La Directiva (UE) 2022/542 introdujo, con efectos desde el 1 de enero de 2025, importantes modificaciones en la Directiva 2006/112/CE (norma que establece el marco para el IVA en la UE) que afectan a las reglas de localización relacionadas con el acceso a eventos y manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas o similares, cuando la asistencia a estos eventos sea virtual. Así, a partir del 2025, la nueva regla establece que los servicios de acceso virtual a los citados eventos estarán sujetos al IVA en el lugar donde se encuentre establecido el destinatario. Hasta la fecha, y a pesar de estar obligada a ello, España todavía no ha transpuesto estas nuevas reglas en su normativa interna. En el presente artículo se analizarán las nuevas reglas de localización y la incidencia que tiene, para las universidades españolas, la falta de transposición de dichas reglas en la Ley del IVA.

En este artículo se analiza la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la corrupción. Sin duda, un tema que desgraciadamente ocupa en la actualidad un gran espacio en los telediarios debilitando así la credibilidad de nuestras instituciones. Además, distintos estudios han cifrado su coste económico en una cantidad ingente de miles de millones de euros al año para la economía de la Unión Europea. La corrupción es una lacra cuyo coste institucional y económico ha empezado a ser especialmente preocupante en los últimos años con el incremento de corruptelas instauradas en nuestras instituciones públicas. Ante este contexto, la Unión Europea ha decidido dar un paso hacia delante regulando, por primera vez en un solo acto jurídico, normas sobre corrupción para los sectores público y privado. Todo ello, a través de un proceso de armonización con el establecimiento de mínimos para las infracciones y sanciones penales por corrupción, así como con la implementación de mecanismos que refuercen la cooperación entre Estados miembros para prevenir y luchar conjuntamente frente a este fenómeno.

El presente trabajo se refiere a la regulación de las estructuras artificiales en el espacio marítimo. Se analizan las disposiciones contenidas en la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar y las diferentes regulaciones que permiten proteger la integridad de los cables submarinos, sugiriendo un grado mayor de cooperación a través de las instituciones creadas por el Tratado. Especial atención a la regulación interna uruguaya y a la situación en España.

Ante la diversidad de formatos y el volumen de datos, la Oficina Europea de IA ha publicado la Plantilla de Resumen Público de los Datos de Entrenamiento para dotar de un formato estandarizado a los proveedores.

El secreto queda diluido en lo que viene a integrar documentación familiar compartida, que se utiliza para un fin merecedor de protección, cual es el interés de la hija menor de la pareja.

Mala fe de su titular al solicitar el registro del signo. Actuó con abuso de confianza al registrar el logotipo “bitcoin” para sus fines comerciales, aprovechándose de la reputación ganada por su creador, que lo cedió a la comunidad para un uso libre y sin restricción, prohibiendo expresamente que cualquiera se apropiara de él para fines comerciales. Además, el logotipo registrado como marca constituye una creación ajena al solicitante que está protegida por la normativa de propiedad intelectual y que forma parte del dominio público.

Se rechaza acordar la suspensión cautelar de funciones solicitada por las acusaciones y se le requiere para que preste fianza para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias.

La Sala reconoce que su situación no es saludable, sin embargo no considera que un sentimiento generalizado de tristeza, apatía y falta de interés sea incompatible con un trabajo por cuenta ajena con el necesario rendimiento y eficacia que ineludiblemente es exigible.

Este es solo un primer paso del largo trayecto que le queda por recorrer al texto, no solo en su fase administrativa, sino especialmente parlamentaria, y una oportunidad para todos de contribuir al perfeccionamiento de una ley a la que todos le reconocemos una importancia de primer orden.

La Comisión de Venecia ha destacado, en su dictamen sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la necesidad de incorporar como vocales a abogados en ejercicio para garantizar la pluralidad del Poder Judicial y evitar el corporativismo.

El sector de los servicios jurídicos ha superado con éxito las consecuencias económicas de la pandemia y se consolida como un motor clave dentro del ámbito de los servicios profesionales en España. La facturación alcanzó en 2023 los 14.193 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 30% respecto a 2018 y un 21% más que antes del estallido de la crisis sanitaria (2019).

El objetivo es reforzar un sistema completo de protección, que recoge tanto la legislación vigente como la doctrina constitucional, garantizando que este derecho se ejerza en condiciones de igualdad y seguridad jurídica en todo el país.

El objetivo de esta línea de préstamos es mejorar la competitividad de las empresas emergentes, pequeñas y medianas que quieran adoptar tecnologías punteras. En cuanto al reafianzamiento se destina a facilitar el acceso al crédito a pymes del sector agroalimentario y pesquero y entidades asociativas agrarias mediante cobertura parcial de reafianzamiento de los avales otorgados por SAECA.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la reasignación de activos inmobiliarios estatales a fin de posibilitar su aplicación a las actuaciones desarrolladas por SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo en el marco de la política de generación de vivienda asequible y por el que se revisa el Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP).

Según los hechos probados, el acusado desobedeció el requerimiento y continuó con la tramitación del procedimiento de arbitraje hasta su terminación, decidiendo entre otras cosas trasladar la sede del mismo a París y dictar el laudo final, en febrero de 2022, que ordenaba a Malasia pagar a los demandantes 15.000 millones de dólares.

La estimación del recurso de amparo tiene como consecuencia la anulación de la Sentencia dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a su pronunciamiento para que el órgano judicial dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

Para los asesores fiscales, el plazo de respuesta a las consultas, las convierte a menudo en un instrumento poco operativo para colmar las necesidades anticipadas de seguridad jurídica de los obligados tributarios. Plantean un "silencio positivo", esto es que la no respuesta en plazo de seis meses conlleve la aceptación del criterio expuesto por el consultante.

El nuevo Sistema de Entrada y Salida que la Unión Europea inauguró el pasado domingo para reforzar el control del paso legal de extracomunitarios por su frontera exterior ha registrado a más de 100.000 personas en los primeros días, según ha informado este mismo martes el comisario de Interior, Magnus Brunner.

La constitución de sociedades aumentó un 10% en el tercer trimestre de 2025 en relación al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta las 27.478 empresas, según se desprende de la Estadística Mercantil trimestral publicada este martes por el Colegio de Registradores.

En los próximos tres años, un 73% de las compañías prevé ofrecer formación financiera 'online' y un 57% contempla implementar orientación individualizada", señala WTW, que ha elaborado el informe, apuntando que esta evolución responde a la "creciente demanda de los trabajadores por contar con más herramientas para gestionar y planificar su jubilación, así como con soluciones digitales más accesibles.

Práctica herramienta legal de gran interés para los profesionales del mundo jurídico que se dedica a la reestructuración de empresas, y para alumnos del grado de Derecho y de máster sobre la materia.