Las Administraciones públicas cuando actúan como empleadoras de personal laboral se rigen por la legislación laboral (art 1.2 ET y concordantes), es decir, por el derecho privado, que no obstante habrá de conjugarse con los principios generales de organización y funcionamiento de la Administración (art. 23.2 y 103 y concordantes CE); en relación con ello, el tema relativo a la jurisdicción competente para conocer sobre la impugnación de las decisiones adoptadas en un proceso selectivo para el ingreso como personal laboral en la Administración Pública ha sido objeto de diversos cambios legales en la normativa española.

En la Sentencia del Pleno de la Sala 4ª del Tribunal Supremo, 1250/2024, de 18 de noviembre el Alto Tribunal corrigió su jurisprudencia de casi cuarenta años y estableció que la extinción de la relación laboral por despido disciplinario exige la audiencia previa del trabajador, aplicando así el Artículo 7 del Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo. Uno de los argumentos que da es el control de convencionalidad, dando un paso más en la confusión iniciada por el Tribunal Constitucional el 2018 entre control de convencionalidad y prevalencia de determinados preceptos de los tratados internacionales, confundiéndolo ahora con la aplicación directa de determinados preceptos de tratados internacionales. Así, la mención del control de convencionalidad no permite ver, que lo que hay detrás de este cambio de doctrina es, precisamente, la aplicación directa de los tratados internacionales.

Competencia judicial internacional y ley aplicable a los contratos de multipropiedad firmados en España entre consumidores residentes británicos y la sucursal en España de una sociedad inglesa. El TS resuelve sobre el derecho aplicable a unos contratos de aprovechamiento por turno suscritos por unos ciudadanos ingleses, en los que existía una cláusula de sumisión al derecho inglés, estima el recurso de casación por ser aplicable a los contratos litigiosos la ley inglesa y, al asumir la instancia, desestima la demanda, pues la pretensión ejercida por la parte actora fundaba la nulidad de los contratos en fundamentos jurídicos de un derecho que no es de aplicación (el español), sin que el tribunal pueda resolver aplicando un derecho extranjero en el que la parte actora debió fundamentar su pretensión, pero que no ha invocado ni probado.

Las nuevas formas de vivienda para mayores y las iniciativas innovadoras para aprovechar la experiencia de numerosos profesionales que salen de las empresas al llegar a la madurez protagonizan la última sesión de Jubilare, celebrada en Torremocha del Jarama. También se habló de la planificación financiera como herramienta para mantener un buen nivel de vida.

También se ha designado como adjunto a Francisco Pérez Bes, una semana después de recibir ambos la aprobación del Congreso.

Tras señalar los retos para los responsables del tratamiento, el Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB) indica algunos consejos para dar cumplimiento a este derecho.

Aplicación del art. 45 TRLRCSCVM. El hecho de la muerte de la víctima deba ser valorado a los efectos de la cuantificación del crédito, cuando las indemnizaciones tabulares tienen en cuenta la edad y la correlativa esperanza de vida de quienes las sufran y cuando, tras el fallecimiento del causante, se conocen las coordenadas temporales de la persistencia efectiva del daño.

El pacto de la póliza por el que sólo al propietario, conductor y tomador se le reconoce la facultad de designar a los profesionales encargados de realizar su reclamación, garantizando al ocupante, como tercero al contrato, solo la cobertura de defensa jurídica cuando se lleve a cabo por profesionales designados por la aseguradora, tiene carácter delimitador del riesgo y no delimitativo de derechos.

El transcurso de tres años desde la declaración de inexportabilidad hasta la iniciación del procedimiento no determina la caducidad, son procedimientos distintos.

Este tipo penal en su configuración jurídica no requiere para su materialización un concreto peligro para la vida ni la integridad física de las personas, sino que se consuma con superar los márgenes de velocidad establecidos.

