Conoce las nuevas obligaciones de facturación para el año 2025.

La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce con su Título I una notable reforma del sistema judicial español, creando los Tribunales de Instancia y rediseñando la Justicia de Paz a través de un sistema de oficinas. ¿Qué cabe esperar de este nuevo sistema de organización judicial? ¿Será más eficiente en parámetros organizativos?

Son numerosos los supuestos en los que los Tribunales han tenido que ventilar conflictos jurídicos entre los progenitores y sus hijos mayores de edad que ocupaban viviendas de aquéllos en precario. Pues bien, en este estudio se va a sistematizar la actual doctrina jurisprudencial —derivada, esencialmente, de las Sentencias de las Audiencias Provinciales, que son las que más abundan—, sobre estos calificados «hijos ocupas» y la forma de lanzarlos, en terminología procesal, fuera de tales viviendas, ya fueran la habitual de sus padres, ya otras a estos pertenecientes.

El presente trabajo aborda el análisis sistemático del delito imprudente, examinando sus elementos constitutivos desde una perspectiva que integra los desarrollos doctrinales más recientes con la práctica jurisprudencial. Se presta especial atención a la determinación del deber de cuidado, la relevancia del resultado en la configuración típica, y los criterios de imputación objetiva que permiten vincular la conducta imprudente con el resultado lesivo, considerando también el papel del consentimiento y la autopuesta en peligro de la víctima.

El ejercicio de la función de comprobación por parte de la Administración tributaria de las bases de una deuda fiscal ya prescrita administrativamente, además de no contar con ningún tipo de cobertura legal que lo autorice, representa un ejemplo paradigmático de vulneración de principios constitucionales y derechos fundamentales, entre los que figuran los principios de legalidad, seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y, por supuesto, el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE); motivo por el cual la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no puede admitir la autonomía investigadora de la AEAT más allá del plazo de prescripción establecido expresamente por la normativa tributaria.

Establece que el término “empresa” comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de esa entidad y de su modo de financiación, designando pues una unidad económica, aunque, desde el punto de vista jurídico, esté constituida por varias personas físicas o jurídicas, lo que determina que el importe máximo de la multa se determina sobre la base de un porcentaje del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior de la empresa.

Como regla general, las reclamaciones internas en el seno de la empresa no activaban la garantía de indemnidad, sin embargo la disp. la Disposición Adicional Tercera la Ley 5/2024 en su apartado primero así lo recoge.

Las consecuencias lesivas del siniestro han de imputarse al ciclista tanto desde la perspectiva causal como culposa. Según se desprende del atestado policial, elaborado a partir de las declaraciones de ambos implicados, cuyas versiones fueron prácticamente idénticas, el ciclista no respetó el semáforo en fase roja que le afectaba.

El Supremo establece doctrina indicando que la autorización de permanencia prevista en la Ley de asilo se configura en el derecho español como un nivel más de protección, permitiéndose su concesión en el contexto de una solicitud de protección internacional, tras la denegación del asilo y de la protección subsidiaria, y sin necesidad de que esté fundada en circunstancias vinculadas con una situación de riesgo o conflicto.

La condición profesional del sujeto activo como notaria en ejercicio no obsta a que pueda ser autor de una falsedad del art. 392.1.4º del Código Penal -en este caso por imprudencia-, por faltar a la verdad en la narración de los hechos.

La fusión por absorción de una sociedad íntegramente participada no afecta sustancialmente a la estructura de poder ni a la composición societaria porque la sociedad absorbente ya disponía de la totalidad de las participaciones representativas de capital de la sociedad absorbida, de suerte que se trata de una mera reorganización societaria. Por ello, ha de entenderse que la exclusión del informe de los administradores afecta tanto a la sección destinada a los socios como a la destinada a los trabajadores.

La norma permite que la reclamación la pueda hacer, de manera colectiva, una entidad legalmente habilitada. En el caso de las reclamaciones de reparación o compensación, el proceso vinculará a todas las personas que sean titulares de los derechos o intereses lesionados.

Aunque en la actualidad nuestro ordenamiento jurídico reconoce diferentes vías de participación tanto de la ciudadanía como de sus entidades representativas, hasta el momento, en el ámbito de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal, no se ha abordado —con la excepción de la CNMV— la regulación de los grupos de interés.

La iniciativa pone fin a los registros de horas en papel y también pretende terminar con cualquier tipo de registro previo o de planificación.

Rechaza los argumentos de Acció Cultural del País Valencià, Famílies pel Valencià y varios particulares y recuerda que la orden recurrida cumple el mandato de la Ley 1/2024, que está en vigor pese a un recurso de inconstitucionalidad.

La Abogacía ha presentado una serie de enmiendas al proyecto de ley que modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para regular el procedimiento de determinación de la edad.

Sumar ha llevado a debate y votación al Pleno del Congreso su proposición de Ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo la soberanía española, una norma que el PSOE ya rechazó en 2023 cuando fue impulsada por su anterior socio de Gobierno, Unidas Podemos.

Las organizaciones convocantes han recordado que los funcionarios están sufriendo retrasos y cancelación de citas médicas y tratamientos por toda España debido a la situación de incertidumbre.

La Seguridad Social destinó en el presente mes de febrero la cifra récord de 13.455,6 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,2% más que en igual mes de 2024, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Gobierno Vasco ha mostrado su "respeto" por el sistema de régimen común, tras el anuncio de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas. De la misma forma, el ejecutivo vasco ha pedido "máximo respeto" para el Concierto económico.