Ya es agosto, momento en que muchos profesionales jurídicos toman unas merecidas vacaciones. Durante estas semanas, el Diario La Ley ha preparado ediciones semanales, temáticas, con lo más destacado que ha ido publicándose en la revista en lo que llevamos de año. Si no tuvo tiempo de leer aquello que le interesaba, ahora es el momento. Les recordamos que durante este mes las Newsletters serán semanales, y no diarias como es habitual. Por otra parte, se suspenden los podcast de noticias diarias, que se retomarán en septiembre.

En el presente artículo se analizan las últimas modificaciones introducidas en el proceso de ejecución por la ley orgánica 1/2025, de 2 de enero y las normas afectadas por la inconstitucionalidad parcial de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

En el presente artículo se analiza la reforma de las costas procesales en los procesos civiles por la Ley 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y los numerosos problemas prácticos que puede ocasionar, por sus deficiencias e indefiniciones.

Se analizan en este trabajo las novedades que la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce en el pronunciamiento de condena en costas del proceso civil, en la practica de la tasación y el novedoso incidente de exoneración de pago y de moderación de cuantía. Breves apuntes respecto a los que debe hacerse la advertencia, que la técnica legislativa empleada suscita más de un interrogante en la exégesis de los artículos que reforma o introduce en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La autora nos propone este Decálogo procesal de urgencia donde se avanzan, sin perjuicio de un análisis más sosegado, las 10 claves de la reforma operada por dicha norma en los cuerpos legislativos esenciales sobre la nueva estructura orgánica del Posder judicial, y sobre los procesos, expedientes y procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales.

Es la fecha de presentación de la demanda, y no cuando el juzgado procede a su admisión, el momento temporal en que debe ser aplicada la entrada en vigor de la Ley pues, lo contrario, sería dejar al albur del momento temporal de admisión de la demanda -indeterminado-, la aplicación de una norma u otra, lo que el derecho no puede amparar por aplicación de los arts. 9.3 y 24 CE.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce con su Título I una notable reforma del sistema judicial español, creando los Tribunales de Instancia y rediseñando la Justicia de Paz a través de un sistema de oficinas. ¿Qué cabe esperar de este nuevo sistema de organización judicial? ¿Será más eficiente en parámetros organizativos?

Análisis de las distintas resoluciones que enjuiciaron un supuesto en el que se presentó oposición a una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que denegó la inscripción de paternidad de una menor porque no correspondía a la realidad biológica. La madre biológica y el reconocedor, casados y en una relación estable, habían dejado claro que el reconocimiento de paternidad era de complacencia. La Dirección General sostuvo que no procedía la inscripción y sugirió que el padre no biológico debería optar por la adopción.

El artículo analiza la evolución de la relación humano-animal en España y Portugal derivado de una crisis matrimonial. Ambos países han experimentado avances legislativos significativos, reconociendo a los animales como seres sintientes. En España, la Ley 17/2021 modificó el Código Civil, otorgando a los animales un régimen jurídico específico. Portugal, por su parte, modificó su Código Civil en 2017, reconociendo también su condición de seres sintientes.

Este estudio compara las normativas de España y Portugal, explorando las soluciones jurídicas adoptadas para determinar la custodia y el régimen de visitas de las mascotas en procesos de divorcio. A través del análisis de la jurisprudencia y la doctrina, se identificarán las tendencias actuales y los desafíos que plantea esta nueva realidad jurídica.

A pesar de reconocer expresamente que la derogada Instrucción de la antigua DGRN de 5 de octubre de 2010 venía «a dotar de plena protección jurídica al interés superior de los menores (y a)... otros intereses concurrentes», la recientísima Instrucción de la ahora DGSJFP de 28 de abril de 2025 impide la inscripción de la filiación derivada de convenio de gestación por sustitución, no sólo mediante certificación registral extranjera —o simple declaración acompañada de certificación médica del nacimiento del menor—, sino, incluso, como se permitía hasta ahora, a través de sentencia firme extranjera. Como consecuencia, una vez que el así nacido se encuentre en España —con la odisea que ello supone normalmente—, la determinación de la filiación requerirá el ejercicio de la acción de reclamación de la paternidad (exart. 10.3º LTRHA), que no la de maternidad —que no es posible por el art. 10.2º LTRHA—, y/o expediente de adopción «cuando se pruebe la existencia de un núcleo familiar con suficientes garantías».

