Cuatro catedráticos de Derecho Procesal analizarán las consecuencias para la práctica de la nueva regulación de los MASC introducida por la LO 1/2025. La cita será el próximo 25 de marzo de 17 a 18 h.

Además de la sustitución de los juzgados de lo social unipersonales por secciones de lo social de los nuevos tribunales de instancia, las reformas de la Ley Orgánica 1/2025 en la jurisdicción social se han dirigido a agilizar la tramitación de los procesos, facilitando el pronunciamiento de sentencias de viva voz y la celebración de los actos de conciliación y juicio separadamente, para ganar en eficiencia y aliviar la carga judicial. La reforma procesal más importante ha sido la objetivación del recurso de casación para la unificación de doctrina, cuya admisión suma, al requisito de la contradicción judicial en identidad de supuestos, la existencia de un interés casacional objetivo, que la Ley define, sin vincularlo, lamentablemente, a la tutela de derechos fundamentales.

Se analiza en las presentes líneas el debate que desde hace varios años está surgiendo en la sociedad acerca de la necesidad de introducir modificaciones importantes en el régimen de la responsabilidad penal de los menores de edad ante la gravedad de los hechos que se están cometiendo por menores de edad imputables, y, también, por menores de edad inimputables por tener edad inferior a los 14 años de edad, planteándose por muchos sectores la necesidad de revisar la inimputabilidad de los menores de esta edad, ante la gravedad de hechos que se están cometiendo, y que demuestran la necesidad de introducir reformas legales que eviten la victimización constante que se está produciendo ante la autoría de hechos graves por menores de edad y el fracaso de las medidas de reeducación que se están proponiendo y aplicando.

Respecto de la cuestión de la imputación hereditaria de las donaciones hechas a descendientes legitimarios que repudian la herencia existen dos teorías enfrentadas. Una primera que, partiendo de la idea de que el descendiente legitimario que repudia sigue siéndolo, imputa la donación recibida en su legítima estricta y el posible exceso al tercio de libre disposición hereditaria. Otra segunda que, considerando al legitimario descendiente que repudia como un verdadero extraño en la herencia, hace la imputación de la liberalidad únicamente en la parte de libre disposición hereditaria, reduciendo el exceso si lo hubiera. La relevante STS (1ª) 18 diciembre 2024 se ha decantado expresamente por esta última posición doctrinal, desmontando los argumentos de la postura contraria.

El artículo aborda la regulación del espacio ultraterrestre, focalizándose en la normativa y tratados internacionales que lo rigen. Desde el primer Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, que prohibía a cualquier gobierno reclamar recursos celestes, definiéndolos como patrimonio común de la humanidad, hasta tratados más específicos relacionados con la responsabilidad por daños de objetos espaciales o su registro o la recogida y uso de muestras lunares para fines científicos. Una regulación que, aunque ha ido evolucionando, sigue siendo un tema en desarrollo con desafíos interpretativos y de implementación.

Este texto ofrece un análisis exhaustivo sobre la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) del 25 de abril de 2024 en los asuntos acumulados C-345/22 a C-347/22. La sentencia aborda aspectos fundamentales relacionados con la oponibilidad a terceros de las cláusulas de sumisión a jurisdicción y arbitraje en los conocimientos de embarque. La decisión del TJUE se centra en la interpretación del artículo 25 del Reglamento (UE) n.^o 1215/2012, conocido como Reglamento Bruselas I bis, y examina cómo estas cláusulas, que designan la jurisdicción o el arbitraje para la resolución de disputas, afectan a terceros que adquieren los conocimientos de embarque. Este comentario analiza la influencia de la sentencia en la práctica del transporte marítimo y las implicaciones para las partes involucradas, incluidos transportistas, aseguradoras y otros actores del comercio internacional.

La ausencia de regulación del modo en que los desarrolladores de inteligencia artificial tratan, entrenan y obtienen resultados de los datos que analiza, puede provocar un impacto negativo en los derechos fundamentales generando, incrementando o perpetuando desigualdades, situaciones discriminatorias, no equitativas o injustas. El presente artículo, pretende identificar las posibles repercusiones que el uso de esta tecnología puede provocar en los derechos fundamentales, e igualmente, valorar, como la observancia de los principios éticos elaborados por los organismos internacionales y en la actualidad la reglamentación aprobada por parte de los desarrolladores de los sistemas de IA, puede evitar dicha afectación.

