Análisis del status quo, habrá que ver si provisional, de la causa de disolución por pérdidas COVD-19 de las sociedades de capital españolas tras la derogación del RDL 9/2024 y la publicación del RDL 1/2025, con atención a los regímenes singularísimos por las consecuencias de la barrancada valenciana de octubre de 2024. Incidencia de tal situación en la responsabilidad de los administradores sociales por no disolución.

Existen casos «de libro» que pueden servir para explicar en las facultades de Derecho lo que, en cualquier caso, no puede ser objeto de regulación por un decreto-ley, por resultar evidente, prima facie, que se carece del presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad, constitucionalmente exigible

Este artículo analiza los créditos revolving y la reciente doctrina emanada del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, número 154/2025, y número 155/2025, de 30 de enero, que aborda la cuestión relativa a la falta de transparencia y la abusividad de las cláusulas que fijan el interés remuneratorio en los contratos de tarjetas de crédito revolving.

La experta en Derecho Digital comparte los inicios del centro de formación The Legal School y reflexiona sobre las ventajas que la Inteligencia Artificial aporta al sector legal, así como los riesgos asociados a su implementación.

La irrupción de la IA generativa en la abogacía plantea desafíos inéditos, especialmente por el riesgo del sesgo de automatización: la tendencia a confiar ciegamente en los resultados generados por la IA. Este artículo analiza cómo dicho sesgo puede comprometer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, derivando en mala praxis y posibles responsabilidades civil y deontológica para el abogado. A partir de la nueva Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, se examinan los deberes de supervisión y diligencia en el uso de IA, así como las implicaciones éticas y jurídicas de su aplicación. Los recientes casos del Auto 2/2024 del TSJ de Navarra ilustra estos riesgos, subrayando la necesidad de una formación técnica y ética adecuada al albur de la buena fe procesal. Se efectúa una reflexión crítica con base en la LODD 5/2024 y el necesario equilibrio entre innovación tecnológica y responsabilidad profesional.

La batalla legal ha comenzado: ya se han presentado las primeras denuncias por la promoción que hizo el mandatario argentino en redes sociales.

El Supremo señala que lo determinante no es tanto que las viviendas cuenten con la licencia de primera ocupación como que estén terminadas y que ese sea su destino legal; "aptos para su utilización como viviendas" en la propia expresión de la LIVA.

Concurren los criterios legales de exclusión, intensidad, topográfico y cronológico. Ocurrido el siniestro unas horas antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma  y en un clima de desbordamiento de los centros de salud, debe reputarse razonable que la perjudicada prescindiese de acudir inicialmente a su centro de salud y optase por la atención telefónica. También es comprensible que, en tal situación, la lesionada no previera la necesidad de recabar informes médicos por escrito.

Para los funcionarios públicos la normativa de aplicación elimina cualquier referencia a la necesidad de un acuerdo con el empleador, pudiendo ser activados más de una vez al año y sin necesidad de la aquiescencia de la Administración.

La titulación exigida de formación profesional básica de actividades domésticas y limpieza de edificios era de imposible acreditación para todos los nacidos antes de 1997 lo que supone introducir en las bases un criterio discriminatorio por razón de la edad.

El pasado 20 de febrero se presentó el informe «El Letrado de la Administración de Justicia en cifras (2024)», durante un acto que tuvo lugar en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. El estudio, elaborado por la Comisión de Estudios e Informes del Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, resalta el contraste entre el importante déficit de profesionales de carrera y las labores «cuasi judiciales» de los letrados, antes secretarios judiciales.

Se publica la relación de los valores que se hayan negociado en centros de negociación, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2024, a los efectos de declarar adecuadamente el valor de los bienes y derechos en el Impuesto sobre el Patrimonio y que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios puedan cumplir con la obligación de suministrar a la Administración tributaria la información sobre la valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en mercados organizados mediante la presentación de una declaración informativa anual.

En una jornada organizada por la Asociación Española de Normalización (UNE) bajo el título «Sistemas de gestión antiacoso escolar», el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro y el abogado penalista Carlos Gómez-Jara, presentarán su propuesta para promover la implantación en los centros escolares de un programa de evitación y prevención del acoso escolar a los menores.

La Sala considera probado que realizó un total de 13 consultas sin permiso. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso ante el TSXG.

Los presidentes de las abogacías europeas, reunidos en Viena en el marco de su 53ª Conferencia, han advertido sobre los riesgos de llevar a cabo una desregulación sin límites en las legislaciones tanto nacionales como comunitarias.

Acusa a Alfafar, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Paiporta y Picanya de "sustraer" y retirar "sin comunicación" los coches

El Consejo General de la Abogacía Española ha instado a las 41 asociaciones y entidades colegiales que pertenecen al Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) a realizar una “defensa contundente” de los valores europeos para frenar la ola regresiva desatada en las últimas semanas.

Deberán desarrollar sus proyectos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, para los que el Gobierno Vasco destina 100.000 euros

La Sala considera probada “la falta de compromiso y de lealtad hacia sus mandos y compañeros, así como la generación de agravios y mal ambiente de trabajo”.

Este libro explora las dinámicas de competencia, regulación de datos y prácticas desleales en mercados digitales, ofreciendo soluciones jurídicas a los retos que plantean plataformas y ecosistemas.