Ya es agosto, momento en que muchos profesionales jurídicos toman unas merecidas vacaciones. Durante estas semanas, el Diario La Ley ha preparado ediciones semanales, temáticas, con lo más destacado que ha ido publicándose en la revista en lo que llevamos de año. Si no tuvo tiempo de leer aquello que le interesaba, ahora es el momento. Les recordamos que durante este mes las Newsletters serán semanales, y no diarias como es habitual. Por otra parte, se suspenden los podcast de noticias diarias, que se retomarán en septiembre.

Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce también modificaciones en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, buscando una mayor agilidad en los procedimientos, donde destaca especialmente el abreviado, objeto central de la reforma legislativa.

El Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, ha supuesto una reestructuración sustancial del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000. Esta norma reglamentaria, con entrada en vigor el 20 de mayo, deroga el Real Decreto 557/2011 e incorpora avances normativos orientados a adaptar el ordenamiento jurídico español a los desafíos migratorios contemporáneos, integrándolo con el marco de la Unión Europea. Entre sus principales novedades destacan: la sistematización del régimen de arraigos; la creación de un estatuto jurídico propio para los familiares de ciudadanos españoles; la flexibilización del régimen de autorizaciones laborales y por circunstancias excepcionales; y la incorporación del procedimiento único de residencia y trabajo.

Cabe destacar el papel aclarador y operativo de las recientes Instrucciones SEM 1/2025 y SEM 2/2025, dictadas por la Secretaría de Estado de Migraciones, que aportan criterios interpretativos para la aplicación uniforme del nuevo reglamento. Estas instrucciones abordan, entre otros aspectos, el régimen de los nuevos arraigos y el procedimiento de residencia para familiares de nacionales españoles.

Dos ámbitos como la residencia con excepción de la autorización de trabajo y la residencia para extranjeros retornados voluntariamente han sido objeto de revisión, modernización y alineamiento con una política migratoria más flexible, coordinada y respetuosa con la seguridad jurídica. En este artículo analizaremos las claves de dicha reforma y contrastaremos la nueva regulación con el régimen anterior del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril con el objeto de resaltar las novedades que el nuevo Reglamento de extranjería ha introducido.

En este trabajo se pretende dar una visión general de los movimientos migratorios, en especial de los que entran irregularmente en España y que pueden ser autores o víctimas de delitos, aunque también se tratan otras cuestiones. Inmigración —en particular la ilegal— no puede relacionarse, sin más, con un aumento de la criminalidad. No hay razas o nacionalidades criminógenas en sí. La caída en el delito obedece a los llamados en criminología factores de riesgo, en especial las cuestiones económicas, sin olvidar otras de carácter familiar, laboral, cultural, social… En los inmigrantes irregulares —también en algunos regularizados— suelen concurrir más factores de riesgo que en la población asentada, y de ahí que en las estadísticas sobre criminalidad su presencia sea proporcionalmente mayor que la de los españoles. A corto plazo no va a disminuir la llegada de ilegales por el efecto llamada —y otros motivos— que lleva consigo nuestra deficiente política migratoria. La inmigración es necesaria, pero debe ser controlada, lo que no es fácil, pues cada vez es mayor el éxodo de muchos pueblos hacia Europa.

Segunda parte del estudio jurisprudencial publicado en la misma sección del Diario LA LEY nº 10534, de 26 de junio, donde se recopila y sintetiza la Jurisprudencia sentada por nuestro Tribunal Supremo en las principales cuestiones que afectan al ámbito de la extranjería en lo que al año 2024 se refiere.

El Congreso de los Diputados, en sesión celebrada el día 10 de abril, acordó convalidar el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Se comenta la consideración de los certificados de calidad en la contratación pública a través de la regulación prevista en la Ley de Contratos del Sector Público y los pronunciamientos de los tribunales administrativos de recursos contractuales, que admiten que sean exigidos como criterios de solvencia empresarial o como criterios de adjudicación.

El presente comentario trata de examinar la doctrina establecida por la STS de 5 de marzo de 2025 en relación con las formas de presentación del recurso especial en materia de contratación administrativa y, específicamente, la forma de interpretar la supletoriedad de la normativa de procedimiento común en relación tanto con la presentación como con los efectos de la falta de comunicación al órgano de resolución de la presentación del recurso cuando no se hace en el propio registro del órgano de contratos.

