La inteligencia artificial aplicada a la creación de documentos jurídicos abre nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo en el sector legal.

Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce también modificaciones en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa, buscando una mayor agilidad en los procedimientos, donde destaca especialmente el abreviado, objeto central de la reforma legislativa.

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional, concretamente, de su Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de fecha 9 de abril de 2025, ha denegado la indemnización económica solicitada por una persona que pasó 15 años en la cárcel por unos delitos de cuya comisión ha sido declarado inocente en los correspondientes recursos de revisión resueltos por el Tribunal Supremo, porque los magistrados de la referida Audiencia Nacional han interpretado que en este caso no ha existido «un error judicial» en los términos previstos legalmente en el artículo 293.1 de la Ley orgánica del Poder Judicial, para justificar dicha indemnización.

El artículo examina la lucha contra el terrorismo y el uso de la inteligencia artificial desde una perspectiva jurídica y policial, destacando la normativa internacional y europea, así como las medidas adoptadas en España para combatir la radicalización y el terrorismo. Se exploran las políticas emergentes para restringir contenidos en línea y proteger la seguridad pública, y se detallan las funciones de diversas autoridades judiciales y policiales en esta lucha. Además, se subraya la importancia de la cooperación internacional y el uso de tecnologías avanzadas.

El carácter constitutivo de un despido colectivo —que se produce desde la fecha de extinción de las relaciones laborales—, con causa en la pérdida de una contrata, y llevado a cabo antes de que la nueva empresa adjudicataria entre a prestar los servicios, no enerva la obligación de subrogación por la nueva empresa a la que se adjudica el servicio, de forma que, cuando se cumplen las exigencias para que proceda la subrogación —legal, sucesión de plantillas o convencional—, la no subrogación por la empresa entrante de las personas trabajadoras despedidas por la empresa saliente, supone un despido.

Los ecosistemas de open data y su uso para la IA plantean una serie de desafíos éticos y regulatorios.

El documento se ha remitido de forma previa tanto al Ministerio del Interior como a la confederación que agrupa a las empresas que prestan servicios de hospedaje, con el fin de evitar riesgos para la privacidad de las personas.

Ante la falta de respuesta de los sindicatos para conformar la comisión negociadora, la empresa tomó la decisión de continuar el proceso de elaboración del plan con una comisión ad hoc constituida por y entre los trabajadores de la empresa.

El relato de la hija mayor, de casi 17 años, pone de manifiesto que la llegada al domicilio de la nueva pareja del padre supuso una modificación sustancial del régimen de convivencia que los menores tenían con su padre que le afectó emocionalmente. Ante ello, el interés superior de la hija impone atender a su deseo de vivir exclusivamente con su madre, que le proporciona tranquilidad y confianza. Y en cuanto al hijo menor, su superior interés también se satisface con la custodia exclusiva de la madre, al haber expresado su deseo de vivir con ella para compartir su vida diaria con su hermana.

Una autocaravana no es un vehículo destinado, por su propia fisonomía, al transporte habitual de una persona con discapacidad, no siendo claramente un vehículo adecuado para el desarrollo de actividades cotidianas de transporte, especialmente teniendo en cuenta que, el Reglamento general de vehículos, al señalar que se trata de un vehículo construido con un propósito especial, como es el de servir de alojamiento, aleja la idea de habitualidad del transporte de personas minusválidas y sus normales necesidades de movilidad.

Constituye una clara violación de su derecho a la protección de la salud y tras soportar esta presión y conflicto con la dirección, acabó siendo despedido.

En la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, se contempla la contribución de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social a los objetivos de aquella a través del desarrollo de algunas de sus líneas de actuación.

Se desarrolla lo dispuesto en la Ley 21/2022, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto: regula las personas beneficiarias, los requisitos, el procedimiento para el reconocimiento de la compensación económica y su importe.

Se entiende por seguridad de la información la capacidad de los sistemas de información de resistir, con un determinado nivel deconfianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datosalmacenados o transmitidos y de los servicios que los sistemas de información ofrecen o hacen accesibles.

El TJUE lo admite como una medida adecuada para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo y no resulta contraria al derecho a la integridad física y psíquica de la persona.

Dar el salto a mercados extranjeros conlleva una serie de desafíos para los responsables de branding del despacho.

Bolaños reitera su "máximo respeto" a las protestas de jueces y fiscales pero cuestiona los motivos. Las fuentes ministeriales sostienen que "la mayoría parlamentaria y la mayoría de la sociedad está con las reformas", por lo que han aclarado que "seguirán su tramitación en las Cortes" Generales.

El ejecutivo regional considera que el Gobierno central ha regulado una materia compartida como la atención a menores no acompañados, "sin respetar el marco competencial autonómico".

El traspaso incluye las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena para extranjeros, las autorizaciones para trabajos de temporada, trámites relacionados con la gestión colectiva de contrataciones en origen e informes de verificación de contratos laborales y de formaciones requeridas para obtener el arraigo sociolaboral. Será efectivo a partir del 1 de julio de 2025.

El juzgado de lo social nº 3 de Burgos ha reconocido que las secuelas de la vacuna Pfizer contra el covid-19 son accidente laboral y no enfermedad común en el caso de una maestra de Primaria que se vacunó por mandato de la Junta de Castilla y León en marzo y agosto de 2021.

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, la organización denuncia en su XXIII informe anual sobre personas refugiadas en España y Europa, la “imposibilidad” de conseguir una cita para formalizar la solicitud de protección internacional y los “largos tiempos de espera”.

El precio medio que abonaron los españoles para comprar su coche hasta mayo fue de 23.073 euros, 114 euros más

Este libro examina la evolución de las nuevas tecnologías y su influencia en los derechos humanos, destacando beneficios, riesgos y estrategias para promover la protección de derechos fundamentales.