La Ley del Estatuto de los Trabajadores de 1980 introdujo en su artículo 1.4 una norma de conflicto relativa a la aplicación de la legislación laboral española a situaciones producidas en el extranjero. La norma se mantiene en la actualidad, cuando se cumplen 30 años de la aprobación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores de 1995. La incorporación de España a la Unión Europea y la ubicación respecto del Título Preliminar del Código Civil de la mencionada norma de conflicto relativa a la ley aplicable al contrato de trabajo internacional plantea cuestiones como la naturaleza de la norma y si es posible su aplicación, desde la entrada en vigor del Reglamento Roma I, que regula la ley aplicable al contrato individual de trabajo.

La comprensión de los límites temporales de la investigación en las causas penales, introducida en nuestro ordenamiento procesal con la reforma del art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.) por la Ley 41/2015 de 5 de octubre, ha experimentado una notable evolución, en buena parte determinada por la ulterior modificación operada por la Ley 2/2020, de 7 de julio, pero también por la significativa labor interpretativa realizada por los tribunales.

No obstante, diez años después de la instauración de este sistema, subsisten algunos aspectos que se prestan al debate, que por ello siguen ofreciendo campo para la investigación y el estudio.

En este trabajo abordaremos uno de ellos, que presenta un peculiar interés, como es la toma de declaración del investigado en el procedimiento abreviado, como diligencia rezagada, que analizaremos al hilo de la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo.

A la luz de la repentina escalada en el número de OPAs en España tras la pandemia, es pertinente realizar una revisión de la regulación de este tipo de operaciones. No solamente se pretende realizar una revisión normativa, pero también dogmática. En segundo lugar, se propondrán diferentes medidas de defensa ante este tipo de operaciones que podrían ser de aplicación en el ordenamiento jurídico español.

El derecho romano abre al jurista una puerta desconocida al conocimiento y a la comprensión de las cosas, ayuda a moldear al jurista en busca de su sentido profesional. El derecho romano es grande por la profundidad de sus intuiciones, por la belleza de su prosa; y también por el amable humanismo que retrata con claridad la capacidad de grandeza y de miseria que anida en el interior del ser humano, convirtiéndose en un canto esplendoroso a la esencia de la vida y las relaciones humanas y sociales. También ayuda a crear un meta relato, una meta narrativa, intima, inmutable, con una fibra sensible, en la que aparecen los magister, los fundamentos morales y jurídicos, la doctrina, textos y textos, el foro, las basílicas… En resumen, los clásicos nos ofrecen respuestas profundas, inmanentes, atemporales y bien fundamentadas, que han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo las mejores para enfrentar los desafíos de la vida moderna y nos demuestran que todos y todas estamos en manos del destino...

Sumaria referencia a un derecho individual de nuevo cuño que se viene abriendo paso en las últimas décadas en el ámbito de la contratación mercantil electrónica y que se halla en camino de generalización legislativa y contractual. El denominado Derecho de control que la norma o principio normativo aplicable suele atribuir al titular de todo derecho negociable electrónicamente documentado.

La nueva edición del libro, dirigido por el abogado José F. Estévez y publicado por la editorial Aranzadi LA LEY, incluye capítulos actualizados sobre inteligencia artificial, transparencia algorítmica y auditoría de datos. La obra se consolida como una herramienta esencial para entender y aplicar el derecho en el entorno digital.

Esta tecnología se aplica frecuentemente en investigaciones médicas y en el desarrollo de nuevos tratamientos, pero plantea algunos retos relevantes.

Consideración como llave falsa de las llaves que son poseídas por el anterior propietario que las utiliza, una vez vendido el coche, para acceder al mismo y sustraerlo.

No se aprecia concurrencia de omisión negligente de parte de la empresa que pueda ser tomada como factor causal del resultado lesivo sufrido por el demandante, y hacerle responsable de las indemnizaciones solicitadas.

Sin embargo, su incumplimiento no implica la nulidad de pleno derecho, sino que constituye un vicio formal determinante de su anulabilidad, siempre que carezca de los requisitos formales para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

No se extinguieron los contratos del personal de conducción y logística ni se planteó eliminar la actividad amortizando la totalidad de los empleos.

