Diario LA LEY inaugura una sección, «Nueva Organización Judicial», en la que recopilará toda la información, tanto opinión y análisis de expertos como documentación institucional y de colectivos, sobre la nueva organización de la Administración de Justicia que se está implantando en España, con el objetivo de aportar criterio y claridad a este proceso de transformación sin precedentes.

LA LEY Probática aborda temas dogmáticos sobre la prueba, los avances del Derecho probatorio y la probática o cómo probar los hechos en el proceso. Dirige Frederic Munné Catarina.

En su editorial el director de la revista reflexiona sobre la inadmisión de la prueba, pues el derecho a su práctica no es absoluto e incondicionado.

En marzo de 2024 se publicó el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del servicio público de la justicia y acciones para la protección y defensa de los consumidores (en adelante, el Proyecto). El objeto del presente artículo es analizar el nuevo artículo 838 LEC de fuentes de acceso de prueba que elimina la actual diligencia preliminar del artículo 256.1.6 LEC, asomarnos al mecanismo homónimo anglosajón, así como valorar si la jurisprudencia venidera en los próximos años resulta menos contradictoria a la hora de velar por los principios de proporcionalidad y confidencialidad que debe primar en toda diligencia.

En este número de LA LEY Probática, conversamos con Gonzalo Caruana Font de Mora, Magistrado de la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de València, sobre su carrera y los retos que plantea la labor de impartir Justicia en el orden civil.

Este artículo aborda el fenómeno de la violencia en el lenguaje escrito desde la perspectiva de la lingüística forense, con especial atención a su tratamiento en el marco de la prueba pericial. Se exploran las distintas formas que puede adoptar la violencia escrita y los métodos lingüísticos empleados para su detección, análisis y valoración. El objetivo es destacar la relevancia de un análisis técnico, riguroso y contextualizado que permita fundamentar adecuadamente la valoración judicial.

La entrada en vigor de las LO 5/2024 y 1/2025 ha confirmado la postura de la inadmisibilidad procesal de la correspondencia mantenida entre letrados y, en consecuencia la prohibición de aportar la misma como prueba en el marco de un procedimiento judicial, lo que supone, a juicio del autor, un equilibrio entre la normativa deontológica (que ya prohibía dicha aportación procesal) y la propia normativa procesal, que expresamente no lo prohibía, pero que su aportación, incluso con anterioridad a dichas normas, se consideraba inadmisible.

La declaración de una víctima menor de edad con discapacidad puede constituirse en la única prueba de cargo válida para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado si se cumplen ciertos criterios. Así se pronuncia la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo núm. 556/2025, que viene a reforzar la doctrina jurisprudencial establecida sobre los parámetros de valoración del testimonio de una víctima menor de edad con discapacidad. El acusado interpuso un recurso de casación porque consideró que la prueba de cargo del delito de abuso sexual era una prueba inexistente, insuficiente e inadecuada e incluso carente de corroboraciones en los testigos. Sin embargo, la Sala de lo Penal desestima el recurso de casación porque considera que el testimonio de la víctima resulta preciso, persistente y coherente en los aspectos más nucleares y no permite rasgo alguno de infiabilidad.

En el delito de odio el elemento clave a la hora de ser juzgado es el ánimo de ofender del acusado. En aquellos supuestos en los que sea necesario identificar el ánimo de ofender, será determinante constatar la voluntariedad del acto consistente en la animadversión hacía colectivos o personas basado en características como raza, origen, religión, género, orientación o identidad sexual, ideología o discapacidad, que se materializa en expresiones contrarias a su dignidad y puede conllevar que otras personas se vean influenciadas por dicho mensaje. A este respecto se pronuncia STS, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 77/2025 de 31 de enero de 2025, Rec. 4117/2022, que declara que, en esta tipología delictual no es necesario un dolo específico, sino que, el dolo se rellena con la constatación de la voluntariedad del acto y de no tratarse de una situación incontrolada o una reacción momentánea, incluso emocional ante un hecho puntual. Además, en la presente resolución, la penalidad impuesta al acusado es cuestionada por el recurrente y confirmada por el Tribunal Supremo al entender que, la misma es acorde a la gravedad de los hechos atendiendo al lugar de comisión de los mismos y la actitud del acusado.

