En esta segunda entrevista «De decano a decano», Sonia Calaza, decana de la Facultad de Derecho de la UNED, conversa con Eugenio Ribón, decano del ICAM, sobre los grandes temas de la actualidad jurídica: el examen de acceso a la profesión, la regulación del derecho de defensa, la nueva organización territorial de la Justicia, la obligatoriedad de los MASC o la llegada de la inteligencia artificial al sector legal, entre otros.

Análisis de si es posible que en los casos que están ocurriendo de personas que matan a los perros de sus parejas o ex parejas para causarles daño psicológico, y el sufrimiento ello conlleva, cabría la posibilidad de que se solicitara la medida cautelar de alejamiento del autor de la muerte del perro dentro del contexto de la violencia de género y salvando las dificultades que existen luego para imponer la pena en el artículo 57.2 del Código Penal ante el problema de que no incluye el Título XVI bis CP entre los recogido en el art. 57.1 CP para hacer viable la condena de alejamiento del art. 48 CP.

Los efectos de una denuncia y una apertura de una investigación por razones o no espurias son demoledores sobre el denunciado. Es un sacrificio imprescindible en nuestro sistema jurídico que debe soportar, que no contradice su presunción de inocencia. Pero, aun finalizando en archivo, su estabilidad emocional, profesional y económica se verá devastada. Causando, sin haber recaído condena, unos daños irreversibles y un desequilibrio y unos efectos que conviene llevar a reflexión, al enfrentar al denunciado el actual sistema a su situación en soledad. Más aun en un contexto social y jurídico como el presente que incentiva y aplaude la presentación de denuncias.

Por Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, se reguló el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. (SIRAJ). El SIRAJ tiene como objeto principal servir de apoyo a la actividad de los órganos judiciales. Posteriormente se creó el SIRAJ 2, integrado por varios registros, en el que se estableció una sola vía de registro de datos, evitando la redundancia y contribuyendo a la homogeneización de la información. Actualmente facilita la agilidad en la tramitación de los procesos y en el intercambio de información con menos costes operativos (de personal, papel y de mantenimiento de los sistemas). Al mismo tiempo, se persigue contribuir a la conexión del Sistema de Registros con los registros de otros países de la Unión Europea. El reciente Real Decreto 607/25 de 8 de julio establece modificaciones importantes en la mayoría de los artículos de aquel Real Decreto, que han venido a subsanar en parte, los problemas prácticos que surgían en su aplicación.

El Tribunal Supremo resuelve el recurso de casación en un caso de robo con violencia perpetrado por tres procesados que causan graves lesiones a la víctima, para apoderarse después de su cartera y del teléfono móvil que portaba. Las lesiones son calificadas de delito cualificado contra la integridad física (art. 149 del Código Penal) y el robo como violento, tipificado en el art. 242.1 del propio cuerpo legal.

La Sentencia trata de multitud de interesantes temas, de los que destacamos el planteamiento dogmático del tipo de concurso que concurre en los supuestos de causación de lesiones previas al robo, aportando las razones de donde se deduce la procedencia del concurso real, y el juicio de culpabilidad en la denominada patología dual, integrada por un trastorno paranoide de la personalidad y un trastorno por consumo de sustancias tóxicas, como forma específica de comorbilidad psíquica, que puede traducirse en perturbaciones significativas en los planos emocionales, afectivos, motivacionales y de relación social.

La innovación legal no llegará en forma de revolución súbita. Será un proceso de cambio cultural, estratégico y humano que cada firma tendrá que liderar desde dentro.

Ya puedes consultar en Legalteca un nuevo número de Diario LA LEY Ciberderecho, el nº 98, de octubre de 2025, que incluye importantes novedades en materia de inteligencia artificial, protección de datos, algoritmos, criptomonedas, cuántica, servicios digitales, ciberseguridad, datos, prueba digital, regulación digital, redes sociales y cibercrimen

Debe entrar en juego el art. 752 LEC, con el correlativo deber de los órganos jurisdiccionales de garantizar el cumplimiento del estatuto jurídico de los menores, inspirado en el principio de orden público de su interés superior.

La perspectiva de género exige leer el episodio como violencia vicaria a través de animal de compañía, dirigida a perpetuar la dominación y el control sobre su pareja, lo que supone reforzar la necesidad de una respuesta punitiva agravada.

El TSJ Madrid reconoce el derecho del funcionario a que se le compute como servicios efectivos al Estado el periodo de tiempo en que estuvo contratado por la sociedad mercantil y prestando servicios en un Centro Penitenciario porque se deben entender como desarrollados en Instituciones Penitenciarias y en consecuencia prestados a la Administración Pública.

