El autor nos alerta sobre los nuevos riesgos para los consumidores que conlleva la digitalización y el uso de algoritmos para optimizar las transacciones comerciales. Aunque estas nuevas herramientas permiten la fijación dinámica de precios, la personalización de la publicidad, la segmentación de ofertas y la automatización de decisiones comerciales, con la promesa de mayor eficiencia, lo cierto es que, si operan sin transparencia ni control, pueden generar graves desequilibrios e injusticias.

El presente trabajo analiza la naturaleza jurídica de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como expresión de la autonomía de la voluntad de los particulares, es decir, como acto de autorregulación de intereses en conflicto. Una novedosa categoría jurídica integrada por una actividad negociadora y una actividad compositiva. Sobre tales datos se examinan los aspectos fundamentales de esta institución con el objeto de arrojar luz a los aspectos que más polémica están causando en la práctica procesal diaria.

Criterios orientadores aprobados por los magistrados/as de Primera Instancia y de los Juzgados Hipotecarios de Madrid en la Junta celebrada el 26-09-2025 con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Unificación de criterios en relación con la exigencia de la actividad negociadora previa como requisito de procedibilidad (MASC).

El art. IV del AAJ recoge el derecho de asistencia religiosa en centros públicos y privados. Hasta ahora este precepto no se ha aplicado a hospitales privados ni a residencias de mayores. La interpretación sistemática de este precepto con otros de nuestro Derecho permite concluir que el poder directivo del empresario de estos centros podrá exigir a sus trabajadores que faciliten la asistencia religiosa de los internados que lo soliciten. Asimismo, la eficacia hacia terceros de los derechos fundamentales supone que no se podrá impedir que acuda a prestar asistencia religiosa un ministro de una confesión u otro asistente, a petición de la familia o del propio interesado. No cabe aplicar «acciones positivas» a la igualdad del derecho de asistencia religiosa entre centros públicos y de titularidad privada, por analogía de lo prescrito en nuestro Derecho en materia de acciones positivas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.

La presente contribución tiene por objeto analizar, de forma sucinta, si el profesorado de las universidades públicas puede incurrir en el delito de prevaricación administrativa del art. 404 CP en dos ámbitos concretos de actuación: la participación en procesos de selección del personal docente e investigador y la calificación de asignaturas.

Aunque pudiera parecer, a primera vista, inusual que, en el ámbito de actuación de las Administraciones Públicas, los distintos interesados llegasen a optar —como mecanismo de defensa jurídica— por impugnar separadamente los informes técnico-jurídicos en los que se pudieran basar las resoluciones dictadas en los procedimientos, dicha tendencia no ha dejado de ser infrecuente en tiempos recientes. No obstante, la calificación de los informes técnico-jurídicos como actos de trámite no cualificados, pese a que su contenido pudiera determinar el sentido de la resolución definitiva del procedimiento, se ha erigido como causa de inadmisión de múltiples recursos; doctrina judicial que, además, se muestra conciliable y respetuosa con la jurisprudencia sentada al respecto por nuestro Alto Tribunal.

LA LEY Derecho de familia te ofrece en abierto el artículo elaborado por Encarna Roca Trías incluido en su último número monográfico «El poder transformador del Arte en el Derecho de Familia», un número muy especial, en el que el Arte nos sirve de pretexto para analizar la evolución de las más importantes figuras del Derecho de familia.

A petición de las autoridades españolas y portuguesas, Eurojust ha coordinado una importante operación en toda Europa para detener un elaborado fraude de inversión con criptomonedas. Durante un día de acción, cinco sospechosos fueron arrestados, incluido el presunto autor principal detrás de la estafa. A través de una plataforma de inversión en línea, defraudó a más de cien víctimas en Alemania, Francia, Italia y España, entre otros, por al menos 100 millones de euros.

La Defensora del Pueblo Europea, Teresa Anjinho, ha abierto una investigación sobre cómo la Comisión Europea garantiza la transparencia, la inclusión y la rendición de cuentas en la adopción de estándares armonizados para la inteligencia artificial (IA).