El mantenimiento de un sistema objetivo y obligatorio de determinación de base imponible, ajeno a la realidad del mercado inmobiliario, y al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto, demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición ex art. 31.1 CE.

El artìculo 4 del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE es uno de los cinco artículos de dicha norma que resulta ya aplicable, desde febrero de 2025, y se refiere, precisamente, a la "alfabetización" (formación), en materia de IA. Por ello, se hace necesario abordar las cuestiones emergentes que introduce la Inteligencia Artificial en el desarrollo de las actividades propias de las Administraciones públicas y que serán de interés para todos aquellos profesionales que desarrollan su actividad en o con el Sector Público. Por otra parte, el uso de la Inteligencia Artificial en las Administraciones Públicas no solo significa la implantación de un proceso técnico o electrónico, sino que supone la gestión del cambio en la organización y en los procedimientos administrativos donde la tecnología es un facilitador, pero no la solución. Te enseñamos cómo hacerlo. Te formarás de la mano de Maitane Valdecantos (abogada y socia de la firma AUDENS, experta en propiedad intelectual, derecho audiovisual e inteligencia artificial) y Diego Ballina Díaz (Licenciado en Derecho, Máster en intervención de la Administración en la sociedad y Secretario de Administración Local). Y con el apoyo y la metodología del equipo de Formación Aranzadi LA LEY.

En el ámbito empresarial, prohíbe la imposición de trabas administrativas innecesarias al acceso y al ejercicio de actividades económicas, recoge los principios de buena regulación económica y el régimen de informes en procedimientos relativos a iniciativas empresariales, regula la carpeta empresarial, y también el régimen de consultas sobre la legislación sectorial aplicable al ejercicio de actividades económicas y la comunicación de cargas administrativas. Dentro de los principios de buena regulación económica, se añade, como novedad, el principio de compensación de cargas administrativas, un enfoque de limitación de cargas que se ha ido implantando en los distintos estados de nuestro entorno, de la Unión Europea y OCDE principalmente (regla one in, one out), asegurando que la creación de nuevas cargas administrativas para las empresas vaya acompañada de la eliminación de al menos una carga existente de coste equivalente.

Reitera su "inocencia" y seguirá "defendiendo la actuación y la integridad de la institución". El EOMF no recoge entre las causas de cese objetivas del fiscal general que sea imputado, procesado o juzgado.

El secretario general de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Andrés Barragán, ha pedido que se apruebe lo antes posible la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero para proteger a los clientes del sector bancario de posibles cláusulas abusivas.

La resolución provisional se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y las entidades tienen ahora diez días hábiles para presentar alegaciones.

La presidenta de la patronal aseguradora Unespa, Mirenchu del Valle, ha señalado que la intención de las instituciones europeas de revisar y simplificar la normativa para ganar competitividad es una "buenísina noticia", pero ha pedido que este proceso también se haga en España: "Si se simplifica la norma europea, la norma nacional que traducía esa directiva tiene que seguir ese mismo camino", ha indicado al respecto.

Cree que su intervención puede "ayudar mucho al legislador para potenciar" la reforma. El proyecto de ley se someterá este jueves a su primer examen en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde decidirá si sigue adelante o no con la tramitación del texto.

En un comunicado, el ICAM se ha pronunciado ante estos hechos "que afectan directamente a derechos fundamentales vinculados al ejercicio de la abogacía", reiterando su "compromiso inquebrantable" con el secreto profesional y el derecho de defensa y ha avanzado que actuará para que se respete la función de la abogacía como "garante de los derechos y libertades fundamentales".

• El primer Premio Sandía fue para Gonzalo Velarde de Expansión y el Premio Melón recayó en Patricia Esteban, de Aranzadi LA LEY para Cinco Días. El Premio Raja de Sandía se le ha otorgado a Xavier Gil de El Economista y el Raja de Melón a Nuria Cano y María Vicente de EFE.

• El túnel del viento, bicicletas solidarias y periodismo de calidad: así fue la II Edición de los Premios Sandía y Melón del ICOGAM.