En este trabajo se analiza la naturaleza jurídica y finalidad de los préstamos participativos, así como su clasificación y rango a los efectos de la formación de clases de acreedores en los planes de reestructuración, la posibilidad de que constituyan una clase separada y los efectos de una incorrecta asignación de rango sobre la formación de las clases de acreedores.

En este marco, se analizan las distintas interpretaciones jurisprudenciales, en particular de las Audiencias Provinciales de Madrid y Barcelona, sobre el rango concursal ordinario o subordinado de dichos préstamos en defecto de pacto en el marco del art 281.1.2º TRLC, la posibilidad de que constituyen clase separada y la aplicación del «test de resistencia» en supuestos de incorrecta asignación de rango, así como el impacto de las distintas interpretaciones en el mercado y la concesión del crédito.

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, se acontecieron importantes reformas en el ámbito del derecho de familia, en particular en lo relativo a los supuestos de nulidad, separación y divorcio. Nos centraremos en el supuesto del cese de la separación matrimonial cuando tiene lugar por la reconciliación entre los cónyuges, destacando la importancia tanto de la comunicación al juzgado, como de la necesaria inscripción en el Registro Civil, a los efectos de dotar de seguridad jurídica tanto a los cónyuges como a terceros.

Entre 2007 y 2010, España vivió una auténtica fiebre por las energías renovables. El Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, y las normas que lo siguieron, como el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, configuraron un régimen económico excepcionalmente atractivo, basado en primas y tarifas reguladas que garantizaron rentabilidades elevadas y estables. En pocos años, el país se convirtió en destino prioritario para inversores internacionales que vieron en la seguridad jurídica española y en su marco europeo una oportunidad de retorno sostenible. Aquella política impulsó un fuerte ciclo de inversión, pero también generó un déficit de tarifa creciente que, a la postre, marcaría el rumbo de los años siguientes.

La competencia territorial cuando la prestación de servicios se realiza a distancia —en la modalidad de teletrabajo— en el domicilio de la persona trabajadora, se determina por el art. 10.1 LRJS, que permite a la parte demandante elegir entre presentar la demanda en el Juzgado de lo Social del lugar de prestación de servicios o en el Juzgado de lo Social del domicilio del demandado, cuando la prestación de servicios se realiza totalmente a distancia —párrafo primero del art. 10.1 LRJS—. Cuando la prestación de servicios se realiza de forma mixta, parte a distancia, parte presencialmente, y en lugares de distintas circunscripciones territoriales, podrá elegir, además, entre presentar la demanda en el Juzgado de lo Social del lugar en que tenga su domicilio la persona trabajadora o el del contrato de trabajo si hallándose en él el demandado pudiera ser citado —párrafo segundo del art. 10.1 LRJS—.

La ciberseguridad es vital en un mundo hiperconectado y vulnerable a ciberataques constantes. Inspirado en El arte de la guerra, este enfoque propone aplicar las enseñanzas de Sun Tzu a la seguridad digital de las organizaciones. El tratado militar, de casi 2.500 años de antigüedad, presenta notorias correlaciones con la normativa y estrategias actuales de ciberseguridad, destacando la necesidad de una cultura corporativa de seguridad. Así, la milenaria obra se convierte en una guía atemporal para fortalecer a las organizaciones frente a amenazas digitales, recordando que la mejor victoria es la que evita el conflicto.

Basándose en los comentarios de los IUE, la guía revisada ofrece instrucciones más claras y prácticas para el desarrollo y la implementación responsables de herramientas de IA generativa, introduciendo varias actuaciones clave.

Si no se cumplía por la compradora la obligación pendiente, que era una obligación esencial, la resolución del contrato por parte de la vendedora daría lugar a que no pudieran pedirse ni reclamarse nada, lo que lógicamente comporta, dado su incumplimiento, que la compradora no pudiera exigir la devolución de las cantidades entregadas a cuenta.

El Tribunal aplica el principio de indemnidad y obliga a la administración a indemnizar al policía por los daños sufridos en el ejercicio de su cargo a pesar de que un error judicial omite el origen de las lesiones padecidas en el proceso penal.

