La empresa ha salido a la calle para acercar a los transeúntes el lanzamiento de su nuevo agente virtual para juristas.

Se analiza el derecho del acusado en el acto del juicio oral a guardar silencio respecto a las preguntas que le formulen las acusaciones y en qué medida es positiva esta decisión por la defensa a la hora de negarse aclarar las dudas y cuestiones que les formulen las acusaciones respecto de los hechos que constan en el escrito de acusación.

Sobre todo, se pone de manifiesto si este silencio puede ser utilizado en contra pese al derecho del acusado de mentir y negarse a declarar. Se destaca la reciente STS, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 947/2024 de 6 Nov. 2024.

El Tribunal Constitucional modifica su doctrina y adopta un nuevo paradigma en la interpretación del artículo 45 CE, avalando que el principio rector consistente en la protección del medio ambiente se desarrolle de manera «ecocentrista» por el legislador. Sin embargo, al tratarse de un fenómeno novedoso y ajeno a la tradición jurídica europea, sus consecuencias prácticas resultan todavía desconocidas.

El presente artículo contiene toda una serie de conceptos y expresiones latinas, jurídicas y ajurídicas. Así, durante, más de cuarenta años, se han ido recogiendo de modo paciente y pausado… disfrutando. Porque uno de los placeres más grandes y bellos que se puede enseñar a un jurista, es perderse en los mundos que diseñan los libros antiguos jurídicos, sus máximas, citas, locuciones y principios (con su belleza intrínseca), son todo un compendio de experiencias, de sustancia, de emociones que nos transporta más allá de la aridez del texto jurídico profesional diario.

Un informe del Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB, por sus siglas en inglés) indica los retos para los responsables del tratamiento.

El requerimiento previo de pago es una exigencia establecida por la legislación de protección de datos personales, que no es aplicable al tratamiento de los datos sobre solvencia patrimonial de las personas jurídicas.

La concesión de la nacionalidad española corresponde a la DGSJyFP, que no está vinculada por la valoración del notario. Los medios de prueba que permiten valorar si queda acreditada o no la condición de sefardí del solicitante deben observar de manera rigurosa los requisitos legalmente establecidos. Cuando el certificado expedido por el presidente de la comunidad judía o autoridad rabínica no reúne los requisitos de los apartados a), b) o c) del art. 1.2 de la Ley 12/2015, no se le puede dar valor probatorio con base en el apartado g) del citado artículo. El medio probatorio consistente en el informe motivado que acredite la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español ha de ser «emitido por entidad de competencia suficiente». De modo que los informes de apellidos requieren el respaldo de una «colectividad considerada como unidad, y, en especial, cualquier corporación, compañía, institución, etc., tomada como persona jurídica» de competencia suficiente. Ello no impide que otros informes, como los genealógicos u otros que sean emitidos por expertos o investigadores, puedan ser tomados en consideración. Para impugnar en casación la valoración realizada por el tribunal de apelación de los medios probatorios aportados por el solicitante para acreditar la especial vinculación con España es preciso denunciar un error notorio en la valoración de la prueba (art. 477.2 y 5 LEC).

El uso de la vivienda que pretende atribuirse la hija se fundamenta en la voluntad en su día manifestada por su madre, quien, dado el carácter ganancial de la vivienda, carece de exclusivo poder de disposición sobre ella.

Sin descartar la compatibilidad en aquellos casos en los que exista una sobreabundancia de la situación de desequilibrio de fuerzas entre los agresores y la víctima, se impone una visión no expansiva en su aplicación que se muestra más acorde con la prohibición constitucional que impide una doble valoración del mismo hecho para incrementar la respuesta penal.

La situación de prórroga del Convenio como una prórroga ultraactiva del artículo 86.3 ET, tiene el efecto de mantener las cláusulas de incremento o revisión salarial mientras dure la situación de ultraactividad, salvo respecto a aquellas cláusulas de las que inequívocamente se desprenda una pactada limitación temporal.

