Entre las líneas de colaboración previstas se incluyen la realización de cursos, seminarios y encuentros tanto presenciales como online, la elaboración conjunta de publicaciones jurídicas, y el acceso preferente de los miembros de la CEAJ a bases de datos, soluciones digitales y recursos formativos desarrollados por Aranzadi LA LEY

El art. 191.1 CP supone un obstáculo procesal que podría resultar contrario a las obligaciones internacionales de protección penal. El Convenio de Estambul y la nueva Directiva de la UE sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica exige que la persecución penal del delito de violación no dependa de la denuncia de la víctima, lo que hace que haya que plantearse si será necesario reformar este precepto.

La regulación contenida en la normativa penitenciaria sobre la acumulación jurídica de sanciones disciplinarias se compone de muy escasas normas, insuficientes para dar respuesta a las cuestiones que se dan en la práctica. Se trata en este estudio de exponer tales problemas y aportar posibles soluciones partiendo de interpretaciones sistemáticas y analógicas. Junto a ello, afectando al cumplimiento, se trata el alcance del control del Juez de vigilancia sobre las sanciones de aislamiento de más de catorce días.

La violencia de género, como fenómeno estructural arraigado en desigualdades de poder, exige respuestas jurídicas que trasciendan el mero castigo para abordar sus raíces socioculturales. En España, la Ley Orgánica 1/2004 marcó un hito significativo al establecer un marco integral de intervención que se articula en dos niveles principales: programas específicos obligatorios en centros penitenciarios para internos condenados por violencia de género, y programas de reeducación vinculados a la suspensión o sustitución de penas privativas de libertad. Esta estructura dual asegura que todos los condenados reciban tratamiento específico, independientemente del tipo de pena impuesta. Este artículo analiza críticamente la implementación de estos programas de intervención, que incluyen aspectos cruciales como el control de la ira, habilidades sociales, igualdad de género y resolución no violenta de conflictos, bajo la supervisión de las Juntas de Tratamiento que evalúan el progreso y su impacto en decisiones sobre progresiones de grado, permisos y libertad condicional. Basado en teorías feministas (MacKinnon, Connell) y principios restaurativos (Braithwaite), el análisis examina cómo estos programas contribuyen al objetivo primordial de facilitar la reeducación y reinserción social de los agresores, buscando prevenir la reincidencia y promover cambios profundos en conductas violentas. Frente a objeciones feministas y conservadoras, se argumenta que la reinserción no diluye la accountability ni desvía recursos, sino que fortalece la protección a víctimas al reducir la reincidencia y desarticular narrativas de dominación. La propuesta se alinea con el principio constitucional de reinserción y la visión dworkiniana de «integridad jurídica», equilibrando castigo y rehabilitación como pilares de una justicia transformadora. Mediante un análisis interdisciplinar, el artículo demuestra que la erradicación de la violencia exige intervenir tanto en las conductas individuales como en los imaginarios colectivos que las normalizan, avanzando hacia un sistema que conjugue protección, equidad y reparación ética.

Aunque es un porcentaje bajo, el año 2024 ha marcado un récord con el más alto número de DPD certificados de los últimos cinco ejercicios.

La Agencia Española de Protección de Datos dio la razón al letrado tras la reclamación del afectado. Sin embargo, tras un recurso presentado por este, constató que el abogado había vulnerado el artículo 5.1. f) del RGPD, relativo a la confidencialidad de los datos.

En la noticia no se contiene la más mínima referencia a la posible causa del accidente. Del mismo modo que, acaecido un accidente de tráfico y publicada la noticia con la fotografía de un vehículo circulando por la carretera en que ocurrió, no parece razonable que nadie vinculase la marca o la propiedad del vehículo con la producción del siniestro, tampoco resulta verosímil que esa vinculación pudiera producirse en el supuesto litigioso. La imagen no arroja ninguna proyección negativa de la entidad dueña de la avioneta.

No se acredita que la expareja condujese el vehículo sin el consentimiento del demandado. No se prueba la vigencia de la orden de protección que le impedía aproximarse a ella a menos de 50 metros de distancia y que, según aduce, habría propiciado que se acercase a su domicilio cuando él no se encontraba allí y cogiese las llaves sin su permiso.

El Juzgado reconoce la existencia de un daño moral y ordena a la Administración a satisfacer una indemnización equivalente al salario que hubiera recibido en el tiempo del permiso solicitado y que no pudo disfrutar, pues no puede perjudicar a la interesada la falta de trasposición íntegra de la Directiva y de desarrollo reglamentario.

Aunque se trate de plazas que vinieron siendo ocupadas de forma temporal en régimen laboral, esta cuestión es ajena al actual proceso que debe desarrollarse conforme a lo dispuesto en la Ley 20/21, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Si la prestación de la mutualidad se percibe en forma de capital, puede aplicarse la reducción del 40% a la parte de la prestación que corresponda a aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006, pero siempre que hayan transcurrido más de dos años entre la primera y la fecha de acaecimiento de la contingencia y que la misma se perciba en el plazo de dos años.

No es de aplicación la cláusula penal que, en caso de renuncia del cliente a la defensa letrada, los honorarios que se cobrarían serían el importe abonado hasta ese momento. La relación "intuitu personae" se establece entre el cliente y uno de los abogados del despacho profesional y no con la persona jurídica titular del despacho.

Guarda silencio sobre el delito de malversación, que impide amnistiar a Puigdemont y Junqueras.  La ponencia se repartirá entre los magistrados para que puedan estudiarla de cara al Pleno que empezará el 10 de junio, y que servirá para que la vicepresidenta del TC la exponga a sus compañeros. Las deliberaciones, sin embargo, no tendrán lugar hasta el siguiente Pleno, el que arrancará el 24 de junio, cuando está previsto el fallo.

Los magistrados concluyen que “en la conducta de SELAE no concurren elementos que permitan afirmar que abusó de la situación de dependencia económica que respecto de ella tienen las administraciones de lotería”.

La Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) ha pedido, en su asamblea anual celebrada el jueves por la tarde en el Consejo General de la Abogacía Española, a todos los Estados de Iberoamérica que se adhieran al Convenio para la protección de la abogacía aprobado en marzo por el Consejo de Europa.

Los cánones son los importes que las compañías de tren deben pagar a Adif y Adif AV por utilizar sus infraestructuras (vías, estaciones, etc.)

La metodología de la CNMC ha permitido reducir la tarifa (costes directos) de los cánones un 40 %, acercándola a la de otros países europeos.

En el corredor de alta velocidad Madrid-Levante el canon debe mantenerse en el nivel actual.

Los recargos de los servicios transversales (más de 700 km de recorrido que no paran en Madrid) deben reducirse un 27 %.

El próximo sábado, 7 de junio, entrará en vigor en España la prohibición de las llamadas comerciales desde números móviles, una medida que se engloba en el plan del Gobierno para luchar contra las estafas telefónicas y mediante SMS.

El Congreso de los Diputados ha avalado una reforma legal que permitirá devolver este año en un solo pago el IRPF que los mutualistas jubilados abonaron de más y que les reconoció el Tribunal Supremo, corrigiendo así el plazo de cuatro años que está estipulado actualmente en la legislación.

Este libro ofrece análisis multidisciplinar sobre el acceso a la justicia de colectivos vulnerables y las reformas legales necesarias para cumplir con la Agenda 2030. ¡Imprescindible para entender la justicia actual!