El reinicio del curso parlamentario, en lo laboral, vendrá marcado por el debate en torno al proyecto de ley de reforma de la duración máxima de la jornada semanal, así como de los instrumentos del registro horario y la desconexión, digital y laboral. Pese a la centralidad de esta reforma para toda la Legislatura el Gobierno no tiene ninguna garantía de que vaya a salir adelante, por los vetos parlamentarios.

La regulación de las operaciones vinculadas en las sociedades cotizadas ha generado relevantes desafíos interpretativos desde la entrada en vigor de la Ley 5/2021. Este trabajo analiza la necesidad de una correcta delimitación, tanto objetiva como subjetiva, de dichas operaciones para asegurar su tramitación conforme al procedimiento legalmente previsto. Asimismo, se examina el papel desempeñado por la comisión de auditoría a través de su informe, y la importancia de la transparencia y publicidad de estas operaciones. Finalmente, se estudian precedentes y se presentan las conclusiones.

Se trata de analizar el acto firme o consentido y las consecuencias que sobre ellos genera la declaración de inconstitucionalidad de la norma sobre la que se basan estos actos. Tras realizar un repaso de las declaraciones de inconstitucionalidad y observar como el Tribunal Constitucional se ha atribuido la facultad de fijar los efectos de sus sentencias, observaremos como el Tribunal Supremo se ha atribuido también la facultad de fijar la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, atribución posteriormente consolidada por la legislación de procedimiento administrativo. El resultado es variado, actos inatacables, actos que pueden ser revisados, actos que no pueden ser revisados, pero generan la responsabilidad patrimonial. El resultado es complicado y se observa que evoluciona a golpe de jurisprudencia.

En la era de las telecomunicaciones el uso de la videoconferencia como forma de comunicación entre los tribunales de justicia y los actores del proceso está más que consolidada. Sucede que, como viene siendo ya una constante en nuestro sistema de producción legislativo, las normas adolecen a veces de dispersión, cuando no de contradicción. Con este trabajo doctrinal se pretende arrojar luz en este panorama no del todo diáfano, de suerte que todos los operadores jurídicos sepan cuándo se debe autorizar el uso de la presencia telemática y en qué condiciones de espacio, tiempo y lugar pueden hacerlo.

La normativa que regula el ingreso mínimo vital, define la unidad de convivencia como la que está integrada por las personas que residen en un mismo domicilio y están unidas por vínculos de consanguinidad de forma que la residencia en el mismo domicilio resulta ser el elemento determinante.

Las marcas de la demandante presentan una escasa distintividad, en la medida en que no pueden impedir que otros empleen el término Persimon para describir la variedad del producto que comercializan o publicitan, siempre que se haga de acuerdo con las prácticas leales en el comercio.

No se deniega porque el menor esté escolarizado, este dato se valora como un indicio más de que no ha quedado justificada la concurrencia de los requisitos para poder conceder el permiso en los términos en los que se solicita.

Además, se establece una multa coercitiva diaria de 19.700 euros aplicable desde la fecha de la sentencia, si España no rectifica el incumplimiento, ofreciendo un incentivo económico para la corrección expedita de las deficiencias.

Tratándose de reinversión en la construcción de la futura vivienda habitual, para poder aplicar la exención, es necesario que la adquisición jurídica de la vivienda tenga lugar en el plazo comprendido entre los dos años anteriores y posteriores a la transmisión de la precedente vivienda habitual, siendo indiferente, para la aplicación de la exención, el momento en que se haya iniciado la construcción.

Independientemente de su adscripción en el grupo 731, ello es así porque existe una total desvinculación formal del IAE respecto del régimen administrativo de las actividades que el mismo grava.

Relación de algunos de los asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia en los que se dictará sentencia, o se elaborarán conclusiones durante esta semana.

Las condiciones de empleo y de trabajo deben adaptarse para permitir que estos padres se ocupen del cuidado de sus hijos sin correr el riesgo de sufrir discriminación indirecta.

Los próximos dos años son decisivos para alcanzar el liderazgo tecnológico en Vehículos Conectados y Autónomos. Una mayor cooperación y coordinación de las prioridades de inversión son cruciales para desarrollar software, hardware, modelos de IA y ecosistemas de conducción autónoma de fabricación europea.

Se reune con Bolaños, Perelló, diputados, senadores, magistrados del Supremo y vocales del órgano de gobierno de los jueces

El Consejo General de la Abogacía ha creado un Consejo Asesor sobre Innovación, Abogacía y Justicia Digital con el objetivo de liderar la digitalización de la Justicia y analizar los cambios tecnológicos que se están produciendo.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha puesto en marcha un estudio de balance sobre los primeros meses de aplicación de la Ley de Eficiencia Procesal, con especial atención a la incidencia de los llamados Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC).

El anteproyecto de ley adapta la normativa nacional a los nuevos reglamentos europeos sobre servicios digitales (DSA) y sobre libertad de los medios de comunicación (EMFA).

Atribuye nuevas funciones y responsabilidades a la CNMC, además de modificar su propia estructura orgánica.

La CNMC valora positivamente su designación como coordinador de servicios digitales y autoridad de supervisión de medios, pero solicita la dotación de medios organizativos y personales para poder ejercer las nuevas competencias.

La Seguridad Social registró un saldo positivo de 7.540 millones de euros en los siete primeros meses del año, más del doble que en el mismo periodo de 2024 y el equivalente al 0,5% del PIB, como resultado de ingresar hasta julio 143.101 millones de euros, un 9,6% más, frente a unos gastos de 135.561 millones (+6,3%).

Los ingresos del Estado por IRPF crecen un 12,4% hasta julio, tras los ingresos del primer plazo de la Renta.

La Ley de medidas de eficiencia procesal prevé una modificación del control de cláusulas abusivas en el proceso monitorio, con particularidades en la acreditación de la cesión de cartera, el control y las posibilidades de la nulidad de las cláusulas.