Por un error humano al programar el envío de archivos adjuntos en los correos remitidos desde la plataforma en línea se comunicaron a distintas empresas y gestorías datos personales de trabajadores que no pertenecían a las mismas.

Rechaza la petición de la recurrente de que se le aplique la Ley de Amnistía, ya que los hechos probados no guardan relación alguna con el proceso independentista catalán.

No se cercioró de que los certificados emitidos fueran válidos para el fin pretendido. Podían inducir a confusión al emplear un método por entonces novedoso que no se utilizaba para la PCR clásica, de modo que las autoridades sanitarias chilenas consideraron que sólo constituían un test de antígenos. Como consecuencia, los demandantes fueron deportados, a su regreso a España se sometieron a una nueva prueba urgente, y el mismo día de su llegada tomaron un segundo vuelo a Santiago de Chile, soportando más de 39 horas de vuelo y perdiendo 2 días del viaje programado, que tenía por motivo visitar a su hija, residente en ese país, a la que no veían desde hacía más de 6 meses por las restricciones impuestas por la pandemia, sufriendo por ello daños materiales y morales que deben ser resarcidos.

No vulnera el derecho a la libertad sindical la implementación de un nuevo sistema de registro de jornada, porque no solo no supone una restricción en el disfrute del crédito horario por parte de los Delegados, sino que sirve para comunicar las horas dedicadas a tareas sindicales, y las horas destinadas a prevención, precisamente por la necesidad de éstas, para poderse reconocer como crédito horario exigen prueba de haberse empleado en reuniones o en el resto de las tareas expresamente previstas en el art. 37.1 tercer párrafo LPRL

Si a la fecha de devengo del IS, la sociedad de nueva creación no formaba parte de un grupo como sucede en el caso, se debe anular la liquidación impugnada porque el requisito negativo de no pertenecer a un grupo mercantil, exigido por el articulo 29.1 de la LIS para la aplicación del tipo de gravamen reducido por entidad de nueva creación, debe cumplirse en el momento de devengo de la obligación tributaria y no en la fecha de constitución de la entidad.

Durante el tiempo que dure la situación de liquidación del fondo de inversión, los partícipes, contribuyentes del IRPF, podrán acogerse, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 94 Ley 35/2006, al régimen de diferimiento por reinversión entre participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva.

La redistribución del local no constituye una modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal. Tampoco es obstáculo que la redistribución del local suponga la entrada en el régimen de propiedad horizontal de nuevos copropietarios, lo cual podría tener impacto en el uso de elementos comunes. Si lo que desea la comunidad es restringir la entrada de nuevos propietarios, o los usos de ciertos elementos, tendría que hacerlo en un estatuto privativo, inscrito en el Registro de la Propiedad, para que tenga efectos frente a terceros.

Se trata de un mecanismo de financiación a corto plazo en el que una entidad adelanta los cobros al bufete y mejora el circulante.

En esta nueva edición, que tendrá lugar los días 27 y 28 de marzo, se analizarán distintas cuestiones polémicas de plena actualidad en las comunidades de propietarios.

Los Ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de Ciencia, Innovación y Universidades han convocado la primera prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la abogacía para el año 2025.

El Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Campo Moreno, ha estimado por mayoría el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista contra la modificación del art. 133.2 del Reglamento interno de esa Cámara que se produjo en el año 2023.

En su sentencia, de 117 páginas y ponencia del magistrado Eloy Velasco, el Tribunal rebaja de 40 a 10 millones de euros a pagar, de forma conjunta y solidaria a la Comunidad de Madrid, entre el exconsejero y otros acusados.

El Ejecutivo comunitario ya advirtió a España de este trato fiscal discriminatorio en 2021 y 2024, pero las autoridades nacionales han defendido en sus diálogos e intercambios posteriores que la legislación tributaria española se ajusta a las normas europeas.

El Consejo de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado el Convenio para la Protección de la Abogacía, fruto de las intensas gestiones llevadas a cabo por el Consejo General de la Abogacía Española en estos últimos días.

La mujer fue finalmente absuelta del delito de tráfico de drogas por el que fue enviada a la cárcel. En cuanto al importe de la indemnización -ella solicitaba 65.881 euros- la magistrada explica que se debe fijar en función del tiempo de privación de libertad y de las consecuencias personales y familiares que se hayan producido.