El Diario LA LEY les ofrece hoy el Especial Derecho Digital e Innovación, una Revista on line, dedicada al análisis, el estudio y la reflexión sobre los temas más actuales de la relación entre el Derecho y la tecnología, con un carácter transversal, global y especializado.

Abordar desde cualquier punto de vista los retos que trae consigo la innovación y la transformación digital es también un reto en sí mismo. Un día sí y otro también se producen de modo precipitado novedades que requieren la atención de quienes se mueven en un campo tan apasionante como incierto, en el que las dudas no dejan de surgir y las respuestas no siempre son compartidas.

El Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA presentado por el Gobierno de España, desarrolla, a nivel nacional, aquellos contenidos del RIA que, en razón del calendario de aplicación del Reglamento, requieren de un marco normativo interno para su puesta en práctica: el régimen sobre prácticas de IA prohibidas (art. 5 RIA); la instauración de al menos un espacio controlado de pruebas para la IA; la creación de autoridades nacionales competentes (arts. 70 y ss. RIA) y el régimen de infracciones y sanciones (art. 99 RIA). En este artículo analiza el contenido de este texto, sistematizando sus principales aspectos.

En un entorno donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, el uso de las tecnologías en pro de la humanidad y la protección de los derechos humanos son dos pilares esenciales para fijar las bases de una sociedad humana, confiable, incluyente y centrada en el ser humano. Las innovaciones como las neuro tecnologías generan muchos beneficios pero, al mismo tiempo, plantean desafíos sin precedentes que exigen una respuesta clara para preservar la dignidad humana.

En los últimos años se han expedido regulaciones y radicado proyectos de ley sobre neuro tecnología y neuro datos. Las estrategias de regulación van desde reformas constitucionales, reformas de leyes de tratamiento de datos para incorporar aspectos sobre neuro datos, hasta propuestas sobre principios sobre neuro tecnologías, neurociencias y neuro derechos. El artículo tiene como propósito presentar la iniciativa que sobre el tema ha surgido en la República de Colombia.

Este estudio analiza las Directrices de 6 y de 4 de febrero de 2025, respectivamente, de la Comisión Europea sobre la definición de sistema de inteligencia artificial y sobre las prácticas prohibidas inciden sobre dos denominadores comunes esenciales para la arquitectura de la Ley Europea de Inteligencia Artificial.

Las nuevas tecnologías y, en especial, aquellas que a través del uso de la información están revolucionando ámbitos como la toma de decisiones, están obligando a buscar un adecuado encuadre legal que permita, a la mayor brevedad, clarificar el uso de aquellas y poder establecer unos límites claros que salvaguarden los derechos y garantías de los ciudadanos. En efecto, ciertas tecnologías y muy especialmente el desarrollo de la Inteligencia Artificial, han permitido, mediante le elaboración de perfilados ciudadanos, configurar procesos de toma de decisiones de manera completamente automatizada, sin la intervención de ningún ser humano. Algunos desarrollos normativos han puesto límite ya a la toma de decisiones con efectos jurídicos basadas en sistemas tecnológicos. Esta cuestión ha sido igualmente abordada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con una interesante sentencia, analizada en el presente artículo.

En este artículo analizo la proyección de la función constitucional de ilustración atribuida a la Administración pública y al resto de entes y poderes públicos, para garantizar el derecho a la identidad digital, a la intimidad y a la vida privada, a la protección de los datos personales y a la igualdad y no discriminación. Garantía cuya finalidad pública es el libre desarrollo de la personalidad de los individuos en entornos digitales, en la que denomino Ilustración 4.0.

La digitalización en las relaciones de la Administración y de las empresas y entidades que operan en el mercado de las comunicaciones electrónicas, se focaliza, de forma determinante, en la prestación de servicios en línea. Ello requiere un acceso y un uso eficaz de las tecnologías digitales como la Inteligencia artificial. Acceso y uso con relevancia jurídica, orientado a garantizar derechos y libertades en el ejercicio de la función constitucional de ilustración.

A partir de la función del Derecho como ordenador de la sociedad y como mecanismo de garantía individual, y de la relevancia para el Derecho de la transformación en la economía, en la sociedad y en las relaciones con los poderes públicos, producida por las tecnologías digitales como la Inteligencia artificial, analizo los efectos de lo que diferentes autores denominan tecnofeudalismo, en el marco de las relaciones digitales, sobre la constitución de un nuevo régimen de tecnoderechos, los derechos digitales en el entorno de las tecnologías de la información y la comunicación.