Lo que tiene la consideración de elemento privativo es la vivienda unifamiliar tal y como quedó configurada en el título constitutivo, esto es, «distribuida en una planta baja, primera y superior o buhardilla», pero sin comprender ni el suelo sobre el que se asienta, ni tampoco el subsuelo. En consecuencia, debe concluirse que se pretende una alteración del régimen jurídico de los elementos comunes, lo que es materia que compete a la junta de propietarios.

La mesa redonda del próximo encuentro Jubilare aborda el análisis y reflexión sobre tres cláusulas testamentarias de uso e interés crecientes: la del usufructo universal con facultad de disposición en favor del viudo, la de desheredación por maltrato de hijos y descendientes y la que prevé beneficios sucesorios por cuidados al testador o a terceras personas. La especial competencia de las civilistas que abordan las cuestiones tratadas asegura el máximo interés y relevancia de este webinario.

El concepto «vigencia inicial» del apartado 5 del art. 30 de la Directiva 2002/22/CE (servicio universal) es interpretado en el sentido de que se refiere, no solo a los primeros contratos celebrados entre las partes sino también a los subsiguientes, no pudiendo imponer una vigencia superior a veinticuatro meses.

La Comisión Europea ha presentado una nueva visión de la agricultura y la alimentación en la UE, en la que se describen las medidas que adoptará la UE para construir un sistema agroalimentario atractivo, competitivo, resiliente, orientado al futuro y justo en los próximos años.

Se ha llegado a un acuerdo para fijar objetivos de la UE en materia de reducción del desperdicio de alimentos para 2030 y medidas para lograr un sector textil más sostenible y que genere menos residuos. Según las nuevas normas, los productores textiles y las marcas de moda deberán pagar una tasa para ayudar a financiar la recogida y el tratamiento de residuos.

El Pleno del Congreso aprobó el pasado martes la toma en consideración de la proposición de ley sobre modificación del Regimen Económico y Fiscal de Canarias para que las reservas de inversiones puedan dedicarse a la adquisición de inmuebles que se destinen al arrendamiento de vivienda habitual y ha rechazado la proposición de ley de modificación del padrón municipal para impedir la inscripción en caso de ocupación o inmigración ilegal.

El Pleno del Congreso ha aprobado la Proposición no de Ley sobre la menopausia. La iniciativa ha salido adelante en los términos de una enmienda transaccional presentada por los grupos Socialista, Sumar y Mixto que insta al Gobierno a plantear fórmulas para paliar los síntomas de la menopausia.

Ya puedes consultar en Legalteca un nuevo número de Diario LA LEY LEGAL MANAGEMENT, el nº 91, de febrero de 2025, que incluye importantes novedades en materia de gestión de despachos, Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, redes sociales, profesionales de la abogacía, colegios, y abogacía y tribunales

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la declaración institucional con motivo del Día para la Igualdad Salarial. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros del año 2010 se estableció el día 22 de febrero como Día para la Igualdad Salarial y, en consonancia con ello, se aprueba la siguiente declaración institucional.

La sentencia de amparo establece que la lesión de estos derechos se estima imputable, por un lado, al Ayuntamiento de Torrevieja por su conducta omisiva de prevenir, investigar y sancionar las actuaciones de acoso; y, por otro, a la sentencia de apelación dictada por el TSJ Valencia por el incumplimiento de su deber de control judicial de estos derechos.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa para exigir al Gobierno que ponga suelo de titularidad pública en el mercado para construir vivienda a precios asequibles y que habilite desahucios en un plazo de 24-48 horas para desalojar a personas que han ocupado una casa ilegalmente.

La norma establece que las transferencias del Estado a la Seguridad Social han de tomarse como ingresos del sistema público de pensiones

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha trasladado, junto con el resto de patronales del sector, su rechazo a la subida del impuesto al diésel que pretende aprobar el Gobierno en las próximas semanas.

La brecha salarial entre un titulado terciario y un trabajador con educación secundaria obligatoria es del 100% a los 45 años en España.