Los informes de la Fundación Aranzadi LA LEY «Innovación y Tendencias en el Sector Legal» y «Break the Limits», presentados el pasado jueves, sitúan a la Inteligencia Artificial como una innovación puntera para las firmas, pero también desconocida.

El presente artículo efectúa una serie de consideraciones acerca del derecho a la información, que regula el artículo 6 de la Ley Orgánica. El autor reflexiona sobre los sujetos que tienen derecho a obtener tal información y, sobre todo, a qué entes u organizaciones públicas puede reclamarse, cuestión esta que la Ley no resuelve con entera claridad. Lo mismo advierte en relación con el objeto de la información (lo que puede materialmente reclamarse): la necesidad de hacer efectivo este derecho a través del auxilio judicial, y las diferencias que existen según que la información que se pretenda forme parte de los documentos judiciales (con la excepción de los datos de carácter reservado, ex art. 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), o se halle en mano de las Administraciones públicas, regidas en este punto por la Ley 19/2013, de trasparencia.

En el presente articulo se analiza el primer caso en el que los Tribunales Españoles han analizado el greenwashing, ecopostureo o blanqueo ecológico. Se abordan cuestiones como la legitimación activa para el ejercicio de acciones de publicidad desleal, el concepto de sostenibilidad y su relación con el de «mediambiental», «verde» o «respetuoso» con el «medioambiente», la posible aplicación de la Directiva de empoderamiento a supuestos previos a su aprobación y diferencias con el régimen vigente, el compromiso «cero emisiones netas», el concepto del consumidor medio en particular frente a las alegaciones medioambientales o el papel de la web corporativa como acto publicitario desleal frente a los consumidores, todo ello ante un escenario sobre el que sin duda tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo.

Análisis crítico sobre la incipiente doctrina jurisprudencial menor que declara la ineficacia de las notificaciones recepticias en materia de arrendamientos urbanos cuando el remitente actúa por cuenta del arrendador.

La SAP Castellón 11/2022, de 29 de julio, condenó como autor de un homicidio doloso a un sujeto que presionó a un chico de 17 años a través de Whatsapp para que se suicidara. En este breve texto, expongo los argumentos por los cuales considero que el acusado tendría que haber sido condenado por un delito de inducción al suicidio ex art. 143.1 CP, planteando a su vez las fricciones existentes entre este precepto y los delitos de homicidio como formas estructuralmente diversas de proteger la vida humana independiente.

La mujer, y especialmente la mujer vulnerable o con discapacidad, se configura en el Derecho Penal como un sujeto pasivo necesitado de especial protección. El objeto de este trabajo es centrarse en la reparación del daño, esto es, desde el punto de vista de la responsabilidad civil derivada del delito, la cuantificación del daño moral.

Tendrá lugar el próximo 10 de marzo en la sede del Colegio de Registradores de España y, como es habitual, tendrá doble formato, presencial y virtual.

La aplicación del art. 42.6 en relación con el art. 84 del ET supone que el convenio colectivo de empresa tiene prioridad aplicativa sobre el convenio sectorial cuando sea anterior en el tiempo a la norma colectiva posterior concurrente, con independencia del contenido.

Desidia absoluta y falta de preocupación de la aseguradora para cumplir sus obligaciones no constando siquiera que pidiera información médica para hacer un seguimiento de la lesionada.

Aun cuando se pudiera llegar a afirmar que la existencia de un vigilante de seguridad hubiera reducido potencialmente el riesgo de un suceso de esas características, faltan las bases para establecer el incumplimiento reglamentario que el artículo 120.3 CP reclama.

El principio de proporcionalidad no se opone a que un Estado miembro opte por establecer una sanción uniforme consistente en privar al prestamista de su derecho a los intereses y a los gastos por el incumplimiento de las diferentes obligaciones de información establecidas en el art. 10.2 de la Directiva 2008/48/CE, aunque la gravedad individual del incumplimiento de cada una de esas obligaciones y las consecuencias que de ello se extraigan para el consumidor puedan variar según el caso.

Se trata de una cláusula limitativa en cuanto restringe los derechos del asegurado. Por tanto, debió estar convenientemente destacada y aceptada por escrito mediante la rúbrica del tomador.

El ejercicio del derecho al beneficio de la reducción de la base imponible del impuesto está condicionado a la concurrencia de determinados requisitos de carácter subjetivo, formal y temporal, regulados por Ley.

Se publica finalmente la Orden de cotización 2025, ante la prórroga automática de los PGE, y por lo tanto continuista. Lo más novedoso, las reglas de aplicación de la nueva cotización de solidaridad.

La Generalitat de Catalunya establece nuevas medidas de carácter urgente en materia de vivienda y urbanismo para garantizar el derecho a una vivienda digna. Las modificaciones legislativas que se introducen con la aprobación del Decreto ley 2/2025, de 25 de febrero, incluyen adaptar varias normas como el texto refundido de la Ley de urbanismo o la Ley del derecho a la vivienda, entre otras, agilizando la construcción de viviendas públicas y garantizando la transparencia en el mercado de viviendas protegidas. Estas acciones buscan enfrentar el problema del acceso a la vivienda y asegurar un equilibrio en el mercado residencial, pese a la situación de prórroga presupuestaria debido a la falta de aprobación de los presupuestos para 2025.

Se establece la aplicación del tipo superreducido de IVA del 4 % a todo tipo de panes, es decir, tanto, al denominado «pan común», como a los definidos por la ley como «panes especiales», antes gravados al 10 %.

En los últimos años han proliferado los premios jurídicos. Desde luego el atractivo personal y la indudable seducción de tener una herramienta de diferenciación con los competidores de un mercado muy intenso, como el de los servicios legales, pueden hacer caer en la tentación de confundir el verdadero alcance, en ocasiones muy dudoso, de algunos de estos galardones que quizás buscan, más que reconocer el prestigio del despacho o el profesional, aprovecharse del suyo.

En ambas sentencias la Sala mantiene la jurisprudencia sentada sobre la cuestión, y considera que esta no es contraria a la interpretación del Acuerdo Marco que acompaña a la directiva Europea sobre trabajo de duración determinada mantenida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Todos los interesados podrán participar hasta el próximo 11 de marzo.

En los documentos se abordan los objetivos, la estrategia anual y el programa de trabajo del organismo independiente.

El Comité se ha creado tras la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA) y defiende la libertad y el pluralismo de los medios de la Unión Europea.

Muhamad considera un "logro notable" demostrar "sentido común del bien común" a nivel mundial: "Hemos enviado una luz de esperanza".

La Sala de lo Social considera que la actividad deportiva podría encuadrarse en las recomendaciones médicas de realizar actividades lúdicas, si no fuera porque se impartían “en su propio negocio que, sin duda, es una entidad mercantil con ánimo de lucro”.

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Senado ha aprobado este jueves el dictamen del proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que continuará el trámite parlamentario y pasará al Pleno de la Cámara Alta.

Se elimina la distinción que había hasta ahora entre los panes comunes (que tributaban al 4%) y los panes especiales (que estaban gravados al 10%).