En ese momento era el guardador efectivo de la niña al no estar presentes sus padres, y al haber alquilado el kart para que lo condujera por una zona del parque compartida por peatones bicicletas, patinetes y karts, debió vigilar a la menor y extremar las precauciones para que no atropellara a nadie.

En la vía por la que circulaban ambos vehículos no estaba permitido el adelantamiento que realizó el motociclista aunque sea factible el rebasamiento. El conductor del vehículo no podía esperar ser adelantado por su izquierda cuando efectuó el giro.

No se concede indemnización por las 49 comparecencias que tuvo que realizar tras la libertad provisional o  por las actuaciones dirigidas a obtenerla ni por la falta de ingresos, ya que figura como accionista de una sociedad sin constancia de la percepción de retribución ni de la minoración de ingresos de la sociedad por su permanencia en prisión.

Explica la sentencia que en los casos en que no existiera un pacto expreso de suspensión de la relación laboral, el tiempo de disfrute del permiso parental debe ser computado como tiempo de trabajo efectivo al efecto del devengo de las vacaciones.

Los principales despachos de la abogacía de negocios internacional de España y Francia convocan esta cumbre auspiciada por la International Bar Association (IBA), la mayor asociación mundial del sector legal. La creciente importancia de consideraciones regulatorias en operaciones de M&A, la irrupción de fondos soberanos como actores relevantes para dichas operaciones, o las prioridades europeas en materia de defensa son algunos de los temas que se analizarán en este encuentro.

Las actuaciones realizadas por el órgano de inspección competente tras determinarse el domicilio fiscal del obligado tributario en el correspondiente procedimiento, no son nulas de pleno derecho si con posterioridad se anula dicho procedimiento por insuficiencia probatoria.

Presentación en PDF que permite conocer su oferta económica y la documentación correspondiente a criterios evaluables con juicios de valor, antes del acto público previsto al efecto, rompiendo así el principio de secreto de las proposiciones que trata de garantizar la imparcialidad de los técnicos.

En las aplicaciones gestionadas por la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, se modificarán los nombres de los órganos judiciales para reflejar su nueva configuración como Tribunales de Instancia. Esto afectará a LexNET y a todos los sistemas integrados con este servicio.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se solicita del Sr. presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025, concretamente, en relación con la disposición final cuarta y la disposición final octava, apartado Uno, de la citada Ley.

Las empresas disponen hasta el 31 de octubre de 2025 para comunicar a la A.A.I. el nombramiento del responsable del Sistema Interno de Información, también llamado canal de denuncias.

El Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles celebraron ayer la primera reunión del Comité de Seguimiento del convenio suscrito el pasado 3 de septiembre, cuyo objetivo es facilitar el acceso de la Abogacía a la sede electrónica de los registradores.

El Gobierno no ha llevado a la mesa una propuesta sobre el cese ni sobre el despliegue de las tablas, según ATA.

España cerró el tercer trimestre de 2025 con una subida trimestral del 3,1% y una interanual del 17%, la más acusada desde hace 20 años, lo que sitúa el precio de la vivienda en venta en 2.756 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

El Ministerio de Seguridad Social ha propuesto fijar una nueva cuantía más reducida para permitir el aplazamiento del pago de deudas, que actualmente se deniegan cuando son importes inferiores a 2.368 euros, lo que sería aplicable "a todos los deudores, incluidos los trabajadores autónomos, para el pago del importe resultante de la regularización".

Señala que este método supone una doble barrera: por un lado para usar la tarjeta es necesario desbloquear el propio móvil (que puede emplear sistemas por huella, reconocimiento facial o contraseñas) y, según el escenario y el importe de la compra, acceder al banco para autenticar la operación.

El Tribunal Supremo avanza en la responsabilidad penal de las entidades. Nuevas resoluciones aportan claridad, destacando la distinción de presupuestos y responsabilidades, la irretroactividad de leyes anteriores y el concepto de actor corporativo.