LA LEY Probática aborda temas dogmáticos sobre la prueba, los avances del Derecho probatorio y la probática o cómo probar los hechos en el proceso. Dirige Frederic Munné Catarina.

La confidencialidad de las comunicaciones entre abogados no es un mero privilegio profesional, sino un pilar esencial del derecho de defensa que vienen a garantizar la plena confianza del cliente en su defensa jurídica, sin temor a que las comunicaciones de y con su abogado puedan ser utilizadas en su contra.

Este trabajo analiza el interrogatorio de testigos cuando se practica en el acto del juicio oral y cuando se realiza como prueba preconstituida en la fase de investigación si los testigos son menores de catorce años. Este medio de prueba nunca ha estado exento de controversia debido a los elementos subjetivos que rodean al testigo, los cuáles pueden afectar la credibilidad del testimonio. Esta situación se agrava cuando los testigos son menores de catorce años, ya que el Tribunal no interviene directamente en el interrogatorio, lo que dificulta el control judicial de las preguntas.

En el presente trabajo queremos estudiar las manifestaciones más recientes de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativas a la figura de la prueba ilícita, con ocasión de la consolidación de la doctrina contenida en la STC 97/2019, de 16 de julio, que introdujo varias modificaciones en el régimen jurídico de la figura de la prueba ilícita por vulneración de derechos fundamentales, lo que ha llevado a una progresiva desnaturalización de la regla de exclusión.

Entrevistamos a Isabel Winkels, Vicedecana del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid y socia-directora de WINKELS ABOGADOS, despacho especializado en Derecho de familia nacional e internacional. Nos cuenta sobre las últimas iniciativas colegiales cuáles son las iniciativas más importantes que se están impulsando desde esta Corporación, y en concreto en las materias relativas a la Infancia, Familia y Capacidad.

Cada vez es más habitual encontrarse con demandas individuales similares que reclaman el sobreprecio pagado por la compra de un bien cartelizado. Estas reclamaciones fuerzan a los perjudicados a cuantificar el «diabólico» sobreprecio que solicitan, basándose en informes periciales técnicamente complejos y caros, que suelen ser similares, y cuya cuantificación rara vez es acogida. Las dificultades probatorias en estos asuntos son palpables, sin embargo, se ha de velar por el derecho al resarcimiento de los perjudicados, lo que conlleva a que el daño se deba estimar judicialmente cuando se haya demostrado un esfuerzo probatorio suficiente.

La cuantificación del lucro cesante en los informes periciales que surgen a raíz de la infracción de un modelo comunitario registrado constituye una labor compleja que presenta numerosos desafíos tanto técnicos como jurídicos. Para llevar a cabo una valoración precisa del perjuicio económico experimentado por la parte demandante, es fundamental adoptar un enfoque riguroso, sustentado en metodologías adecuadas y en una interpretación correcta de la normativa vigente.

Se aborda un curioso caso que gira en torno a la prueba de la titularidad de un caballo. Cada parte en litigio aporta una serie de indicios a favor de su hipótesis fáctica. Se analiza el razonamiento probatorio de la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Huesca. Resulta muy interesante el juicio de suficiencia probatoria de la Resolución que nos aboca al difícil asunto del estándar de prueba civil.

Cuál sea la dosis justa de diligencias de investigación que se pueden o se deben practicar en la fase de investigación/instrucción penal es una cuestión debatida y de plena actualidad. No es posible ofrecer reglas precisas, en tanto que la investigación judicial no se halla predeterminada, sino que resulta de la naturaleza de los hechos investigados y la dificultad de su esclarecimiento. Sea para sobreseer las actuaciones, sea para cerrarlas y abrir el juicio oral. En este comentario, se analiza la cuestión atendiendo a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional que otorga el amparo a la acusación particular que había impugnado el sobreseimiento libre de una investigación judicial.

El resarcimiento del daño causado a una persona con origen en haber sufrido una lesión en un establecimiento abierto al público es una de las acciones más recurrentes en materia de responsabilidad civil. A este respecto se pronuncia, la SAP de Madrid 333/2024 de 15 de julio, Rec. 1102/2023, que declara la responsabilidad extracontractual del supermercado por las lesiones sufridas por una cliente que fue golpeada al salir de establecimiento por la puerta automática del establecimiento. La demandada a pesar de haber sido requerida no aportó las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento para acreditar que la caída no había acaecido como decía la demandante. Empero, la demandante probó que, la puerta le golpeó y que por este motivo perdió el equilibrio y cayó al suelo, causándole tal caída las lesiones. En consecuencia, ante la falta de aportación de una prueba de la que disponía el establecimiento, se determina que no quedaba justificada su falta de responsabilidad o la no culpabilidad.