El acuerdo de empresa otorga mejores condiciones retributivas con una menor permanencia en alguno de los niveles para promocionar al siguiente en condiciones que no se prevén en el Convenio sectorial, lo que sí es posible en línea con la finalidad perseguida por la reforma del RD Ley 31/2022 que es la de que el Convenio de Empresa no provoque un efecto devaluador de costes retributivos.

En base a la doctrina constitucional sobre el principio de cooperación, la sentencia declara que este no permite alterar las competencias de las otras Administraciones o desposeerlas de ellas, y que cualquier técnica de cooperación que se instrumente ha de tener naturaleza voluntaria.

Se aprueban los modelos 240, de comunicación de la entidad constitutiva declarante de la declaración informativa; 241, de declaración informativa y 242, de autoliquidación, todos ellos relativos al Impuesto Complementario, así como la declaración informativa simplificada, y se establecen los formatos, obligados, plazos de presentación, tanto ordinarias como las relativas a los periodos transitorios.

Entre las medidas de carácter económico, se contemplan, por una parte, los nuevos préstamos ICO PRTR con tramos no reembolsables y/o una bonificación parcial del tipo de interés y, por otra, líneas de avales para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a hogares, empresas y autónomos afectados por emergencias de protección civil. Asimismo, recoge medidas de apoyo a la actividad industrial y turística, sector cultural, actuaciones de adaptación ante el riesgo de inundación y en el ámbito de la Seguridad Social.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de reactivación, refuerzo y prevención en el marco del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la dana. El conjunto de nuevas medidas tiene por objetivo reforzar la reconstrucción y mejorar y ampliar el apoyo a los afectados por la dana, agilizando los procedimientos de las ayudas vigentes. La nueva norma prorroga y mejora la protección para empresas y autónomos, y las ayudas para las entidades locales afectadas, además de para vivienda, vehículos, inversión industrial, sector de la cultura y servicios sociales, entre otros.

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Gobierno de la Generalitat Valenciana en relación con la aprobación del acuerdo de admisión a trámite de la declaración de núcleo urbano con especial valor etnológico en Guardamar del Segura (Alicante) y con el acuerdo de suspensión cautelar de demoliciones de inmuebles en la calle Ingeniero Codorni de Guardamar del Segura (Alicante).

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto destinado a desarrollar el ámbito de aplicación de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. El texto establece los criterios generales y operativos que permitirán determinar los casos en los que resulta aplicable la norma.

El Colegio Notarial de Valencia ha acogido el acto de presentación que ha contado con la participación del conseller de Emergencias e Interior y del vicepresidente 2ª de la Generalitat y conseller para la Recuperación Económica y Social de la CV.

El Colegio advierte que trasladar la instrucción penal al Ministerio Fiscal solo es viable si se garantizan su autonomía, el control judicial efectivo y el equilibrio procesal. Rechaza la limitación de la acción popular por considerarla un retroceso democrático que vacía de contenido una herramienta clave de control ciudadano. Reclama un debate jurídico riguroso y participativo.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha determinado que las autopistas no podrán cobrar peajes íntegros a los usuarios si el servicio se encuentra afectado por obras en la infraestructura.

Insisten en la "necesidad" de una mayor profesionalización de los procedimientos a través de la creación de un Estatuto del Administrador Concursal, así como la implementación "definitiva" de la plataforma telemática para microempresas.

El Congreso ha decidido reactivar la tramitación parlamentaria de la proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para regular los alquileres de temporada y de habitaciones casi un año después de que el Pleno la admitiese a trámite. La ponencia encargada de examinar el texto se reunirá el próximo 11 de noviembre.

El Gobierno prevé convocar en la primera quincena de noviembre al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Se trata de un punto de una moción consecuencia de una interpelación urgente de los 'populares' en materia de cooperación territorial y el desarrollo de los compromisos multilaterales y bilaterales con las Comunidades Autónomas.

Los grupos critican que la propuesta de los socialistas es "insuficiente" y "llega tarde". La ley del PSOE ha superado la primera votación en la Cámara Baja con el voto a favor de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Coalición Canaria, y la abstención de PP, Vox, Junts y UPN.

Las cuestiones principales que afectan a la prueba en el proceso penal para que en el juicio oral los juristas dispongan de una herramienta con la que puedan obtener la respuesta urgente a sus dudas.