La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (LA LEY 20/2025), vino a incorporar un abanico de medios adecuados de solución de conflictos como requisito de procedibilidad. Si bien, la posibilidad de tener por cumplido el requisito de negociación previa o intento de negociación, mediante medios específicos, no exactamente los contemplados en la reciente Ley Orgánica, afecta a una serie de materias que tienen un singular peso en la actividad jurisdiccional, merecedoras de un análisis detallado.

El artículo analiza la evolución del TEDH sobre la libertad de expresión parlamentaria a partir de los casos Karácsony (2016) e Ikotity (2023). En Karácsony se apreció vulneración del artículo 10 CEDH por sanciones sin garantías, mientras que en Ikotity se consideró legítima la limitación por existir procedimiento contradictorio y sanción proporcionada. Ikotity marca un giro hacia un enfoque institucional que equilibra la expresión individual con el orden parlamentario, destacando que la libertad de expresión no es absoluta y puede someterse a límites formales previsibles y proporcionales. El TEDH ofrece así una guía normativa para compatibilizar el debate democrático con la disciplina interna de los parlamentos.

El uso de la ayahuasca (una decocción o te amazónico obtenido al hervir la liana Banisteriopsis caapi con la hoja Psychotria viridis, rica de forma natural en DMT) se ha extendido en España. Su empleo es muy variado, pero fundamentalmente se refiere a su uso como sacramento religioso, herramienta de introspección y coadyuvante terapéutico, más que a un uso recreativo. Su principio activo (DMT) sí figura en la Lista I de la Convención de sustancias psicotrópicas de 1971, lo que genera una paradoja normativa: la bebida en sí y las plantas de las que procede no están prohibidas, pero su importación o comercialización puede acarrear prisión. Este desajuste provoca operativos policiales llamativos y sentencias divergentes: el Tribunal Supremo presume en algunas de sus sentencias riesgo grave per se, mientras varias Audiencias Provinciales absuelven al valorar contexto religioso, ausencia de lucro y de evidencias toxicológicas. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) insta a respuestas proporcionadas para preservar la salud pública: licencias sanitarias, registros y análisis de pureza. La adopción de buenas prácticas en las tomas de ayahuasca ha reducido la tasa de incidentes graves, según diversos estudios. Regular la ayahuasca con criterios sanitarios y legales homogéneos resolvería la inseguridad jurídica, evitaría juzgados y reforzaría la seguridad en las tomas y minimizaría la salud pública sin criminalizar prácticas que en determinados contextos pueden ser consideradas como expresiones del derecho a la libertad de culto y otros derechos fundamentales.

Posibilidad de aplicar, en atención a las circunstancias concurrentes y al amparo del principio de proporcionalidad, una sanción correspondiente a una infracción de menor gravedad que la inicialmente tipificada conforme a los hechos apreciados. Esa reducción de la sanción puede ser apreciada por los Tribunales al revisar las resoluciones sancionadoras.

La opinión emitida por el juez Sidney H. Stein en el caso The New York Times Company v. Microsoft Corporation et al. (Caso 1:23-cv-11195-SHS-OTW, Documento 514, 4 de abril de 2025) constituye un pilar en la defensa de los derechos de propiedad intelectual frente a los desafíos planteados por los modelos de inteligencia artificial desarrollados por OpenAI y Microsoft. Este pronunciamiento judicial aborda con precisión cuestiones de infracción directa y contributiva de derechos de autor, violaciones a la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA), competencia desleal por apropiación indebida y dilución de marcas, logrando un equilibrio entre los intereses de los creadores de contenido y las innovaciones tecnológicas. Stein protege los derechos de los demandantes —The New York Times Company, Daily News LP y The Center for Investigative Reporting— al rechazar varias mociones de desestimación presentadas por los demandados, consolidando la importancia de la propiedad intelectual en un entorno digital en constante transformación. Este trabajo desentraña las implicaciones de esta decisión, explorando su relevancia para el futuro del derecho de autor, la tecnología y la creación cultural en un análisis jurídico exhaustivo.

Google ha calculado el impacto energético que tiene el uso de su inteligencia artificial (IA) Gemini, que estima en un equivalente a ver la televisión nueve minutos por petición de texto, según una nueva metodología.

