Ricardo Alonso, miembro del Consejo Asesor de Aranzadi LA LEY, es catedrático de Derecho Administrativo y de la Unión Europea de la Facultad de Derecho de la UCM. Titular en tres ocasiones de una Cátedra europea Jean Monnet, ha recibido múltiples reconocimientos al más alto nivel en América Latina.

De nuevo este 8M celebramos en Aranzadi LA LEY el Día Internacional de la Mujer, un evento especial que comenzó a fraguarse muchísimos años atrás, siendo establecido finalmente en 1977 por la ONU. Pero, ¿Cómo comenzó todo? ¿Por qué un 8 de marzo o por qué se representa con el color morado? Os contamos algunas curiosidades al respecto.

Este 2025 se conmemora, además, el 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada por 189 gobiernos durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995. Este documento sigue siendo la hoja de ruta fundamental para el avance de los derechos de las mujeres en todo el mundo.

Se analiza la situación que se ha recogido en el Código Penal en los delitos de agresiones sexuales con respecto a la situación en la que se encuentra la víctima del ataque de contenido sexual en las tres modalidades que se contemplan en los artículos 178 y 179 del texto penal con relación a aquellas mujeres que se hayan privadas de sentido, o de cuya situación mental se abusare, frente a las que se encuentran con su voluntad anulada, a fin de establecer sus diferencias conceptuales y cuáles son las situaciones concretas a las que se refieren estas descripciones y la respuesta penal que en cada caso se aplica.

A propósito de la LO 10/22, de 6 de septiembre, se analiza en el contexto del Chemsex, como práctica sexual entre hombres con consumos de sustancias psicoactivas: 1) la vertebración del consentimiento en relación al sujeto pasivo del delito, 2) la sumisión química vs la vulnerabilidad química y 3) el posicionamiento del autor del delito en el ámbito de las actio libera in causa.

Aun con la entrada en vigor de la «Ley de igualdad» de 2007, la Instrucción de Instituciones Penitenciarias (IIPP) que regulaba los uniformes de los funcionarios y funcionarias de IIPP para determinados puestos de trabajo, seguía distinguiendo modelos distintos para mujeres y hombres hasta 2024. Este aspecto no solo era contrario al derecho y principio de igualdad, sino que mantenía estereotipos sexistas y resultaba incoherente con las funciones prácticas que tienen atribuidas, por ejemplo, el Cuerpo de Ayudantes de IIPP que, desde 2008, dejó de diferenciarse por escalas separadas masculina y femenina. No obstante, los aspectos relacionados con la uniformidad del personal (incluyendo el equipamiento personal ante agresiones) se fueron desarrollando mediante instrucciones y órdenes internas, añadiendo recientemente un nuevo modelo de uniforme para las unidades caninas penitenciarias y dejando de utilizarse un lenguaje sexista. Veamos un resumen de esta evolución durante la época constitucional.

En esta pieza se realiza una reflexión de fondo sobre la llamada "perspectiva de género", un concepto lábil y brumoso donde los haya. Una vez se establece su origen y noción, así como su reconocimiento internacional y nacional, se aborda frontalmente por qué consideramos que no es una buena idea, ofreciendo razones razonadas para el debate, valga la redundancia.

La trata de seres humanos no sólo resulta ser uno de los delitos que mayor flujo económico —de origen ilícito— mueve a nivel mundial (junto con el tráfico de estupefacientes y el de armas); sino que, además —y en este punto nos adentraremos en el presente trabajo—, es uno de los ilícitos donde de forma más clara se ve reflejada la violencia de género, en especial en su modalidad de explotación sexual de mujeres, la cual se intensifica cuando los tratantes se valen de mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad, lo que prácticamente anula su capacidad de consentir libremente sus actos. Esas circunstancias implican una violación a los derechos humanos fundamentales. Todo ello nos lleva a efectuar un abordaje integral de la trata desde un enfoque victimocéntrico del delito, basado en un análisis tripartito de la trata sexual planteado como «paradigma de las 3V»: violencia de género, vulnerabilidad de las víctimas y violación de los derechos humanos.