Son numerosos los supuestos en los que los Tribunales han tenido que ventilar conflictos jurídicos entre los progenitores y sus hijos mayores de edad que ocupaban viviendas de aquéllos en precario. Pues bien, en este estudio se va a sistematizar la actual doctrina jurisprudencial —derivada, esencialmente, de las Sentencias de las Audiencias Provinciales, que son las que más abundan—, sobre estos calificados «hijos ocupas» y la forma de lanzarlos, en terminología procesal, fuera de tales viviendas, ya fueran la habitual de sus padres, ya otras a estos pertenecientes.

La realidad del acogimiento familiar y la adopción, como dos formas de protección a la infancia en situación de desamparo han venido siendo dos realidades paralelas separadas por un muro que las hacía incompatibles. Sin embargo, en los últimos años se viene hablando de la necesidad de una «permeabilidad» entre ambas figuras jurídicas que permita que familias acogedoras puedan convertirse en adoptantes del menor que acogen.

El acreedor puede instar el acta de notoriedad, pero debe ser preciso en la aseveración de la certeza de los hechos positivos y negativos en que se haya de fundar el acta.

Análisis de la resurrección de la moratoria contable con motivo de la aprobación del RDL 4/2025 y sus efectos colaterales, en materia de reformulación de las cuentas anuales del ejercicio 2024 y su aprobación y en otros asuntos no tratados expresamente por la norma.

En el presente artículo se analizan los problemas del ejercicio del derecho de asistencia y de representación en las sociedades cerradas resueltos por nuestros Tribunales y la necesidad de reformar nuestras normas.

Los «Programas de Clemencia» y su normativa de desarrollo constituyen en la actualidad una herramienta procedimental básica para destapar prácticas anticompetitivas. Estos Programas pueden ser aplicados en el ámbito administrativo y en la jurisdicción civil-mercantil, dentro del ámbito nacional, comunitario e incluso internacional, en un mercado globalizado. Pero, no sólo en el ámbito comercial/mercantil sino también penal en el marco de la ahora denominada «Justicia Restaurativa» que instaura la recién promulgada Ley Orgánica 1/2025. En el presente artículo se analiza la primera sentencia nacional que aplica la excusa absolutoria del apartado tercero del artículo 262 del Código Penal.

La carga de la prueba del hecho detonante de la derivación de esa responsabilidad, compete a la Administración que, en procedimiento contradictorio, con participación y audiencia del presunto responsable, es quién tiene que aportar los elementos de prueba que la fundamenten, rigiendo, en caso de duda, el principio in dubio pro reo.

En este trabajo se aborda la reciente sentencia de 5 de marzo de 2025 del Tribunal Supremo Sala Primera de lo Civil, Sección Pleno, Sentencia 350/2025, Rec.6868/2022 respecto a la prescripción de la acción restitutoria en cuanto a los importes pagados por parte de un consumidor a través de las conocidas como «tarjetas revolving» o tarjetas con interés usurario.

Esta sentencia responde definitivamente al recurso planteado por un consumidor frente a la Sentencia n^o 289/2022 de 5 de julio de la Audiencia Provincial de Palencia Sección Primera, rollo 288/2022, que desestimaba su recurso en lo relativo a su derecho a que se le restituyeran las cantidades que había pagado como motivo de la nulidad ya declarada de su contrato con Wizink Bank S.A de fecha 1 de junio de 2015.

La cuestión en sí, ya no solo es el fallo del TS, sino si aplica de forma correcta la jurisprudencia más que actual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que examina, desde el punto de vista del Derecho de los consumidores, los contratos de tarjetas revolving. Abusividad de la cláusula que fija el interés remuneratorio, evaluada conjuntamente con las que establecen el sistema de amortización revolving. Momento en que debe facilitarse la información y contenido de la misma. Valoración del carácter abusivo de la cláusula que no supera el control de transparencia.

Este artículo expone en forma de decálogo la jurisprudencia sentada por las dos Sentencias del TJUE de 30 de abril de 2025 que inciden en un aspecto de las cláusulas abusivas en los contratos bancarios de préstamo de dinero con garantía hipotecaria celebrados con consumidores, cual es la aplicación de la Directiva 93/13/CEE a la comisión de apertura. Se trata de una síntesis telegráfica del comentario completo que se publicará en LA LEY UE del mes de junio.