La violencia no pactada que surge en el desarrollo de la interacción sexual supone un cambio completo de las circunstancias que impulsaron la prestación del consentimiento y que exigían un consentimiento renovado.

Aunque es más clara la responsabilidad de la víctima, pues en ningún caso debió permanecer bajo la cosechadora sabiendo que el conductor se iba a subir al tractor, también cabe apreciar la responsabilidad en la producción del siniestro tanto de dicho conductor como de la propietaria del tractor y de la cosechadora y titular de la explotación agrícola en la que se estaba desarrollando la actividad en el curso de la cual tuvo lugar el accidente. Además, debe responder la aseguradora del tractor por ser susceptible el siniestro de ser considerado como “hecho de la circulación”.

No se aprecia interés legítimo en recurrir para obtener una mayor puntuación.

Para ser profesor asociado se ha de mantener una actividad profesional ajena a la docencia sin embargo, el reconocimiento de la excedencia por cuidado de un hijo en su puesto de odontoestomatología no es motivo suficiente para impedir ejercicio de la docencia.

El incumplimiento o cumplimiento tardío del deber de comunicación de la interposición de recurso no puede conllevar una consecuencia tan desmedida como la declaración de extemporaneidad, y consiguiente inadmisión del recurso.

La pérdida de arras o señal -indemnización o compensación desde la posición del vendedor- constituye una variación en el valor del patrimonio del contribuyente (pérdida patrimonial) que no deriva de la transmisión de un elemento patrimonial, considerada como renta general integrable en la base imponible general del impuesto.

En la disposición adicional segunda de la Ley 7/2025, de 28 de julio, se regulan las tasas exigibles por los servicios y actividades realizados en materia de plaguicidas de uso ambiental y en la industria alimentaria, así como para todos los biocidas en general, en aplicación del Reglamento (UE) n.º 528/2012, adecuando los costes de la evaluación, recogiendo las recomendaciones formuladas por la Comisión Europea en su informe de 7 de junio de 2021 sobre la aplicación de dicho reglamento.

Su objetivo es incentivar la inversión privada y mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas para invertir en proyectos innovadores relacionados con las tecnologías del lenguaje (NEL) del PERTE, a través de la concesión de préstamos participativos, directamente al sector privado, así como a entidades del sector público dedicadas a actividades similares.

Equivocación inexcusable respecto a la condición de acreedor a la percepción de la condena en costas, al entender que un pronunciamiento de condena en costas implica la percepción efectiva de los gastos de abogado devengados en el proceso. Vulneración de las reglas de la carga de la prueba.

Los magistrados sostienen que, aunque la pensión de viudedad no puede reconocerse “ello no obsta al reconocimiento de prestación de orfandad en favor de los hijos de la pareja”.

La encuesta, dirigida a todos las y los profesionales de los servicios sociales, tiene como objetivo realizar un diagnóstico riguroso y participativo sobre su situación en el ámbito de los cuidados y los servicios sociales. Estará disponible hasta el 8 de septiembre.

La organización de autónomos UPTA calcula que el número de trabajadores autónomos afectados por los incendios de este verano, de manera directa o indirecta, ha superado las 50.000 personas, y ha pedido celeridad en las ayudas aprobadas.

La creación de esta Comisión ha sido impulsada por el Consejo General de la Abogacía, que coordinará el grupo de trabajo jurídico y propondrá medidas de interés para la profesión.

El Govern ya ha anunciado que llevará a cabo más acciones judiciales. La intención de la ofensiva judicial del Govern es conseguir que el Tribunal Supremo suspenda de forma cautelar la llegada de los 49 menores migrantes que previsiblemente tendrá que acoger Baleares, aunque no el reparto a otras regiones del país.

Según ha señalado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la Cámara presenta "importantes barreras" para este colectivo.

Una auténtica hoja de ruta para poder comprender el alcance de los MASC: asistencia letrada; efectos de apertura y terminación sin acuerdo; formulación mediante medios telemáticos; la confidencialidad y la protección de datos; la acreditación del intento de negociación y terminación del proceso sin acuerdo; los honorarios de los profesionales que intervienen; la formalización del acuerdo; así como la validez y eficacia del acuerdo.