Todo trabajador debe estar en condiciones de prestar a su hijo discapacitado la asistencia que necesite, lo que implica la obligación del empresario de adaptar las condiciones de trabajo.

Los ponentes resaltaron que la obra trasciende del marco legal —Ley del Notariado y su reglamento— para profundizar en la ética profesional, el secreto notarial y la vital importancia que tiene la función de asesoramiento legal.

La regla general es que nadie puede formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo a los efectos de la aplicación del mínimo por descendientes, pudiendo optar por tributación conjunta cualquiera de los dos progenitores, en supuestos de custodia compartida y declarando el otro de forma individual.

La rectificación debe hacerse en el momento en que se adviertan las causas de la incorrecta determinación de las cuotas o se produzcan las circunstancias que la motivan, con un límite de tiempo de cuatro años contados a partir del momento en que se devengó el impuesto correspondiente a la operación o, en su caso, se produjeron las circunstancias que dieron lugar a tal error.

Este reglamento contribuye a afianzar la seguridad jurídica, definiendo con precisión conceptos que emplea la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, y concretando el alcance de alguno de sus preceptos. Destaca que tanto la implantación de nuevos accesos como la modificación o cambio de uso de los ya existentes, solo podrá llevarse a cabo para mejorar la conexión entre las diferentes redes viarias y potenciar la función propia de las vías que se conectan, de acuerdo con el principio general de especialización funcional de las redes de carreteras, de forma que no se atribuyan a la Red de Carreteras del Estado funciones de distribución del tráfico local, de acceso a las propiedades colindantes u otras que no le correspondan.

La adopción de medidas sancionadoras disuasorias frente a los autores del abuso (carácter punitivo) no es suficiente si no hay medidas destinadas a eliminar efectivamente las consecuencias de dicho abuso para la víctima, a través, en concreto, de la reparación íntegra del perjuicio sufrido por el trabajador.

En lo que respecta al permiso por nacimiento y cuidado del menor, las diferencias que entre padres y madres se observan en países como Francia, Portugal o Italia, son inexistentes en España. Sin embargo, estas naciones igualan y mejoran los periodos antes y después del parto.

El Salón de los Espejos ha acogido la presentación de la imagen conmemorativa de la efeméride, que se celebra en 2026.

Con el fin de facilitar la obtención del correspondiente justificante de registro firmado electrónicamente que acredite la presentación de la notificación, el citado plazo de dos meses comenzará a computar desde la fecha en que esté accesible a través del portal web de la Autoridad Independiente de Protección del Informante el formulario específico de notificación del responsable del canal interno de información.

El galardón le ha sido entregado esta mañana en el Palacio de la Zarzuela por el Pleno del Consejo General del Notariado (CGN) y la Fundación Notariado.

Concluyó su intervención con un mensaje de confianza en el futuro: «Esta nueva etapa la afrontamos con diálogo, innovación y cohesión, para construir una abogacía gallega fuerte, moderna y digna».

El solicitante de la pensión había convivido con la causante de la prestación durante más de 20 años ininterrumpidos.

La Abogacía ha reclamado que se establezcan méritos específicos para abogados y abogadas en el acceso al Tribunal Supremo, concretamente que se reconozca el ejercicio de la profesión ante juzgados y tribunales.

Las empresas podrían haberse repartido contratos convocados por organismos públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Entre el 6 y el 8 de octubre se inspeccionaron las sedes de varias entidades que operan en el sector en esta comunidad.

Las inspecciones son un paso preliminar a la posible apertura de un expediente sancionador.

Asufin ha recordado que el jueves 9 de octubre, entró en vigor nuevos aspectos clave del reglamento europeo sobre transferencias inmediatas como la obligatoriedad para los bancos de verificar el IBAN, según el comunicado que ha remitido la asociación.

Dice que prefiere un acuerdo con CEOE "con un salario mínimo menor, que uno más alto sin acuerdo".

La norma obliga a que, si se modifican asientos, figure "una huella clara e indeleble de los cambios realizados y de su autoría".

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) contra el Real Decreto que ampliaba la obligación de evaluar los riesgos en el hogar a las empresas de atención a domicilio para personas en situación de dependencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha estimado parcialmente el recurso de indemnización del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a una mujer en Cádiz por la reclamación por responsabilidad patrimonial por el retraso en diagnosticar el cáncer de mama, del que tuvo que ser intervenida en 2017 cuando la primera prueba se la hizo en 2014, imponiendo una indemnización de 25.000 euros.