Lo que en este trabajo nos preguntamos es si es conveniente el uso de un instrumento de las inteligencias artificiales como CHAT GPT para las prácticas que se mandan a los estudiantes de Derecho. Y la contestación no puede ser taxativa o cerrada, por lo que se aconseja un uso moderado, pero inexcusable de todos estos instrumentos de la llamada Inteligencia Artificial generativa o creativa. Lo primero que debemos entender es qué se entiende por práctica. Se entiende por práctica la tarea jurídica en la que se ejemplifican o toman forma los conceptos jurídicos explicados en abstracto para hacer de ellos un uso jurídico que resuelva problemas o derechos entre los ciudadanos. Esa práctica está recomendada en todos los niveles jurídicos, incluso en los finales, que son el principio de su carrera de abogados, jueces, fiscales, notarios, registradores. todos tienen en las prácticas el complemento y uso de esos conceptos, principios, normas y derechos que han ido aprendiendo y se trata de una segunda parte la de comprender su incidencia en la vida real.

En este artículo se analiza la situación tributaria de las criptomonedas en Argentina y su comparativa con España. Observamos cual es el efecto de la insuficiencia normativa y el vínculo que existe entre las criptomonedas y maniobras como la elusión, la evasión y la fuga de capitales. Resulta fundamental en nuestro análisis, los aportes obtenidos en base al grado de avance logrado en estas dos naciones.

Buscamos demostrar que las criptomonedas no son un ambiente propicio para que el Estado cobre más impuestos o ejerza una mayor presión fiscal sobre los/as contribuyentes, sino que es necesario la transparencia y políticas innovadoras para aprovechar los beneficios de las mismas y evitar el perjuicio fiscal producto de maniobras que perjudican a la sociedad en su totalidad.

Este artículo explora cómo la Inteligencia Artificial (IA) desafía y redefine los principios fundamentales del Derecho Internacional Público en un mundo globalizado. A través del análisis de casos y conceptos clave, se examina la influencia de la IA en áreas como la abstención del uso de la fuerza, la resolución pacífica de conflictos, el respeto a la soberanía estatal y la cooperación internacional. Se discuten tanto las oportunidades como los riesgos asociados con la integración de la IA en las relaciones internacionales, destacando la necesidad de marcos legales adaptados que preserven la equidad, la seguridad y los derechos humanos en la era digital.

Este artículo estudia la implementación del Reglamento (UE)2024/2809 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, que modifica el Reglamento de abuso de mercado y el Reglamento de instrumentos financieros y el nexo con el Reglamento (UE) 2024/1689 (Inteligencia Artificial), la evolución de la manipulación algorítmica por operadores bursátiles autónomos ante una deficiente normativa de la Unión Europea sobre los FX contracts.

El panorama regulatorio ha cambiado y uno de los exponentes es el cambio de política adoptado por la administración Trump, que apuesta decididamente por la desregulación. Como consecuencia, la UE está cambiando abiertamente su narrativa para reposicionarse como un actor más competitivo. Informes recientes de la UE, como el de Mario Draghi, ya comentado en el número anterior de esta revista, han intensificado la presión interna en esta dirección. Parece por tanto que el nuevo horizonte vendrá presidido por una mayor competitividad y una aplicación más débil de las previsiones del RIA

Se analiza el proyecto de ley de protección de neuro derechos de Costa Rica, que tiene como objetivo «la protección de neuroderechos, entendidos como los derechos destinados a proteger, teniendo como base los principios de la bioética, los datos neuronales personales, las funciones y actividad cerebrales en los procesos de investigación, avances en neurotecnología y procedimientos médicos, así como el resguardo y respeto por la conciencia y pensamiento de los seres humanos»

La reciente reclasificación en la UE de los dispositivos de estimulación cerebral no invasiva (NIBS), donde han pasado de Clase I a Clase III, ha generado gran controversia. Ello implica los graves obstáculos para la investigación y acceso a tratamientos innovadores, incrementando la burocracia y los costes para la investigación, que ralentiza el desarrollo de nuevas aplicaciones terapéuticas.

Como consecuencia la regulación excesiva sitúa a Europa en clara desventaja competitiva frente a otros países no tan restrictivos o con menos restricciones. La comunidad científica ha manifestado su oposición y solicita la urgente revisión de dicha reclasificación, basándose en que se deben utilizar evidencias actualizadas para garantizar la seguridad y la innovación en el campo de la neurotecnología.

