Pese a no ser el «ordinario» —permítase el juego de palabras— el juicio verbal (artículos 437 y ss. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) es el cauce declarativo más habitual y recurrente en la práctica judicial. El legislador español apostó por él con el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, y lo vuelve a hacer con la Ley de Eficiencia (LO 1/2025, de 2 de enero) que, no obstante, introduce modificaciones de calado que han suscitado una interesante controversia en la doctrina y en la práctica de los tribunales.

Los autónomos y pymes españoles están inmersos en una enorme confusión sobre la supuesta entrada en vigor inminente de la obligación de facturación electrónica y sobre el alcance real de las obligaciones derivadas del denominado Reglamento VERIFACTU, generada por la Administración e interesadamente impulsada por las empresas de software para ganar negocio. Se hace necesario un ejercicio de claridad y un mensaje de tranquilidad a los autónomos y pymes.

Si en un análisis anterior sobre el teletrabajo en la Administración General del Estado ya de por sí apreciamos un mantenimiento, e incluso aumento, de la productividad con la adopción del sistema mixto teletrabajo/servicio presencial, su conexión y combinación con el enfoque de la slow productivity (Cal Newport), que se realiza en este trabajo, puede darnos claves e ideas novedosas para que el modelo mixto contribuya definitivamente a un aumento racional y sostenible de la productividad.

El día 23 de mayo de 2025 tuvieron lugar en Logroño las «VII Jornadas de unificación de criterios judiciales en la Comunidad Autónoma de La Rioja». Tras los correspondientes debates, se alcanzaron un total de 85 conclusiones que se presentan en este documento.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el regulador y supervisor de los mercados financieros de la UE, acoge con satisfacción el firme compromiso inicial de las Autoridades Nacionales Competentes (ANC) sobre el riesgo cibernético y la resiliencia digital y pide que se sigan realizando esfuerzos en las Prioridades Estratégicas de Supervisión de la Unión (USSP).

• • Durante su intervención en el I Congreso de Derecho de Familia del ICAM, Magro subraya la necesidad de informes periciales, criterios uniformes y mayor visibilidad del control económico como forma de maltrato habitual.

• • Por su parte, la abogada y exfiscal Elena Fernández Bezanilla advierte de que esta forma de violencia permanece en muchos casos invisible para los juzgados.

En el marco de un sistema de gestión centralizada de tesorería —cash pooling— los intereses que devengan las sociedades que aportan excedentes de tesorería deben guardar simetría con los aplicados a las sociedades que reciben financiación. No cabe aplicar tipos de interés distintos para aportaciones y disposiciones de fondos. Debe atenderse a la calificación crediticia del grupo.

Situarlo en el momento del nacimiento, desnaturalizaría la protección del menor que se persigue con la prestación y podría incurrir en discriminación. Aplica la analogía con la adopción.

En el ejercicio legítimo del derecho de defensa un conductor acusado de atropello puede pretender negar su responsabilidad trasladándola a terceros ajenos al pleito penal seguido contra él, pero no puede esgrimir ese pleito penal en el que no son parte esos terceros como impedimento para demandarles civilmente durante su tramitación. Porque no existe vinculación del juez civil de esa causa a lo que decida o argumente el juez penal.

Error en el diagnóstico determinante de una doble pérdida de oportunidad, al privar a los padres de la posibilidad de plantearse una interrupción del embarazo y a los facultativos de la opción de trasladar a la gestante a un centro especializado para el abordamiento quirúrgico de la patología.

El dolo del autor, al no admitirse la comisión imprudente, debe abarcar el modo de conducir temerario y el resultado de peligro concreto para los otros usuarios de la vía.

El último encuentro Jubilare del Colegio de Registradores, desgranó las distintas posibilidades, sus pros y sus contras, del uso de la vivienda habitual como fuente de financiación para las personas mayores.

El Decreto-Ley 1/2025 de Castilla y León introduce medidas urgentes para mejorar la prevención y extinción de incendios forestales, afectando al personal al servicio de la Administración de la Comunidad. Se modifica la Ley 7/2005 para crear el Cuerpo de Agentes Medioambientales en el Grupo B, ampliando sus funciones más allá de la extinción a actividades preventivas, educativas, de apoyo anual en emergencias, y de reforestación. El Decreto también asegura la continuidad laboral y mejora la profesionalización de los empleados a través de formación específica y la calificación como bomberos forestales de diversos funcionarios. Finalmente, incorpora disposiciones adicionales para profesionalizar el sistema y mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales.

El requerimiento a la Administración del Estado añade que debe cumplirse su mandato “en sus propios términos, adoptando cuantas medidas sean necesarias con el carácter de urgencia que estas actuaciones imponen, con los apercibimientos ya señalados”

El órgano de gobierno de los jueces aprueba por mayoría la lista presentada por el vocal Carlos Hugo Preciado, después de que la presentada por otros nueve vocales no pudiera ser sometida a votación por no reunir los requisitos para ello al estar incompleta y no ser subsanada. El Consejo cumple así el mandato legal establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que las comisiones se renovarán anualmente

El paro subió en 60.100 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación aumentó en 118.400 puestos de trabajo (+0,5%), marcando un nuevo récord de 22,3 millones de ocupados, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se comprometen a realizar actividades que tengan como objetivo actualizar la formación de los miembros de la Carrera Judicial en igualdad, discriminación por razón de sexo y lucha contra la violencia de género.

Juristas, académicos y profesionales de diversos ámbitos vinculados al derecho han coincidido, en el I Congreso de los Derechos de los Animales de la Abogacía Catalana, en la necesidad de impulsar un derecho más ético, consciente y respetuoso con la protección y bienestar de los animales.

La revisión de la Directiva marco sobre residuos de la UE, vigente desde el 16 de octubre, impone normas para la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en textiles y objetivos de reducción de residuos alimentarios. El sector textil, relevante económicamente en la UE con un volumen de negocio de 170.000 millones de euros en 2023, enfrenta impactos ambientales significativos. La producción textil fue el tercer mayor consumidor de agua y suelo en 2020. La Directiva introduce sistemas de RAP donde los productores financian la gestión de residuos textiles mediante tasas moduladas por criterios de sostenibilidad. Además, redefine cómo se gestionan los textiles usados, asegurando operaciones de clasificación para evitar exportaciones inadecuadas, mientras exime a las empresas de economía social de ciertas obligaciones. También establece metas de reducción de desperdicio alimentario para 2030 en retail y consumo, fomentando innovación y cooperaciones en la cadena de suministro.