La existencia de un sistema legal de protección penal del medio ambiente se remonta al año 1983. Si bien su aplicación a la realidad española, habida cuenta de carencia de antecedentes, resultó complicada en la práctica, lo cierto es que, con el tiempo, esa aplicación ha empezado a prodigarse y la jurisprudencia a aumentar. Habida cuenta la importancia de la materia, la fuerte incidencia en la misma del Derecho comunitario y la novedad de los conceptos, todo ello ha provocado un curioso proceso evolutivo en la jurisprudencia, algunos de cuyos aspectos más destacables se exponen en el artículo.

El avance tecnológico impacta directamente en el Derecho, planteando nuevos desafíos para el transporte marítimo. Los buques autónomos prometen eficiencia y sostenibilidad, pero revelan importantes lagunas jurídicas, especialmente en torno a la responsabilidad del transportista. Desde la perspectiva del Derecho español, se analiza cómo la ausencia de regulación específica genera incertidumbre sobre aspectos como la aptitud para la navegación, la aplicación de defensas tradicionales y la cobertura de seguros. Se destaca la labor de la OMI y de iniciativas nacionales como las desarrolladas en España para adaptar el marco normativo. No obstante, persisten retos en la capacitación de operadores, certificación de sistemas de inteligencia artificial y asignación de responsabilidades en caso de fallos. Este trabajo enfatiza la necesidad de un enfoque holístico y coordinado para garantizar un desarrollo seguro, sostenible y jurídicamente sólido de la navegación autónoma.

El despliegue del personal militar español en el extranjero plantea importantes disyuntivas en lo que se refiere a la eventual exención fiscal aplicable al sueldo percibido. Las distintas tensiones entre los criterios aplicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Tribunal Económico-administrativo Central y, más recientemente, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, suscita dudas relevantes en torno a esta cuestión, que el propio Alto Tribunal parece haber aclarado, siquiera de forma parcial, en recientes pronunciamientos que permiten aportar una visión esclarecedora del asunto.

La sentencia protege el derecho al honor de los Testigos de Jehová al declarar como difamatorias varias declaraciones de un exmiembro vertidas en Instagram Facebook, YouTube y la plataforma Change.org

La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 20 de marzo del presente año aborda la difícil relación entre libertad de expresión y derecho al honor en el complejo contexto de las redes sociales, ya que reconoció que ciertas declaraciones vertidas en redes sociales por un exmiembro constituían una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la confesión y por tanto, cabía revocar la sentencia de instancia, estimando la apelación interpuesta por la confesión religiosa de los Testigos Cristianos de Jehová contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.^o 6 de Torrejón de Ardoz.

Este artículo aborda la paradoja del lenguaje jurídico que sirve tanto como vehículo de expresión legal como barrera principal para la comprensión ciudadana. A pesar de los avances normativos que culminan con la Ley Orgánica 5/2024 del Derecho de Defensa, que exige una comunicación legal clara y accesible, persiste una brecha significativa entre el discurso técnico-jurídico y la capacidad de comprensión ciudadana.

El CEPD se centra en el artículo 48 del RGPD y aclara cómo las organizaciones pueden evaluar mejor bajo qué condiciones pueden responder legalmente a las solicitudes de transferencia de datos personales de autoridades de terceros países (es decir, autoridades de países no europeos). Asimismo, el CEPD también presentó dos nuevos proyectos, Derecho y Cumplimiento en Seguridad de la IA y Protección de Datos y Fundamentos de Sistemas Seguros de IA con Datos Personales, que ofrecen material de formación sobre IA y protección de datos.

La Fundación Abogacía Española y Derechos Humanos ha hecho un llamamiento, en el Congreso de IFCLA, la asociación internacional de organizaciones nacionales de Derecho Tecnológico, a que se coloque a las personas en el centro de la transformación digital y reivindicó el papel de la abogacía como garante de los derechos fundamentales también en el ámbito digital.

Repetición íntegra de la prueba, descalificación o corrección por otro tribunal.

El teléfono comprado carecía de la calidad contratada. Falta de atención de la reclamación del cliente en un plazo razonable.

El contacto a través de redes sociales es una forma de comunicación entre las personas que debe entenderse naturalmente incluida dentro de las conductas que la medida cautelar prohibitiva de comunicación adoptada judicialmente le impedía realizar al acusado.

En la medida en que no se trata de una condición más beneficiosa, sino de una mejora de Seguridad Social, el Supremo avala la decisión del Banco de España de suprimirla.

Aunque disponía del certificado del año en curso, no cabe la subsanación una vez transcurrido el plazo de presentación de las ofertas, cuando además el pliego lo considera un defecto insubsanable.

Aceptar posteriores trámites de subsanación vulneraría los principios de igualdad y concurrencia, penalizando indirectamente a los licitadores diligentes frente a los más indolentes.

El tráfico web ha experimentado una caída generalizada, afectando a las campañas. Los anunciantes tienen que adaptarse a la nueva realidad.

La Sala Primera del Tribunal, en diálogo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha aprobado por unanimidad una sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, en la que se fija doctrina sobre dos cuestiones especialmente relevantes dentro del marco de garantías que debe rodear la investigación judicial de un posible delito de homicidio, y sobre el derecho de los familiares de la víctima a estar informados del procedimiento y de su eventual cierre.

Los decanos/as analizan la organización, diseño y funcionamiento de los tribunales de instancia y de la oficina judicial y advierten de que el titular del órgano judicial nunca debe perder el control sobre las actuaciones procesales.

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que plantea adoptar medidas encaminadas a incentivar el teletrabajo desde zonas rurales para fijar población joven en esos entornos y así combatir la despoblación en la lamada España vaciada.

Los trabajadores autónomos mayores de 64 años aumentaron en 56.186 personas desde mayo de 2021 a mayo de 2025, lo que supone un 39,6% más en valores relativos, según un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Abre consulta pública para actualizar las dos circulares clave que regulan cómo debe gestionarse el cambio de operador y la conservación del número, así como los mecanismos para acreditar el consentimiento informado de los usuarios en estos procesos.

La consulta plantea cuestiones técnicas y jurídicas para reforzar la protección de los usuarios y facilitar un cambio de proveedor rápido y seguro.

Se abordan aspectos como el cambio de operador a distancia, los paquetes de servicios o la portabilidad sin numeración asociada.

La Seguridad Social ganó una media de 73.524 afiliados extranjeros en mayo, un 2,4% más que en el mes anterior, con lo que el quinto mes de 2025 se cerró, por primera vez, con más de tres millones de ocupados foráneos.

María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado: “Entre las medidas que contempla la ley se encuentra el derecho del consumidor a elegir notario y a mantener una reunión individual previa a la firma en la que puede consultarle las dudas jurídicas que tenga sobre la operación”.

La obra examina la regulación de la inteligencia artificial en turismo, fiscalidad de viviendas turísticas, inspección de viviendas clandestinas y más, destacando últimas reformas legislativas y normativas clave.