Bajo la dirección de Salvador del Rey, el Tratado examina la nueva y progresiva conformación de las relaciones de trabajo en un contexto dominado por la IA, ofreciendo para ello una visión integrada desde la perspectiva de la normativa internacional, de la Unión Europea y de la española.

La inteligencia artificial es irreversible y los profesionales del Derecho deben asumir que esta revolución tecnológica no se puede detener.

En la práctica jurisdiccional siguen planteándose dudas y reparos entre algunos operadores jurídicos en torno al cambio de la condición procesal de testigo a investigado en el curso de una causa penal, concretamente en la fase de instrucción. No se trata de un asunto baladí, ya que una y otra figura reciben un tratamiento procesal diferente. La jurisprudencia ha venido reconociendo la posibilidad de efectuar tal modificación y ha explicado cómo hacerla sin conculcar el derecho de defensa.

Este artículo jurídico propone una reflexión dentro de su brevedad respecto a uno de los asuntos más controvertidos en la práctica jurídica actual: la tendencia a fomentar un doble enjuiciamiento de administradores societarios de sociedades en situación de insolvencia, solapando el enjuiciamiento en las vías mercantiles y penales, lo que genera una vulneración palmaria del principio de non bis in idem, —garantía de derechos fundamentales— y la contravención del principio de intervención mínima vigente en la jurisdicción penal respecto a la resolución previa de las causas de insolvencia.

Contesto a las alegaciones del reclamante en el procedimiento de modificación de la ordenanza reguladora de la tasa de basuras, incluyendo en la resolución el nombre, apellidos y DNI del resto de vecinos que también habían formulado alegaciones en el trámite de consulta pública.

Según las nuevas directrices internacionales emitidas por el Reino Unido y Singapur, las empresas y servicios críticos estarán mejor protegidos contra costosos ciberataques. Entre las medidas para acabar con estos ataques, se prohíbe a los organismos del sector público, como el NHS, los ayuntamientos y las escuelas, así como a los operadores de infraestructuras nacionales críticas, pagar rescates a los delincuentes, haciendo así que los servicios vitales de los que depende la ciudadanía sean un objetivo menos atractivo para los grupos de ransomware.

La Sala de lo Contencioso sigue los postulados de la Sala de lo Social respecto a la concurrencia de beneficiarios del causante y permite al cónyuge supérstite recuperar íntegramente la pensión de viudedad del régimen de clases pasivas cuando fallece el otro beneficiario de dicha prestación.

Se acredita que al menos durante el verano de 2021 el piso se dedicó a la actividad de prestación de servicios sexuales por personas contratadas por la inquilina, con las consiguientes molestias para los vecinos.

La ponderación necesaria de los derechos constitucionales en conflicto lleva en este caso a considerar la prevalencia de la libertad de expresión precisamente para garantizar adecuadamente el derecho de defensa o acción.

En concreto, se pactó como beneficio social la bonificación de consumo eléctrico, fundamentado precisamente en un derecho adquirido por el trabajador desde que en el año 1955 iniciara su prestación laboral para una empresa posteriormente subrogada hasta llegar a la actual.

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la ampliación de los supuestos en los que se prevé la imposición de la pena de prisión permanente revisable. Presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Mixto.(122/000226).

Proposición de Ley de defensa y protección de los símbolos oficiales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (122/000224).

Un nuevo estudio del JRC ofrece tres escenarios hipotéticos para ayudar a informar el debate político sobre la configuración del futuro de la política agrícola común (PAC) de la UE.

El proyecto, que entraría en vigor en enero del año 2028, también prevé expulsar a partidos políticos de la acusación popular, así como la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para ampliar a cinco años el mandato del fiscal general del Estado.

Presidida por el vocal Carlos Hugo Preciado, formarán parte de la misma Isabel Revuelta, Esther Rojo, José Luis Costa Pillado e Inés Herreros. Entre sus funciones estará asesorar al Pleno, proponer medidas para garantizar la formación de los jueces/as y hacer un seguimiento de la respuesta judicial en la materia.

La reforma legal pactada entre el Gobierno y Junts para obligar a las grandes empresas a tener servicios de atención a la clientela en las diferentes lenguas cooficiales del Estado afronta esta semana un nuevo trámite en el Congreso con su paso por comisión.

El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha avanzado que el Ministerio está analizando una propuesta para que los ingresos que se perciben del IRPF, del IVA y de los impuestos compartidos entre comunidades autónomas y Estado llegue "a la vez" a todas las administraciones.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado por unanimidad el recurso de amparo presentado por Tubos Reunidos S.A., que estaba obligada a devolver más de 30 millones de euros provenientes de unas exenciones fiscales que la Diputación Foral de Álava había aprobado y que fueron declaradas incompatible con el mercado comunitario por la Comisión Europea.

El magistrado considera que la APLU no vulneró el principio de “non bis in idem” por el hecho de que en 1993 el Ayuntamiento de Cangas le hubiese impuesto sendas sanciones de multa al entonces propietario por las infracciones urbanísticas cometidas.