Con un formato renovado que fusiona tradición y modernidad (cuatro tomos + edición digital en Legalteca permanentemente actualizada), proporciona la seguridad jurídica necesaria para desenvolverse en un contexto de profundas reformas procesales.

La cena inaugural del Legal Management Forum 2025, organizado por la Fundación Aranzadi LA LEY e Inkietos, congregó a destacados líderes del sector jurídico. El acto, contó con la intervención de Paco Salcedo, CEO y presidente de Microsoft España, quien impartió la conferencia «Una economía de la IA basada en la innovación responsable».

El artículo reseña la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia prestando especial atención a las novedades incorporadas en materia de violencia de género y violencia contra la infancia y adolescencia. Presta especial atención a los retos de la dimensión práctica de la ley en aras de garantizar una justicia sin sesgos ni estereotipos de género y no adulto-céntrica.

Se analiza la violencia que existe a la tercera edad una modalidad de maltrato que se ejerce, precisamente, por razón de la situación de indefensión que sufren personas vulnerables por razón de su avanzada edad en un contexto de incremento de la violencia donde no es posible olvidar la que se está ejerciendo en la actualidad frente a muchas personas en las que se aprovecha el sujeto activo del delito de esa situación de indefensión de quienes han llegado a una edad avanzada y no tienen capacidad alguna de defenderse ante los ataques de terceras personas.

Resulta, a día de hoy, más que consolidado el derecho reconocido a los ciudadanos de ser indemnizados por lesiones eventualmente sufridas —en bienes o derechos— que deriven del funcionamiento de los servicios públicos, salvo los casos en que concurriera fuerza mayor. No obstante, se generan ciertas dudas en torno a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cuando la actividad o actuación pública que genera tales daños consiste en un acto administrativo propiamente dicho; disyuntivas surgidas, principalmente, alrededor de la valoración de la antijuridicidad del daño producido y de las consecuencias jurídicas que entrañaría el reconocimiento del derecho a ser indemnizado del ciudadano. Recientemente, dicha incertidumbre puede considerarse mayormente disipada, a raíz de la doctrina sentada por la Audiencia Nacional.

El Pleno de la Sala 4ª del Tribunal Supremo, en voto de 10 Magistrados/as contra 3, concluye que no procede que los órganos jurisdiccionales, con amparo en el art. 24 de la Carta Social Europea —ni tampoco con amparo en el art. 10 del Convenio núm. 158 de la OIT conforme a la STS (Pleno) 1350/2024, de 19 de diciembre (Rec. 2961/2023)—, condenen a una indemnización adicional a la legamente tasada en el art. 56.1 ET en supuestos de declaración de improcedencia del despido. La razón, de forma sintética, es que el art. 24 de la Carta Social Europea no es directamente ejecutivo, por lo que el control de convencionalidad que permitiría desplazar la norma interna en favor de la internacional, no puede realizarse puesto que el precepto no ofrece claridad ni certeza, ni evita la inseguridad jurídica, ajustándose el contenido del art. 56.1 ET a las previsiones de la Carta Social Europea (revisada) que refiere a que la indemnización por despido injustificado debe ser «adecuada» y «apropiada», y sin que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales tengan naturaleza de resolución judicial, puesto que la normativa internacional no le otorga el carácter de órgano jurisdiccional, teniendo sus decisiones naturaleza de meros «informes» que se elevan al Comité de Ministros cuyas resoluciones son meras «recomendaciones» sin carácter coercitivo.

La Cámara en lo Penal de Esquel, Argentina, ha dictado una novedosa resolución al anular una condena penal porque el juez había utilizado un asistente de IA para redactar un apartado clave de la sentencia.

Siguiendo la línea iniciada por otros tribunales estatales, el estado de Nueva York acaba de publicar unas instrucciones sobre el uso de la IA por los tribunales, incluyendo una relación de herramientas específicamente autorizadas para ello

La culpabilidad está implícita en la descripción del tipo, de manera que quien deja de efectuar el ingreso debido actúa de manera negligente, integrando así el elemento subjetivo requerido.

