Aranzadi LA LEY ha alcanzado un acuerdo con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) para ofrecerte esta obra en condiciones excepcionalmente ventajosas.

Las reformas introducidas en la estructura judicial española en 2025 son de especial calado al consagrar en todos los niveles jurisdiccionales la colegialidad organizativa que reclama una cultura de la colaboración entre jueces y letrados de la Administración de Justicia. Estos cambios organizativos pueden tener un efecto en la colegialidad jurisdiccional que tiene como punto de referencia la deliberación y cuya práctica debe cultivarse con respeto del marco jurídico y con atención a las mejores reglas éticas de la profesión judicial.

Se analiza si en base a lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley 7/2023, de 28 de Marzo de bienestar animal la póliza de seguro hogar, que siempre ha cubierto la responsabilidad civil causada por daños y lesiones causados por animales domésticos que convivían con el tomador de la póliza de seguro -si así se recogía en la misma-, puede seguir realizando esa cobertura, o si en base al citado precepto es preciso la contratación específica de una póliza de seguro de mascotas de responsabilidad civil que ya están ofreciendo desde hace dos años las compañías de seguros, precisamente, para cubrir estos siniestros ante la redacción del citado precepto. Se hace referencia al contenido del artículo 7 del proyecto de Real Decreto que desarrolla la ley en materia del seguro de responsabilidad civil obligatorio.

Este comentario analiza la Sentencia núm. 971/2025 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que estima parcialmente la impugnación a un auto de homologación de un plan de reestructuración. La Sentencia aborda la configuración de clases de acreedores, examinando la distinción entre «autónomos» y «pymes», y la afectación de la financiación interina como pasivo reestructurable. Un aspecto central es la extensión de los efectos del plan a avalistas personas físicas, donde el Tribunal excluye la cancelación de sus garantías.

El fallo refuerza la interpretación literal del artículo 652.2 TRLC y la seguridad jurídica.

Así, la Sentencia ofrece claridad interpretativa, aunque deja abiertos debates jurídicos sobre la flexibilidad y equidad del marco de reestructuración. También evidencia los márgenes estratégicos para los proponentes de planes en el TRLC.

El Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible se encuentra todavía pendiente de aprobación, produciéndose esta, casi con toda probabilidad, con el texto que ya se encuentra disponible y que cualquier interesado puede consultar mediante el trámite de información pública N-25-051-DCA. Debido a la importancia del mismo, conviene un análisis preliminar respecto a sus principales fortalezas y debilidades.

A modo de rápida introducción, debe indicarse que este Anteproyecto de Ley se centra en fomentar un consumo sostenible, buscando tanto la protección a los consumidores como al medio ambiente. Para ello, impulsa medidas como la facilitación de la reparación de productos, ofrecimiento de información clara respecto a las características ecológicas de bienes y servicios, y lucha contra las prácticas comerciales desleales relacionadas con la obsolescencia programada. Está alineado, además, con la normativa europea reciente y apunta a prolongar la vida útil de los productos para reducir residuos y contribuir a la economía circular.

La falta de respuesta de la empresa responsable del tratamiento no es una limitación al derecho de acceso cuando el afectado envía su petición a un buzón de información general y no utiliza las vías expresamente establecidas para el ejercicio de tal derecho.

La inferencia sobre el dolo eventual se apoya en una serie de indicios referidos al comportamiento de la acusada antes, durante y después de las lesiones.

Los propietarios no deben responder de cualquier daño causado por los arrendatarios ya que no existe ningún título legal de imputación que haga generar la responsabilidad de los propietarios por todos los actos de sus inquilinos.

El uso de la herramienta del protocolo de acoso es desmesurada, fuera de lugar, y buscando un perjuicio para el denunciado, transgrediendo el deber de buena fe contractual.

En base a la doctrina constitucional sobre el principio de cooperación, la sentencia declara que este no permite alterar las competencias de las otras Administraciones o desposeerlas de ellas, y que cualquier técnica de cooperación que se instrumente ha de tener naturaleza voluntaria.

La reducción del artículo 32.1 LIRPF no es aplicable a aquellos rendimientos que, aun cuando individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período de tiempo, procedan del ejercicio de una actividad económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendimientos.

Se trata de rentas en especie pues la opinión expresada sobre el producto no deriva de relación laboral alguna ni del ejercicio profesional o empresarial de una actividad.

Se establecen instrucciones relativas a la tramitación y resolución de las solicitudes de suspensión de la ejecución de los actos objeto de recurso de reposición o de reclamación económico-administrativa; los cauces de relación entre la Agencia Tributaria y los Tribunales Económico-Administrativos durante un procedimiento económico-administrativo; y los criterios de actuación sobre determinados aspectos de la ejecución de sentencias contencioso-administrativas.

“No es admisible conceder a la Administración una oportunidad indefinida de repetir actos administrativos de gravamen hasta que, al fin, acierte, en perjuicio de los ciudadanos”, señala el tribunal.

Instan al Ejecutivo a la creación de dos nuevas Secciones en A Coruña y Vigo para evitar la "saturación" de los órganos judiciales.

La sentencia razona, con el informe favorable del Ministerio Fiscal, que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del demandante, ya que, sin perjuicio de las infracciones procesales que el Tribunal Supremo considera concurrentes, la argumentación utilizada para concluir que dichas infracciones habían generado una indefensión constitucionalmente relevante a la acusación particular no resulta respetuosa con la jurisprudencia constitucional.

La tenía en acogimiento permanente y consideraba que la situación debía ser equiparada a la filiación natural o adoptiva. La Sala indica que el derecho al complemento que se reclama no está supeditado en nuestra legislación al hecho biológico, sino al cuidado de los hijos, sean estos biológicos o adoptados.

Durante la reunión las dos ONG preguntarán al ministro por las causas del retraso en la aprobación de la ley, cuyo proyecto tendría que haber sido presentado en el plazo de tres meses desde la aprobación de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales en 2023.

En 2019, la CNMC inició una investigación a ambos tras las denuncias presentadas por dos clínicas odontológicas.

Las entidades ofrecieron unos compromisos vinculantes para resolver sus conductas y el caso finalizó con una “terminación convencional”.

Los nuevos expedientes son por incumplimientos de los compromisos relacionados con la información de sus webs y el envío de documentación.