministro de información (TGVI online: Transmisión de Grandes Volúmenes de Información), con el fin de asegurar la correcta gestión por la AEAT de las deducciones, y en su caso, abonos anticipados en el IRPF por maternidad, familia numerosa y personas con discapacidad a cargo.

Actualización de la excepción de exigencia de residencia en el convenio especial de funcionarios o empleados españoles de organizaciones internacionales intergubernamentales.

Ponemos a su disposición el texto del Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que fue aprobada en consejo de ministros el pasado miércoles para su remisión al Congreso de los Diputados.

Es irrelevante que los honorarios de abogado no se reciban de la parte a la que se ha prestado la asistencia jurídica gratuita, sino de la parte contraria y, por tanto, de un tercero porque para considerar que una prestación de servicios se ha realizado «a título oneroso» en el sentido de la Directiva del IVA no es necesario que la contraprestación de dicha prestación se obtenga directamente del destinatario de esta.

Más de 44.000 profesionales colegiados, entre ellos más de 12.000 abogados y abogadas, se están formando ya en competencias digitales con el programa Upro, un paso decisivo para la transformación digital de los profesionales de todos los sectores.

Los premiados han sido reconocidos por sus proyectos que fomentan la cultura del ahorro, su compromiso con la Agenda 2030 y su apoyo al talento jurídico y al emprendimiento en el sector legal.

El tribunal absuelve a los otros dos acusados al entender que las manifestaciones de estos, aún pudiendo ser desafortunadas, no encajan en el tipo penal del delito contra la integridad moral o delito de odio

Asociación de Damnificados Horta Sud avisa que será una batalla "larga pero firme" y asegura que "no quedará en saco roto".

Ofrecerá toda la información y orientación práctica para que los ciudadanos puedan aprender a identificar posibles intentos de fraude y conocer los canales adecuados para denunciar si han sido víctimas de una estafa financiera.

El portavoz recuerda que el anteproyecto lo elaboró Ruiz Gallardón (PP) y que el proyecto incorpora muchas aportaciones de juristas, Fiscalía, Abogacía, Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial (CGJP).

La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha reclamado al Gobierno que no penalice a las familias numerosas en la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que podría castigar a las familias con más hijos por usar coches más grandes y que potencialmente provocan más emisiones de CO2.

El Gobierno responde a las protestas de CCOO, UGT y CSIF y abrirá la mesa de diálogo el próximo miércoles 5 de noviembre

La Sala de lo Social aprecia la existencia de un preacuerdo acreditado por mensajes de WhatsApp y condena a la empresa a pagar 8.927 euros por perjuicios económicos y morales sufridos. El tribunal destaca que la empleada dejó su anterior trabajo confiando en la oferta y que fue la empresa quien frustró la incorporación pactada.

Estima la demanda de la trabajadora porque sufre “un cuadro limitativo de especial gravedad”. Revoca la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Santander, que estimó parcialmente las pretensiones de la mujer y le reconoció el grado de incapacidad permanente total para su profesión de administrativa.