Tanto ese acuerdo de pago directo, como el empadronamiento de las hijas en el domicilio paterno, abandonando el que fue domicilio familiar cuyo uso se atribuyó a la madre en la sentencia de divorcio, constituyen decisiones jurídicamente eficaces que determinan la desaparición de los presupuestos necesarios para el establecimiento y mantenimiento de la obligación de alimentos.

El RD-Ley 20/2022, que establece una limitación del 2% a la subida del precio del alquiler, no ha sido declarado inconstitucional o contrario al Derecho de la Unión Europea.

La apreciación de la agravante de discriminación ideológica se fundamenta en que los recurrentes sobrepasaron los límites de una simple y amparable diferencia de criterio ideológico, hasta el punto de intervenir en una acción en la que se lanzaron gritos que propugnaban la muerte del adversario político.

Para determinar si la regularización debe hacerse por una u otra vía, el TEAC distingue claramente dos supuestos, el primero de ellos, cuando un socio de una sociedad disfruta gratuitamente de determinados bienes de esa sociedad, y se trata de unos bienes que esa sociedad tenga para explotarlos en el ejercicio de sus actividades ordinarias, y que la sociedad adquirió para destinarlos a ello, supuesto en el que la regularización por el uso se rige por la normativa de las operaciones vinculadas; y el segundo, cuando la sociedad adquiere los bienes, no para destinarlos a su actividad sino para que ese socio pueda disfrutar de ellos sin pagar nada a cambio, y en este caso, la regularización deberá realizarse aplicando los arts. 25.1.d) y 43 de la Ley 35/2006.

El derecho de acceso al expediente queda satisfecho cuando se facilita su consulta por cualquier medio, ya sea de manera telemática o presencial, en el caso, mediante cita para su visionado en las instalaciones del órgano de contratación.

Regula el régimen jurídico de los coeficientes reductores de agentes forestales y medioambientales, siguiendo el modelo establecido para otros grupos o actividades profesionales con trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres y con elevados índices de morbilidad o mortalidad.

Será la encargada de emitir el informe sobre la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores.

Constituye una circunstancia extraordinaria que puede eximir a la compañía aérea de la obligación de abonar una compensación por cancelación o gran retraso cuando da lugar a inspecciones de seguridad obligatorias que provocan que el avión vuelva a entrar en servicio tardíamente.

El hecho de que la protección del bienestar de los animales constituya un objetivo de interés general reconocido por la Unión no impide que estos puedan ser transportados como «equipaje» y sean considerados como tal a efectos de la responsabilidad derivada de su pérdida.

La inteligencia artificial jurídica enfrenta un momento clave, pues, aunque los grandes modelos de lenguaje prometen democratizar el acceso al conocimiento legal, sus alucinaciones y errores suponen un riesgo real para la profesión legal. Instituciones como la ABA o el CCBE insisten en que la responsabilidad de verificar la veracidad de todo escrito recae siempre en el profesional, siendo imprescindible combinar innovación tecnológica con protocolos éticos y de revisión rigurosa.

En el marco de su ceremonia anual de jura de nuevos letrados, la abogacía madrileña concede su más alta distinción a Garrigues Walker como figura clave en la transformación del ejercicio profesional en España.

La Abogacía del Estado ha interpuesto, a instancias del delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, un recurso contencioso-administrativo contra la moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla que impide la celebración de actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Consistorio en instalaciones deportivas municipales.

• El Grupo de Trabajo de Cumplimiento Normativo de la Cámara de Comercio de España ha celebrado una nueva sesión de su ciclo de conferencias en la que ha participado el magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que si en el plazo de un mes la Comunidad de Madrid no cuenta con un registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto lo llevará a los tribunales.

La Cámara de Senadores de Uruguay ha aprobado la ley que regula la eutanasia, convirtiendo así al país en el tercero de América Latina y undécimo a nivel mundial en regularizar lo que el texto define como "muerte digna".

Los concursos de personas jurídicas, sin embargo, descendieron un 7,4 % (1.342 casos) y los de personas naturales empresarios, un 16,6 % (753).

La Seguridad Social ganó una media de 19.072 afiliados extranjeros en septiembre, un 0,6% más que en el mes anterior, con lo que el noveno mes de 2025 se cerró con 3.088.341 ocupados foráneos, muy cerca de sus máximos históricos, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.