En el Think Tank Legal organizado por Aranzadi LA LEY, los expertos debatieron sobre la transformación sin precedentes que ha experimentado el sector legal, un sector tradicionalmente conservador en la adopción de nuevas tecnologías, con la irrupción de la inteligencia artificial (IA).

El Estudio, primero a nivel estatal, tiene como objetivo evaluar la eficacia de los programas de Justicia Restaurativa en la reeducación y reinserción de individuos que han sido condenados.

El presente estudio realiza un comentario crítico de los autos del Tribunal Constitucional de 15 y 29 de enero de 2025 por los que se ha excluido al Magistrado Don J. M.ª. Macías Castaño de todos los procedimientos promovidos contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña por carecer de imparcialidad objetiva (art. 219, 13 y 16, LOPJ). De forma más específica, el texto se centra en los aspectos sustantivos y procesales más controvertidos de las dos resoluciones, las cuales contribuyen a confirmar una vez más la «captura» del TC y la necesidad de una intervención desde Europa para frenar la deriva involutiva de España.

El pasado 1 de noviembre de 2024, entró en vigor el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo (BOE 22/05/2024) que suprime el «Subsidio de excarcelación», que pasa a integrarse en el denominado «ingreso mínimo vital», regulado en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, modificada para dar cabida en ella a la prestación económica que percibían los liberados de prisión que hubieren permanecido privados de libertad durante más de seis meses y, que recibía ese nombre de «subsidio de excarcelación», lo que conlleva algunas consecuencias y efectos, que pretendemos abordar en este artículo.

El Tribunal Supremo establece que llamar maricón de manera denigrante no está protegido por la libertad de expresión.

Esta tecnología tiene el potencial de detectar y prevenir trastornos mentales, además de adaptar los tratamientos, aunque su implementación se debe realizar bajo supervisión.

El TS lo considera un criterio inadmisible para fundar una condena.

Cuando se declaró el concurso de la vendedora todavía no se había cumplido el término en que le podía ser exigible por el comprador la recompra si hacía uso de la opción de reventa. Pero ello no significa que esa obligación fuera posterior al concurso. Había nacido con el contrato originario. La obligación de la vendedora de recomprar las acciones supone la obligación de pagar el precio. Por tanto, cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento simultáneo por ambas partes, lo que justifica que el art. 61.2 LC califique como crédito contra la masa el derecho del comprador a exigir el cobro del precio de la recompra de las acciones.

Innegable interés público ante la importante cuantía de dinero público concedido a una entidad privada.

No puede desbordarse lo dispuesto en arts. 38 ET, y 29 del convenio colectivo estatal de Contact Center. De los protocolos se desprende que la iniciativa para la fijación de sus vacaciones se concede al trabajador y que se establece un sistema de distribución por departamento y turnos que garantiza el servicio en periodos de acumulación de peticiones lo que no significa una imposición unilateral sin posibilidad de negociación.

A través de esta resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se procede a la actualización de las cuantías de las indemnizaciones por accidentes de circulación en un 2,8%, cantidades que quedan exentas de tributación en el IRPF hasta los límites resultantes por aplicación de lo establecido en el artículo 7.d) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.

Este Informe de carácter especial elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo pone el foco sobre la insuficiente protección de los intereses financieros de la UE en los regímenes aduaneros simplificados de importación y el consiguiente fraude que se produce en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se aprueba en Cataluña para el 2025, un nuevo paquete de medidas fiscales, centradas en hacer frente, principalmente, a dos problemas: la dificultad de acceso a la vivienda y la necesaria protección de las víctimas de violencia machista, y con la pretensión de garantizar una fiscalidad más progresiva e incentivar el acceso a la vivienda de jóvenes y colectivos vulnerables, afectando al IRPF, ISD, ITP y AJD, entre otros impuestos.

El pasado 25 de marzo, en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, se celebró la tertulia médico jurídica «La gestión de las controversias sanitarias ante la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia». El debate se centró en la exigencia de acudir a algún medio adecuado de solución de controversias (MASC) como nuevo requisito de procedibilidad.

La Corporación advierte de que la reforma introducida por la LO 1/2025 en materia de MASC requiere la urgente adaptación de las compensaciones en las actuaciones previas contempladas en la norma.

La abogacía se moviliza: las quejas ante el ICAM aumentaron un 51,6% en el último año y el CGAE recibirá sugerencias al proyecto de reglamento de amparo hasta el 21 de abril.

La circulación por las vías públicas de las autocaravanas ha crecido exponencialmente en España, debido al aumento de su venta y alquiler, así como las visitas de turistas que se mueven por nuestro territorio con este transporte. Aclaramos algunos conceptos que afectan a estos vehículos.

Los presidentes/as de Audiencias reclaman dotar de plazas judiciales y medios personales a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ante la próxima atribución a estos de los delitos contra la libertad sexual. Consideran positiva la implantación de los tribunales de instancia

La resolución considera que la sentencia revocada presenta déficits valorativos que impiden compartir “la valoración del Tribunal de instancia ni la conclusión que alcanza”

La Sala Social confirma una sentencia de un juzgado de Bilbao que revocó una resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que obligaba a una beneficiaria del ingreso mínimo vital (IMV) a devolver la prestación porque superaba el límite de ingresos permitido al serle computado un garaje y un trastero como patrimonio diferenciado de su vivienda habitual.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha determinado que son ilegales las ‘devoluciones en caliente’ realizadas por el Gobierno de Ceuta de migrantes que entran nadando o en embarcaciones pues no están amparadas por la figura del rechazo de la frontera.

El Ministerio se reúne con sindicatos y patronal para completar la trasposición de la Directiva Europea de Salarios Mínimos. CCOO y UGT también pretenden abordar en esta mesa de diálogo social ciertas cuestiones que quedaron pendientes en el último acuerdo para subir el SMI y que hicieron a los sindicatos aceptar un alza menor de la que reivindicaban.

El Tribunal de Cuentas ha detectado que en la Imprenta de Billetes (Imbisa), una sociedad mercantil estatal creada en 2015 para producir los billetes de euro y que depende del Banco de España, hay directivos que se han beneficiado de subidas salariales superiores a las máximas posibles.

Ambas partes coincidieron en la oportunidad de este nuevo encuentro ante la inquietud generada en el sector por la entrada en vigor de los aspectos procesales de la ley.

El pasado 12 de diciembre se conoció que el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa había tomado una decisión sobre la denuncia presentada por CCOO en relación a que el derecho español no se adecua a la Carta Social Europea en materia de despido improcedente, ya que no es lo suficientemente disuasorio y limita la indemnización en términos económicos.