El Reglamento europeo de Inteligencia Artificial es una norma extensa y compleja, de alto componente tecnológico, cuyo articulado diseña un intrincado conjunto de obligaciones a cargo tanto de las empresas como de las administraciones públicas que utilicen esta tecnología. Cumplir el RIA va a exigir, a los profesionales del Derecho y a los de la tecnología, no solo de un estudio detallado de la norma, sino también va a requerir de un diálogo permanente entre ellos y con expertos en otros ámbitos, como la ciencia de datos, la informática, la estadística, la sociología y la ética.

Esta obra trata el estudio de la acelerada digitalización de las Administraciones Públicas, que está suponiendo la vulneración de los Derechos y garantías de las personas mayores en los procedimientos administrativos electrónicos como consecuencia de la brecha digital que afecta a casi la mitad de la población española, teniendo en cuenta también el riesgo de despoblamiento de los municipios y cómo afecta al acceso a infraestructuras y servicios digitales. Asimismo, analiza la política fiscal en este contexto marcado por el acusado envejecimiento de la población, tanto en la vertiente del gasto público como de los ingresos.

Se analiza en el presente trabajo la actualización de la doctrina del Tribunal Supremo en relación con las guardias localizadas del personal sanitario. El análisis alcanza a la fijación de las competencias autonómicas en la determinación del programa en el que deben realizarse las mismas y la propia modalidad de aquellas. Más allá de este régimen de concreción, la STS señala un criterio convincente a la hora de computar o no como trabajo efectivo el tiempo de dedicación a las guardias localizadas. El criterio se sitúa en la proporcionalidad del sacrificio y en las condiciones que se imponga a los obligados en relación con su propia esfera de libertad y de movimientos. Este criterio resulta adverado por una serie de elementos de valoración que comienzan a tener un planteamiento común.

El recibo de finiquito no está sujeto a formalidades específicas, pero su validez depende de un contenido claro y detallado que refleje la voluntad del trabajador de finalizar la relación laboral y especifique los conceptos remuneratorios liquidados. La falta de precisión o de función transaccional puede invalidarlo, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

La ironía de Pérez-Reverte no solo es un recurso estilístico, sino una herramienta crítica para cuestionar la narrativa oficial sobre la democracia española. Al sugerir en redes sociales «releer la Constitución» después de medio siglo, invita a una introspección colectiva sobre cómo se ha implementado el pacto constitucional y las consecuencias de su desnaturalización. Su crítica apunta a una erosión de la confianza en las instituciones democráticas, destacando que la desviación de los principios constitucionales afecta no solo a la política, sino a la legitimidad del Estado de Derecho. Pérez-Reverte no solo denuncia la acción de los políticos, sino también la inacción de la sociedad ante estos procesos. El término «anticonstitucional» adquiere un peso discursivo que provoca una reflexión sobre el presente y el futuro de la democracia en España. Su intervención busca abrir un debate más allá de lo legal, planteando cuestiones sobre el papel de los ciudadanos en la defensa activa de los principios constitucionales. La crítica no es solo una denuncia, sino una invitación a reconsiderar el valor y significado de la Constitución, entendida no solo como un texto legal, sino como un compromiso vivo con la justicia, la libertad y la igualdad.

Una de las funciones de la universidad española es la formación a lo largo de toda la vida o formación continuada (Ley 6/2001). Generalmente, esta función se entiende dentro de un modelo productivo según el cual la educación exige un retorno económico a la sociedad. Ahora bien, la formación a lo largo de toda la vida también puede significar el acceso de la población de cualquier edad adulta a los estudios universitarios con la única finalidad de gozar del conocimiento superior. Eso es lo que justifica realmente los programas de acceso a la universidad para personas mayores implantados en la universidad española.

La jurisdicción contencioso-administrativa ha calificado como concesión de servicios los contratos de arrendamiento que AENA suscribe con los empresarios de restauración en los aeropuertos. Por tanto, corresponde al orden contencioso conocer de las demandas en las que se articulan pretensiones de reequilibrio contractual de tales concesiones.

La tardanza en presentar la demanda no es suficiente para considerar que el interés de la niña aconseja mantener el apellido de la filiación paterna matrimonial impugnada cuando no se solicitó por la madre ni por el presunto padre, ya fallecido, ni por sus descendientes al contestar a la demanda, y cuando tampoco consta el consentimiento de sus descendientes ni la celebración de una vista en la que se haya debatido la cuestión.

Acreditada la autorización de la naviera para realizar traslados de ida y vuelta entre dos puntos concretos con fines turísticos, no puede exigirse la recogida y descarga del pasaje en un solo punto, ni considerar que los servicios prestados son de línea regular de cabotaje marítimo.

El juez no puede apartarse de los hechos probados, por más que lo justifique en el redactado de su fundamentación.