El descubrimiento de la verdad material, objetivo principal del proceso penal, puede ser difícil de alcanzar en ciertas situaciones. En este contexto, surge el problema relacionado con la admisibilidad de la prueba indirecta y, en caso de ser aceptada, con las condiciones específicas que debe cumplir el procedimiento. El indicio, como fundamento de la prueba indirecta, constituye el punto de partida y uno de los elementos esenciales para activar el razonamiento del juzgador. Este aspecto será analizado brevemente, tomando como referencia un ejemplo de la Sentencia del Tribunal de la Relación de Oporto.

Esta sección propondrá al lector en cada número distintos pasatiempos a modo de actividades lúdicas, aunque no por ello de menor interés académico y práctico.

Excluida de un previo MASC la petición de requerimiento europeo de pago, frente a la exigencia general que resulta de la LO 1/2025, se abordan las cuestiones procesales que plantea la continuación por los trámites de un proceso común a consecuencia de la oposición.

El presente trabajo tiene por objeto un estudio del delito de blanqueo de capitales, centrándose en el delito precedente del que provienen las ganancias que serán objeto del blanqueo.

De este modo, se abordan, entre otras cuestiones, con enfoque sistemático, los ejes controvertidos del ámbito señalado: los requisitos del hecho antecedente y el estándar de conocimiento exigible al autor —incluida la suficiencia del dolo eventual y la delimitación de la imprudencia grave—; la punición del autoblanqueo y su encaje con el principio non bis in idem, distinguiendo los actos neutros de mero agotamiento de aquellos dotados de finalidad de ocultación; la autonomía del blanqueo frente al delito base y su repercusión en materia de concurso y prescripción; y la frontera con figuras afines —encubrimiento, receptación y participación a título lucrativo— para evitar solapamientos y duplicidades punitivas.

Parece importante precisar que estamos ante un órgano de «cooperación» y no sólo ante un órgano político, pues su función, dada su posición, es «orientar» toda la actividad de cooperación resultando por ello esencial para el más adecuado ejercicio de las competencias autonómicas, en su correcto acompasamiento con las estatales. Baste ver, a este citado respecto, las funciones que el artículo 2.º de su reglamento atribuye a la Conferencia de presidentes.

El artículo aborda la obligación de subrogación laboral en empresas de limpieza, incluso si estas están catalogadas como centros especiales de empleo. Analiza un caso en el que LIMPEC, como nueva adjudicataria, se negó a subrogar a trabajadoras de la empresa saliente, argumentando estar regida por un convenio distinto. El Tribunal Supremo reafirma que el convenio colectivo del sector de limpieza prevalece, obligando a la subrogación, independientemente de la naturaleza jurídica de la empresa. La sentencia confirma que los centros especiales de empleo deben operar en igualdad de condiciones en el mercado y respetar los convenios del sector correspondiente. Finalmente, se desestima el recurso y se consolidan estos criterios doctrinales.

Hay que mantener fuera de la agravación a quienes, en convivencia consentida con la víctima, comparten el mismo domicilio y la esfera de privacidad que acota.

El exceso que se abona en caso de retraso en el pago tiene el concepto de sanción que, conforme dispone el art. 1108 del Código Civil, indemniza la totalidad de los daños y perjuicios.

La conducta del médico recurrente afecta gravemente al funcionamiento de los servicios en cuanto al reparto de trabajo con los compañeros, perjudica a los pacientes -en la medida en que se incide en su historia clínica- y perjudica al presupuesto de la administración sanitaria.

Solo un incumplimiento con trascendencia puede justificar la revocación por no afectación de la cantidad percibida a la realización de la actividad para la que se haya concedido.