El Real Decreto-Ley 6/2023, de 27 de junio, introduce modificaciones significativas en la regulación del documento electrónico en España, alineándose con las directrices europeas en materia de transformación digital. Este artículo analiza los fundamentos jurídicos del documento electrónico, su validez probatoria y las innovaciones del RDL 6/2023, examinando su impacto en el contexto del derecho proceso civil y probatorio, buscando asentar conceptos básicos tendentes a su aportación como prueba electrónica a lo largo del procedimiento.

El presente análisis profundiza en la necesidad de declarar la nulidad de la prueba de correspondencia entre abogados como medida esencial para garantizar el desarrollo eficaz del Derecho colaborativo en España. A la luz de la Ley Orgánica 1/2025 y la Ley Orgánica 5/2024, se examina cómo la protección de la confidencialidad y el secreto profesional fortalece la confianza entre las partes y fomenta la resolución de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. Asimismo, se destacan las implicaciones éticas y prácticas de esta medida, subrayando su impacto positivo en la eficiencia del sistema judicial y en la percepción de justicia por parte de los ciudadanos.

Esta sección propondrá al lector en cada número distintos pasatiempos a modo de actividades lúdicas, aunque no por ello de menor interés académico y práctico.

Se comenta la consideración de los certificados de calidad en la contratación pública a través de la regulación prevista en la Ley de Contratos del Sector Público y los pronunciamientos de los tribunales administrativos de recursos contractuales, que admiten que sean exigidos como criterios de solvencia empresarial o como criterios de adjudicación.

Los contratos de gestación subrogada, prohibidos en nuestro ordenamiento, son considerados por nuestro Alto Tribunal, contrarios al orden público. Las mujeres gestantes y los hijos menores, según la doctrina jurisprudencial, son tratados como mercancía entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables. Ambos son tratados como meros objetos, no como personas dotadas de la dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales inherentes a esa dignidad.

El artículo 20.9 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro establece un régimen específico de devengo de los intereses de demora cuando el Consorcio de Compensación de Seguros actúa como fondo de garantía. Uno de los aspectos controvertidos relacionados con dicho precepto es la determinación del día inicial del cómputo de los intereses de demora. El objetivo de este artículo es analizar la STS 1078/2024, de 27 de noviembre, que ha fijado jurisprudencia sobre esta cuestión, así como examinar aspectos generales relacionados con la naturaleza, forma de cálculo y causas de exclusión de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

En este trabajo se aborda el concepto de medida de investigación conforme con la Directiva (UE) 2014/41, de 3 de abril, en relación con el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las conclusiones emitidas por el Abogado General (Sr. Anthony Michael Collins). La ausencia de un concepto de medida de investigación cuestiona si la orden europea de investigación puede utilizarse para la notificación de un auto de procesamiento contra el que se puede formular alegaciones.

Dar un beso en la boca a la mujer tiene una clara connotación sexual y no es la forma normal de saludar a las personas con quienes no se mantiene una relación de afectividad.

El Supremo rechaza la pretensión de tratar de “remover el estado de cosas” creado con el propio reconocimiento, con ocasión de otro negocio jurídico distinto cuando el derecho a deducir ha sido cercenado por el acta de conformidad y la liquidación firme que deriva de ella.

Con carácter general, parece totalmente lícito que cualquier sindicato, con fondos propios, pueda establecer beneficios dirigidos exclusivamente a sus propios afiliados, sin que por ello deba considerarse afectado el derecho a la libertad sindical de cualquier otro sindicato que no lo haga.

Esa decisión ha de estar motivada y debe basarse en criterios objetivos y precisos, con el fin de descartar la existencia de arbitrariedad o de una sanción disciplinaria encubierta.

Organizado por el Colegio de Abogados de Málaga y el Tribunal Arbitral de Málaga, tendrá lugar el próximo 24 de abril.

Esta monografía ofrece una guía práctica sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, conocido como "la renta" o "la declaración de la renta". A diferencia de libros teóricos, este texto permite al lector comprender y preparar su propia declaración mediante ejemplos y casos prácticos, abordando situaciones comunes como la exención por reinversión en vivienda habitual, alquiler de inmuebles, sueldos y tributación de autónomos. Es una herramienta útil para ciudadanos, asesores y estudiantes de economía, ADE o derecho.