No es criterio de fijación de la competencia territorial el del domicilio del trabajador con independencia de ningún otro requisito, sino que debe existir coincidencia entre el domicilio del trabajador y uno de los lugares en donde se prestan servicios.

El Juzgado de lo Penal n.º 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una sentencia absolutoria en un caso de delito contra la salud pública (art. 368 CP), al no poder acreditarse que la sustancia intervenida (CBD con posibles trazas de THC) estuviera destinada al tráfico ni que fuera estupefaciente. La resolución denuncia la absurda criminalización del CBD en España, una práctica judicial que ignora la normativa europea y la ciencia. La sentencia marca un antes y un después en la defensa de los derechos de los empresarios del sector.

La idea es poner el foco en el beneficio y en la mejora específica de los servicios del bufete para tu cliente y dejar en segundo plano el precio.

Las jornadas, que tendrán lugar los días 13 y 14 de marzo, pretenden ser un foro de debate y reflexión para los profesionales de la Justicia ante tan importante cambio en el acceso a la tutela judicial.

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación de Fondo de Contingencia por importe de 7.625.060,09 euros y la concesión de un crédito extraordinario con objeto de posibilitar la concesión directa de subvenciones para estudiantes y familias con hijos e hijas estudiantes afectados por la DANA. Igualmente ha autorizado la aplicación del Fondo por importe de 25 millones de euros y la concesión de un crédito extraordinario, con la finalidad de compensar los beneficios fiscales otorgados a las personas físicas o jurídicas en tributos locales, en los municipios afectados por la DANA a finales de octubre de 2024.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la firma ad referéndum del Protocolo nº 16 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Protocolo.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se actualiza la normativa de aeronavegabilidad y se establecen los requisitos esenciales de las aeronaves ultraligeras motorizadas (ULM), al mismo tiempo que se aprueba un nuevo reglamento para la construcción de aeronaves por aficionados.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de ley que adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación. En concreto, el texto recoge modificaciones en tres leyes ya existentes para incorporar las provisiones de los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065 (Reglamento Europeo de servicios digitales) y 2024/1083 (Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación).

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del Informe "Más derechos, más feminismo, más democracia: un año de avances en igualdad" que recoge la evolución en materia de violencias machistas y brechas de género.

Las incorporaciones permiten a las Salas Tercera y Cuarta recuperar la normalidad, al pasar de 16 a 30 magistrados/as y de 7 a 13, respectivamente.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca ha dictado la primera sentencia firme en España que reconoce el derecho de una trabajadora a disfrutar del permiso parental de 8 semanas retribuido. Además, le concede una indemnización de 30.000 euros por no haberle brindado la oportunidad de disfrutarlo.

La ley para la transferencia de las competencias de tráfico y seguridad vial a Galicia presentada por el BNG ha sido rechazada por los votos del PP, que considera que la propuesta llevada al pleno por los nacionalistas suponía "avanzar en el camino hacia la independencia" para "eliminar" a la Guardia Civil y la Policía Nacional y "sustituirlas" por "una policía gallega".

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha lamentado que el Pleno del Congreso haya rechazado este martes la admisión a trámite de la reforma de la Ley del Suelo y que haya partidos "que consideren que no es necesario debatir sobre una reforma "que imploran los ayuntamientos" de España.

La Mesa de Contratación de Muface ha propuesto finalmente adjudicar el contrato para prestar asistencia sanitaria privada a los funcionarios mutualistas en el extranjero a Nueva Mutua Sanitaria, según ha informado la mutualidad este martes en un comunicado.

El Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, concluye en la condena a España por los cortes de luz en la Cañada Real que para que las personas disfruten de sus derechos a la vivienda, la salud y la educación deben tener un "acceso estable, constante y seguro a energía adecuada".

Análisis crítico y exhaustivo del recurso más empleado en el proceso civil: la apelación. Tras su reciente reforma mediante el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Revisión de los elementos del recurso y su funcionamiento.