La STS no aborda directamente la vinculación de la supletoriedad porque lo entiende innecesario teniendo en cuenta que la redacción de la LCSP de 2017 deja está cuestión resuelta y que el reglamento de desarrollo de la normativa anterior resulta, en este punto, contrario directamente a la propia LCSP. Si aborda los efectos de la falta de comunicación para llegar a la consideración de que no puede producir como consecuencia jurídica la inadmisión del recurso.

Aunque no hubo falta de información para obtener el consentimiento respecto a las técnicas a emplear, el trato recibido no fue el adecuado. Sufrió estrés postraumático relacionado con un parto en el que se utilizó ventosa y realizó una episiotomía en presencia de numeroso personal y sin el apoyo de su pareja, que fue invitada a abandonar el paritorio.

El atestado de la Guardia Civil acredita que la única causa del accidente fue la grieta abierta en una vía de titularidad autonómica, reveladora del mal estado de una calzada en la que no estaba prohibida la circulación de bicicletas.

Durante los últimos años, la doctrina ha intensificado sus esfuerzos en un estéril intento de delimitar los contornos entre el Derecho administrativo sancionador y el Derecho penal, abandonando la necesidad de dotar al Derecho administrativo sancionador de una estructura e identidad plena, de las herramientas y recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. La escasez de instrumentos y la falta de alternativas han provocado su obsolescencia, ineficacia y afección del principio de igualdad. Sólo una profunda revisión, la introducción de nuevas respuestas y el inevitable complemento del Derecho penal podrán reorientar un Derecho administrativo sancionador caduco y agotado.

En los últimos años el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la posibilidad de invocar, al tiempo de recurrir sanciones administrativas, defectos en actos firmes previos con los que tales sanciones se encuentren íntimamente vinculadas. Ello ha sido especialmente relevante en relación con las sanciones tributarias, pues en muchos casos las mismas se encuentran estrechamente vinculadas con liquidaciones dictadas por la AEAT que han quedado firmes al no haberse recurrido (o haberse recurrido extemporáneamente). El trabajo revisa la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre el particular, realizándose al respecto consideraciones críticas.

La carga de la prueba del hecho detonante de la derivación de esa responsabilidad, compete a la Administración que, en procedimiento contradictorio, con participación y audiencia del presunto responsable, es quién tiene que aportar los elementos de prueba que la fundamenten, rigiendo, en caso de duda, el principio in dubio pro reo.

En este artículo abordamos las novedades en los métodos de pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la campaña de la Renta 2024, destacando la incorporación del Bizum. Describimos el proceso de pago de la cuota del IRPF con Bizum y ponemos de manifiesto que esta nueva forma de pago constituye un reflejo más de la tendencia hacia la digitalización de los trámites fiscales. Por último, nos preguntamos si se trata de una novedad en sentido estricto o una implementación tardía por parte de la Administración tributaria a nivel estatal, estando ya disponible con anterioridad el pago con Bizum en el ámbito autonómico y local.

El artículo analiza críticamente la doctrina del TEAC sobre la remuneración del representante persona física de una sociedad administradora en filiales del mismo grupo. El TEAC considera que esta actividad en ningún caso forma parte de las funciones del administrador, lo que haría inaplicable la excepción del art. 18.2.b LIS y la consecuencia se tendría que establecer el valor de mercado de la remuneración que le correspondiera por su actuación del representante. En contra de lo sostenido por la resolución, esta actividad no puede considerarse totalmente ajena a la función de administrador. La práctica societaria y económica, la jurisprudencia y la especial naturaleza del representante persona física apuntan a que su actuación como tal puede formar parte de las funciones del administrador de la sociedad dominante. Eso deriva de que el representante asume las mismas obligaciones y responsabilidades que un administrador y de la interpretación finalista de la norma fiscal.

Pese a que la República del Líbano se encontrase dentro de la relación contenida en el RD 116/2003 de países que tienen la consideración de paraíso fiscal, la tributación de dichos rendimientos del trabajo para la Administración Tributaria no resultaba opaca.

El solo hecho de que las retribuciones no estén previstas en los estatutos sociales no otorga la consideración de una liberalidad no deducible en el Impuesto de Sociedades, ex art 14.1.e) del TRLIS porque la retribución a los administradores responde a la realidad de servicios efectivamente prestados a la sociedad, directamente correlacionados con la actividad empresarial.

