La Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015 sustituyó un texto que se remontaba a 1881 para regular la conciliación, pero por diferentes razones no ha servido, ni sirve, para evitar el litigio y antes al contrario, se ha convertido en un acto de comunicación reforzado que en pocas ocasiones tiene eficacia. Partiendo de esta circunstancia se analiza en este trabajo las posibilidades que ofrece la Ley Orgánica 1/2025 para adaptar la conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia a los mandatos de la reforma y, transformarla en un verdadero requisito de procedibilidad.

La sentencia de 30 de enero de 2025 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afronta la problemática de la gestión irregular y delictiva de residuos peligrosos en la región de la Campania, en Italia. Se trata de una de las sentencias más difíciles y complejas dictadas por el altamente reputado órgano judicial. Es interesante aplicar el contenido de la sentencia a la evolución de esa misma problemática en España, con la que, casi inevitablemente, observamos similitudes.

Se examina la medida de expulsión de extranjeros como sustitución de la pena de prisión del art. 89 del CP, conforme la reforma implementada a través de la LO 1/2015. Además, se analiza el descenso de los últimos años en la materialización de la medida de expulsión sustitutiva. Por último, se plantea como propuesta de lege ferenda la modificación del apartado primero del art. 89 CP en el sentido de ampliar la medida de expulsión sustitutiva para delitos castigados con pena inferior a un año de prisión.

El artículo analiza la interrupción del plazo de prescripción para el recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad. Según el Tribunal Supremo, el recargo tiene una naturaleza híbrida, de prestación e indemnización, y no es un procedimiento sancionador. La prescripción, de cinco años según el artículo 43 de la LGSS, solo se interrumpe durante los 135 días hábiles establecidos para la tramitación del expediente administrativo. Si este plazo no se cumple, se entiende que la solicitud ha sido desestimada y el trabajador puede acudir a los tribunales. En el caso analizado, al haberse superado el plazo sin resolución, el derecho al recargo se declaró prescrito.

Los hechos no pueden entenderse amparados en la alegada libertad de expresión.

Comunicar el inicio de las obras a la arquitecta es función propia del administrador, aunque no exista norma legal al respecto ni tampoco estuviera contemplado en el acuerdo aprobado por la junta de propietarios, porque deriva de las exigencias de la buena fe.

La atipicidad penal no equivale proclamar la irrelevancia de los hechos, eventualmente sujetos a las oportunas responsabilidades administrativas o contables.

Advierte, como un elemento relevante en la determinación de los elementos intención y vejatorio de las conductas desplegadas contra el demandante, la coincidencia de las mismas con la denuncia penal formulada por el demandante contra algunos mandos del cuerpo de la Policía Local por supuestas irregularidades.

Entre otros, señala que la decisión de incorporar como criterio de adjudicación uno o varios criterios sociales, exige que siempre estén vinculados al objeto del contrato, y ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, sin conferir al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada.

Un supuesto es el ejercicio imparcial de las funciones del evaluador que se encuentra comprometido debido a razones personales, por haber trabajado en la empresa licitadora dentro de los dos últimos años, previos a su participación como experto en la evaluación de criterios sujetos a juicio de valor.

El TACRC entiende que esta solución debe ser superada, en una recta comprensión de la consideración legal de las relaciones que se entablan en el seno de un grupo de sociedades, que en modo alguno presuponen (más bien todo lo contrario) la existencia de una voluntad societaria única.

Se incorporan una serie de medidas en materia de viviendas de uso turístico, con el fin de realizar los ajustes urbanísticos necesarios para proteger el uso residencial a sus fines principales de servir de alojamiento estable y permanente, ofreciendo herramientas a los ayuntamientos andaluces para que puedan adecuar mejor y con mayor seguridad jurídica esta actividad, según su modelo de ciudad y las necesidades de sus habitantes.

Se aprueba un tipo reducido del 4 % aplicable en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados (modalidad de transmisiones patrimoniales) devengado por la adquisición de primera vivienda habitual por jóvenes menores de 40 años.

La medida es compatible con el art. 15.3 de la Directiva 2006/123/CE, sobre servicios en el mercado interior, interpretado a la luz de los arts. 16 y 38 CDFUE, por los que, respectivamente, se reconoce la libertad de empresa y se garantiza la protección de los consumidores, siempre no vaya más allá de lo necesario para conseguir los objetivos que persigue (fomentar el acceso a la vivienda a precios asequibles para las personas vulnerables y proteger a los consumidores ofreciendo mayor transparencia en los precios) y no se pueda sustituir por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.

Apreciación del carácter indispensable del acceso a una plataforma digital. Efectos del comportamiento reprochado. Justificación objetiva del mismo. Necesidad de que la empresa en situación de posición dominante desarrolle una plantilla para una categoría de aplicaciones con el fin de permitir el acceso. Determinación del mercado descendente pertinente.

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El objetivo de la reforma propuesta es consolidar la efectiva especialización en violencia de género de estos órganos judiciales.

Según el informe de la Fiscalía, la mayor parte del dinero defraudado en 2024 estaba relacionado con delitos graves y transfronterizos con el IVA, lo que supuso eludir hasta 13.150 millones de euros.

En el encuentro se abordará la puesta en marcha de los tribunales de instancia. También estudiarán la composición de las secciones especializadas dentro de cada orden jurisdiccional y de las secciones de violencia contra la mujer.

La Comisión Europea ha advertido este lunes de un aumento de la contaminación por microplásticos en toda la UE y ha reconocido que se necesitan más medidas para atajar sus pérdidas, que se estima que han aumentado entre un 7% y un 9% entre 2016 y 2022, cuando la meta es reducirlas en un 30% en 2030.

El mes finalizó con casi 21,2 millones de cotizantes y en términos desestacionalizados se superaron los 21,4 millones de afiliados.

La Sala de lo Social sostiene que es necesario computar como cotizados los periodos anteriores en los que figuró encuadrada en el Régimen Especial de Empleados de Hogar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró en febrero de 2022 contraria al derecho comunitario la disposición nacional que excluía a los trabajadores del hogar de las prestaciones por desempleo