Este artículo analiza cómo el sistema judicial español puede absorber el creciente volumen de litigios sin sacrificar la calidad ni la rapidez. En la parte técnica, se presenta la Justicia como un sistema informático con retos de escalabilidad vertical (mejora de procesos y herramientas, como la formación continua, la digitalización avanzada de expedientes, la automatización Robotic Process Automation y las notificaciones electrónicas) y horizontal (ampliación de plazas judiciales). A partir de esta analogía, se propone la creación de una jurisdicción distribuida voluntaria y totalmente telemática que aproveche la capacidad excedente de todos los jueces del territorio, eliminando barreras geográficas y apoyándose en un procedimiento íntegramente digital con formularios online, un portal único, dirección electrónica habilitada y RPAs tramitadores para el reparto y gestión de asuntos.

En la parte jurídica, se evalúa la viabilidad constitucional y legal de esta jurisdicción distribuida bajo tres modelos: órganos especializados a nivel nacional, reparto de asuntos entre jueces adscritos a un turno especial y especialización del personal jurisdicente. Los tres requieren un procedimiento telemático y garantías reforzadas de competencia y derecho al «juez predeterminado», concluyéndose que un modelo de especialización del personal jurisdicente como el previsto en el nuevo artículo 96 de la LOPJ, pero con una planta territorial autonómica o estatal, ofrece mayor practicabilidad y respeto a los principios constitucionales.

La reciente implantación en España de la acreditación de un intento previo de solución extrajudicial del conflicto —mediante un MASC— como requisito de procedibilidad trae consigo un importante esfuerzo de adaptación por parte de los actores del mundo del Derecho. Los jueces afinan criterios para que el nuevo filtro no obstaculice derechos (permitiendo ciertas excepciones), los abogados reclaman garantías y recursos para que el uso de MASC sea efectivo (formación, turnos de mediación gratuita, compensación económica) y la doctrina debate sobre los ajustes, que muy seguramente, serán necesarios. El Gobierno promulgador de la norma, una vez más, yerra en la técnica legislativa.

La presente comunicación tiene por objeto profundizar en aspectos, algunos de ellos muy controvertidos, que tienen que ver con una figura que suele preceder a la incoación de un procedimiento sancionador y/o disciplinario, como son las informaciones previas o reservadas. A cuyo efecto, partiendo del análisis de su naturaleza jurídica se abordan cuestiones como el estatuto jurídico que, en su seno, cabe conferir a la persona respecto a la que se dirige la indagación, la posición de un eventual denunciante respecto a las mismas, el valor que quepa otorgar a lo actuado bajo su paraguas en relación a un ulterior procedimiento sancionador y/o disciplinario, la influencia este trámite en la prescripción de la infracción o la propia caducidad del procedimiento principal, especialmente, si dichas diligencias preliminares se apartan de su objeto o, en fin, el posible acceso a su contenido.

Se aborda la validez de las manifestaciones auto inculpatorias realizadas por el presunto autor de los hechos ante los agentes policiales, en concreto, si pueden ser utilizadas como prueba de cargo en el acto del juicio oral. Problemática, tratamiento y casuística jurisprudencial.

El permiso de maternidad previsto por nacimiento de hijo de dieciséis semanas para la madre biológica y el de otro tiempo igual para el progenitor diferente, no son acumulables, sucesivamente, para el supuesto de familias monoparentales. Sin perjuicio de que la normativa autonómica autorice un permiso de paternidad de cuatro semanas consecutivas al de maternidad para este tipo de familias, el superior interés del menor, impone considerar que, en las familias monoparentales, el permiso de maternidad tendrá una duración de dieciséis semanas y un permiso añadido de diez semanas más, dado que el permiso de maternidad y paternidad son coincidentes en las seis primeras semanas.

Los bonos verdes son títulos de deuda diseñados específicamente para apoyar proyectos climáticos y medioambientales. En este artículo se analiza su regulación mediante el denominado Reglamento BVEu.

Representantes de las principales empresas y asociaciones armamentísticas del país, expertos en Derecho Administrativo y promotores, analizaron desde una perspectiva legal la apuesta del Gobierno recientemente anunciada de reimpulsar la industria armamentística en un incierto contexto internacional.

La demandante disponía de datos suficientes para ejercitar la acción sucesoria dentro del plazo legal de 4 años. Contaba con una prueba biológica obrante en los autos de reclamación de la filiación que arrojaba un porcentaje del 99,9937803% de procedencia de la misma madre que las codemandadas y, a pesar de ello, esperó a que terminase ese procedimiento, en el que recayó sentencia definitiva una vez transcurridos aquellos 4 años. Además, no existía ningún obstáculo formal para el ejercicio temporáneo de la acción, y el ordenamiento le brindaba la posibilidad de promover una cuestión prejudicial civil que suspendiese el curso de la demanda de preterición mientras se dirimía la acción de reclamación de filiación.

Pese a disponer, en principio, de recursos suficientes para atender las necesidades familiares, recurrió a una financiación externa de entidades de crédito cuyo pago no pudo afrontar para invertir en productos complejos y de alto riesgo a través de una web de criptomonedas. Este comportamiento causante de la insolvencia supone una gestión gravemente negligente de la economía doméstica, pues quien dispone de lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y recurre a financiación sin previsión de poder atenderla, se sitúa en una responsabilidad patrimonial que desborda su capacidad económica por no ser acorde con sus ingresos.

Aplicación preferente de la regulación establecida especial en la legislación de contratos, que desplaza el régimen general de la LJCA.

Insiste la sentencia en que en ausencia de regulación expresa en las bases de la convocatoria, debería haberse valorado la situación por fuerza mayor sufrida por el aspirante.

El parlamentario andaluz que no forma parte de la Diputación permanente no ve vulnerado el derecho a la representación política.

El Boletín Oficial de Canarias publica el Decreto ley 3/2025, de 21 de abril, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas.

Los militares referidos en las sentencias se encontraban en dos situaciones distintas, aunque semejantes entre sí. La Sala recuerda su propia y reciente doctrina, considerando que la finalidad propia de la exención descansa en la promoción de la movilidad y en el desplazamiento de trabajadores cualificados para que lleven a cabo su desempeño más allá de nuestras fronteras.

El Pleno del Senado ha aprobado este martes definitivamente el Proyecto de Ley para reformar el Estatuto de los Trabajadores, y la Ley General de la Seguridad Social con el fin de eliminar la automaticidad de la extinción del contrato laboral de las personas que acceden a la situación de incapacidad permanente.

Las instituciones europeas se implicarán en el problema de los mutualistas españoles que recibirán una pensión insuficiente cuando se jubilen tras ser admitida a trámite la petición formulada por la Abogacía Española el pasado mes de noviembre.

La sentencia explica que la LAU de 1994 introdujo un cambio sustancial en la configuración de los derechos de adquisición preferente, al reducir significativamente los supuestos en que proceden.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN subraya que se trata de la misma causa y los mismos hechos sobre los que se pronunció el Tribunal Supremo en julio de 2024, cuando confirmó la reducción de un año, de 15 a 14, acordada por propio TSJN en septiembre de 2023 al único de los cinco condenados que lo había solicitado.

Las organizaciones que implementen eficazmente este modelo estandarizado pueden llegar a ver atenuada su responsabilidad penal o incluso ser eximidas de la misma, al demostrar "la debida diligencia y las mejores prácticas" a la hora de prevenir y detectar la comisión de delitos en su seno.