El mandato recibido por el Gobierno, regulado en la disposición adicional 17 de la Ley 1/2025, de 1 de abril, implica la articulación, en el menor tiempo posible, de un mecanismo para la aplicación del tipo de IVA del 0 % a todas las entregas de bienes, en especies o dinerarias, realizadas en concepto de donativos para la adquisición de alimentos o artículos de primera necesidad a las entidades sin fines lucrativos.

La finalidad es atender la demanda social y reconocer en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la estrecha vinculación afectivo-económica entre los parientes del Grupo III de parentesco (hermanos, tíos y sobrinos), especialmente cuando el causante no tiene descendientes o ascendientes consanguíneos o por adopción en línea recta.

Las licencias de utilización de las vías públicas para la instalación de terrazas de actividades de hostelerías contiguas al establecimiento no pueden considerarse como transmisión de dominio público a los efectos de estar sujetas al ITPO, porque no pueden equipararse a una concesión sobre el dominio público.

Mediante el Real Decreto 254/2025, de 1 de abril, se amplía hasta el 1 de enero de 2026, para empresas y hasta el 1 de julio de 2026 para autónomos el plazo para cumplir con las obligaciones del reglamento Veri*Factu y en su normativa de desarrollo, ampliándose igualmente los plazos de adaptación y comercialización de sistemas informáticos de facturación.

Se establece una relación de iniciativas y programas como «acontecimientos de excepcional interés público», a los que será de aplicación determinados beneficios fiscales y otras ventajas para las entidades y organizaciones que participen en la gestión de dichos programas.

En su vertiente tributaria, el Real Decreto-ley 7/2025, incorpora modificaciones en la Regla 14ª de la Instrucción para la aplicación de las Tarifas del IAE para excluir del cómputo de potencia instalada a los hornos y calderas eléctricos.

Asimismo, se actualiza la normativa para que los entes locales puedan regular bonificaciones en el IBI y en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras que incentiven la instalación de sistemas de energía ambiente, como la aerotermia, en línea con lo previsto para sistemas de aprovechamiento de energía solar.

Análisis, desde el punto de vista tributario, de la problemática relativa a aquellos terrenos originariamente rústicos, que han venido incorporados a Planes Generales de Ordenación Urbana, en los que se preveía el desarrollo urbanístico y que no ha sido —o lo ha sido parcialmente— llevado a cabo por la Administración. Materia que combina la aplicación del Derecho urbanístico, del tributario y de la normativa catastral.

Argumentaban las asociaciones de empresas gestoras de residuos en su recurso que con la normativa impugnada se limitaba la posibilidad de decidir libremente la mejor alternativa de gestión de residuos al quedar obligados a depositarlos en los puntos de recogida habilitados por los SCRAP salvo que los poseedores finales cuenten con autorización (tras el oportuno «acuerdo») para acudir a un gestor de residuos autorizado de su elección.

El Tribunal Constitucional modifica su doctrina y adopta un nuevo paradigma en la interpretación del artículo 45 CE, avalando que el principio rector consistente en la protección del medio ambiente se desarrolle de manera «ecocentrista» por el legislador. Sin embargo, al tratarse de un fenómeno novedoso y ajeno a la tradición jurídica europea, sus consecuencias prácticas resultan todavía desconocidas.

Este artículo analiza la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas en España tras el apagón sin precedentes del 28 de abril. En él se detalla cómo la hiperconectividad actual expone a estas infraestructuras a amenazas que pueden afectar a sectores clave como la sanidad, las telecomunicaciones, las comunicaciones básicas, el transporte y el suministro de agua, entre otros. En este contexto, se plantea el marco jurídico que las protege y se ofrecen una serie de recomendaciones de cooperación, coordinación y gobernanza para gestionar de forma efectiva este tipo de crisis.

El libro se configura a partir de la selección de 75 cuestiones actuales relacionadas con el procedimiento administrativo, de la mano de magistrados expertos en la jurisdicción contencioso-administrativa (AMECA).

El texto aborda iniciativas globales para mejorar la cooperación fiscal y combatir la evasión. Destaca el Proyecto BEPS, la Convención Multilateral, la reforma fiscal global y las directrices de la UE. Examina normativas, tratados y principios clave en fiscalidad internacional.

Explora el impacto de las reformas tributarias en el IRPF y Patrimonio. Descubre la Ley 35/2006 sobre impuestos personales. Analiza el nuevo Impuesto de Solidaridad. Aprende sobre exenciones y deducciones autonómicas.