La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, prevén, en función del riesgo, distintos niveles de aplicación de las medidas de diligencia debida. Se analizan las obligaciones en materia de diligencia debida tienen por objeto la identificación y conocimiento de aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan establecer relaciones de negocio con los sujetos obligados.

Este artículo recoge un comentario telegráfico de la Sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 571/2025, de 9 de abril de 2025 que nos parece una resolución paradigmática (un «leading case») en la jurisprudencia civil y penal sobre la ciberdelincuencia y, en particular, sobre los fraudes informáticos en el mercado bancario. Avanzamos un resumen del comentario detallado de esta Sentencia que se publicará en el próximo número de la Revista de Derecho Digital e Innovación de LA LEY.

La naturaleza dogmática de los programas de cumplimiento en el Derecho Penal continúa siendo objeto de debate en la doctrina. Su ubicación en los distintos estadios de la Teoría del delito plantea diversos interrogantes y consecuencias procesales sustanciales como la atribución de la carga de la prueba a la acusación o a la defensa, dependiendo de la concepción asumida. La STS 298/2024, de 8 de abril, es ilustrativa en esta materia, estableciendo a quién le corresponde probar la existencia de los criminal compliance programs en el proceso penal de la persona jurídica.

Más allá de la coerción legal, formar a las personas constituye una decisión acertada y sin duda beneficiosa que debe leerse en positivo y concebirse como una inversión.

Responsabilidad cuasi objetiva de la entidad bancaria. Cuando un cliente niegue haber autorizado una operación de pago ya ejecutada o alegue que se ejecutó de manera incorrecta, recae sobre el proveedor de servicios de pago la carga de probar que la operación fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no se vio afectada por un fallo técnico u otra deficiencia del servicio prestado.

Resulta de todo punto inaceptable que el accionamiento manual por un viajero de la puerta de acceso a un baño en un vagón ferroviario, aunque esté dotado de un sistema de cierre automatizado, pueda determinar el atrapamiento de la mano con las graves consecuencias como las que se han acreditado en autos. En ningún caso puede reputarse como negligente o arriesgada la conducta consistente en accionar manualmente el cierre de una puerta de acceso público de funcionamiento automático, pues el mismo tendría que contar con mecanismos de protección que evitaran daños a los viajeros.

Denegación motivada al no poder acceder externamente a red que contiene información confidencial y al afectar al servicio de atención al público.

Padecimiento de una doble discriminación relativa a los requisitos materiales de acceso a la prestación por desempleo y a los procedimentales que regulan su concesión a este colectivo abrumadoramente feminizado.

En una situación como la descrita, la Comisión no puede limitarse a afirmar que no tiene en su poder los documentos solicitados, sino que debe presentar explicaciones creíbles que permitan al público y al Tribunal General entender por qué no pueden encontrarse esos documentos.

El Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de Abogado se abrió a la firma con motivo de la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Europa, celebrada en Luxemburgo los días 13 y 14 de mayo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez Sancho, estima la demanda de amparo y concluye que los autos impugnados han causado la vulneración a las demandantes de amparo, de su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso al recurso (art. 24.1 CE).

El Tribunal Supremo indica que en la vista la Administración del Estado deberá informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar y en concreto, sobre determinados extremos. La vista pública será el próximo 29 de mayo.

La entidad ya había sido condenada previamente por aplicar intereses abusivos, como los impuestos en un microcrédito de 350 euros con una TAE del 2.434,05%.

Las principales novedades que introducirá el reglamento de extranjería cuando entre en vigor el 20 de mayo han sido analizadas en una jornada organizada por el Consejo General de la Abogacía en colaboración con la secretaría de Estado de Migraciones.

Otra tendencia "destacada" del año pasado fue el aumento de las capitulaciones matrimoniales. El informe destaca igualmente el "paulatino auge" de la figura del patrimonio protegido, que es una figura legal que permite crear un conjunto de bienes destinados a cubrir las necesidades vitales, presentes y futuras de una persona con discapacidad.

Asociaciones de jueces y fiscales celebran que se intente desvincular al fiscal general del Gobierno pero avisan del poder que se le da.

Este libro examina la influencia del Derecho de la UE en el ordenamiento laboral español, abordando normativa, jurisprudencia y su adaptación, con especial atención a avances, lagunas y retos regulatorios.