Este artículo recoge las conclusiones que se pueden extraer de la Sentencia del TJUE de 16 de enero de 2025 (Asunto C-346/23. Banco Santander vs. AUGE); anticipando, de forma telegráfica, los resultados del comentario completo de la Sentencia que se publicará en el número de marzo de la Revista La Ley UE.

El actor tenía la posibilidad de acudir al procedimiento de diligencias preliminares, más rápido y menos costoso. La elección innecesaria y no justificada del procedimiento plenario, no solo es discordante con la buena fe procesal y el consustancial ejercicio ajustado de los derechos, sino también con el principio de economía procesal.

El concurso sin masa y la Ley de Segunda Oportunidad surgieron para brindar alivio a personas en insolvencia real, permitiéndoles cancelar deuda y empezar de nuevo. Sin embargo, la falta de controles ha fomentado abusos por parte de despachos y deudores que buscan evadir responsabilidades financieras. Esto ha generado un impacto negativo en el sistema judicial y económico, afectando a los acreedores y sobrecargando los tribunales. Para preservar el propósito original, se requieren medidas más rigurosas que garanticen la buena fe y eviten fraudes.

El art. 489.1.5° TRLC, en cuanto establece una exclusión general de la exoneración de los créditos públicos que no está debidamente justificada, se opone al art. 23.4 de la Directiva 2019/1023, sobre reestructuración e insolvencia, por lo que ha de ser inaplicado. Lo que supone la inclusión de todos los créditos públicos en el ámbito de la exoneración que se concede al deudor de buena fe.

En el presente artículo se abordan las disfunciones que provoca para los propietarios que pretenden segregar, o modificar el uso de sus elementos privativos la inflexibilidad de la postura registral que impide rectificar la superficie de los elementos privativos, por mínima que esta sea, y aún contando con certificación técnica que acredite que la misma corresponde a la original del mismo, a no ser que se cuente con la unanimidad de los propietarios.

La disposición final cuarta de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, da nueva redacción al apartado 12 del artículo 17 LPH e introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 7 de esta norma. Como consecuencia, el ejercicio de la actividad de viviendas de uso turístico queda sujeto a la aprobación, expresa y previa, por parte de la comunidad de propietarios por la doble mayoría de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, que el artículo 17.12 establece. Así, esta última modificación legal profundiza en la línea de la precedente en el sentido de reconocer mayores atribuciones a la comunidad de propietarios para afrontar este fenómeno. De este modo, de un régimen de libertad de ejercicio salvo prohibición, se pasa a otro de aprobación expresa y previa, cuya entrada en vigor se producirá el día 3 de abril de 2025.

Deben hacerse cargo de su abono, según se pactó en los contratos conforme a la normativa autonómica, sin que pueda exigirse, acudiendo a una aplicación supletoria del art. 20.1 LAU, que en la cláusula correspondiente se especifique el importe anual de tales gastos.

La reciente STS (1ª Civil) 16 enero 2025 establece que la buena fe del tercero, a efectos de la aplicación del artículo 34 LH, debe apreciarse en el momento en que se consuma su adquisición. Ese momento, en una adquisición a través de un procedimiento de ejecución judicial, coincide con la expedición por el Letrado de la Administración de Justicia del testimonio del decreto de adjudicación (exart. 673 LEC), aunque se reconoce que este criterio jurisprudencial no se desvirtúa por el hecho de que la consumación se haya producido anteriormente mediante la entrega de la posesión material del inmueble al adquirente. Eso sí, en ningún supuesto se requiere el mantenimiento de la buena fe hasta la inscripción de la adquisición, consideración de la que discrepa, razonadamente, este autor.

Aranzadi LA LEY ha alcanzado un acuerdo de colaboración con distintos Colegios para que sus colegiados puedan adquirir esta obra en condiciones excepcionalmente ventajosas. Consulta la lista de de los catorce colegios donde la oferta está disponible.

Este libro ofrece un análisis exhaustivo sobre la usura en créditos, desde los revolving hasta micropréstamos, abarcando la doctrina y jurisprudencia vigente, prescripción de nulidad por usura y acciones colectivas, ideal para profesionales del derecho y consumo.

Este manual pretende, de una manera comprensible, clara y concisa, proporcionar a los abogados las pautas necesarias para desenvolverse con éxito en sala en los procesos matrimoniales.