El deber de protección de las mujeres víctimas de violencia de género exige el dictado de medidas judiciales en contra de los agresores. La República Argentina y España han dictado normas que instauraron medidas de prevención. Sin embargo, al ser medidas de coerción, para estas decisiones judiciales se exigen dos requisitos esenciales: la verosimilitud del derecho y el riesgo.

La verosimilitud del derecho responde a indicios probatorios y el riesgo se valora, en lo común, a través de exámenes médicos, antecedentes penales e informes asistenciales. Adicionalmente, España comenzó a evaluar y predecir el riesgo mediante sistemas de seguimiento y guías (ej. Sistema VioGén, RisCanvi, S.A.R.A).

Este trabajo comparte la idea de la necesidad de fomentar e institucionalizar estas prácticas españolas, para alcanzar pronósticos de violencia precisos, que reduzcan al máximo el riesgo de reiteración de delitos y permitan valoraciones rápidas y objetivas para el dictado de medidas preventivas.

El uso de la IA Generativa plantea importantes problemas jurídicos en materia de propiedad intelectual, fundamentalmente en dos grandes temas: licitud del uso no autorizado de materiales prexistentes protegidos por derechos de propiedad intelectual en su entrenamiento y determinación de quién puede o debe ser considerado autor de los resultados.

El entrenamiento de los sistemas basados en lenguaje natural es clave, así como una serie de medidas para depurar y controlar los datos que se usan.

El ejercicio de la acusación penal por la víctima-denunciante impide que pueda ejercerse el derecho a no declarar como testigo en ese mismo proceso.

En este caso se trata de un directivo varón que demanda por percibir un salario inferior que el que cobran otras directoras, pero al ser una relación de alta dirección es lícito que la empleadora pacte un salario superior con aquellas personas cuyo perfil profesional le resultara más interesante.

Resulta irrelevante el destino o utilización que el acusado hiciera de ese material, incluso aunque no lo difundiera, o lo borrase inmediatamente.

Las obras, por su entidad, solo pueden concebirse si había entre ambas partes voluntad de estabilidad y permanencia, de modo que el hecho mismo de su realización es elemento suficiente para entender que hubo voluntad de integrar ambas viviendas al mismo contrato de arrendamiento. No se trata, por tanto, de un acto de mera tolerancia a la que la actora haya decidido poner fin.

Aunque mejora la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad, la proporción sigue siendo considerablemente más baja que la de los hombres.

Según las conclusiones del informe elaborado por el Colegio de Registradores de España, el 65% de las empresas españolas no cuenta con mujeres en órganos de Administración.

El acuerdo alcanzado el pasado martes por el Gobierno y Junts para delegar a Cataluña las competencias en materia migratoria ha suscitado un debate sobre la constitucionalidad de la medida que podría llegar al Tribunal Constitucional (TC), donde no hay doctrina válida debido a la oscilación de sus decisiones sobre delegaciones competenciales. Así las cosas, fuentes jurídicas consultadas indican que se enfrentaría a un debate inédito.

Es importante fomentar la empatía y la conciencia sobre la importancia de respetar estos espacios y por tanto, sensibilizar a los usuarios de las vías públicas para que reserven las plazas de estacionamiento de movilidad reducida, a quién tenga derecho.

El Auto indica que al haber hecho desaparecer la información que pudiera encontrarse en sus distintos dispositivos, ha debido ser suplida mediante una investigación tecnológica compleja, estando a la espera del resultado de unas comisiones rogatorias remitidas a Irlanda.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de la querella contra el rey emérito Juan Carlos I por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública que presentaron el pasado mes de noviembre magistrados jubilados, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales ante la Sala de lo Penal del TS.

El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 8.921 en 2024, cifra un 4,3% inferior a la de 2023 y la más baja desde 2020, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras semanas sin recibir el producto, el cliente solicitó la devolución del dinero, la empresa no lo hizo y le envió el móvil un año después.