Aranzadi LA LEY ha alcanzado un acuerdo de colaboración con distintos colegios de abogados, procuradores y graduados sociales para que sus colegiados puedan adquirir esta obra en condiciones excepcionalmente ventajosas. Consulta la lista de Colegios. Oferta válida solo hasta el 21 de febrero de 2025.

Se analiza el art. 433 ter para abordar el concepto de “patrimonio público” y, sobre todo, el de “Administraciones Públicas” desde distintos ángulos, siguiendo diferentes métodos de interpretación con el objetivo de dotar de sentido a un precepto que, en la interpretación generalizada, resultaría superfluo. Las conclusiones del presente trabajo confieren no poca relevancia al art. 433 ter, sin dejar de reconocer su carácter perturbador para el tradicional entendimiento de la noción de patrimonio público en el delito de malversación, desde luego lejos de constituir la “mejora técnica” que anuncia el Preámbulo de la Ley.

La miniserie Querer (2024), dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, ofrece un profundo análisis dramatizado sobre el impacto de la violencia sexual en el ámbito familiar y su posterior judicialización. Este artículo explora la representación del delito indicado y cómo se aborda en los juzgados de violencia sobre la mujer, evaluando tanto la precisión como las limitaciones en la representación de los procesos judiciales. A través de un enfoque crítico, se analiza cómo la narrativa construye las dinámicas de poder, el consentimiento y el trauma, y cómo estas se traducen en las decisiones judiciales y familiares que afectan a las víctimas y los acusados. Además, se identifican las discrepancias entre los procedimientos legales reales y su dramatización, destacando las posibles simplificaciones o errores que podrían perpetuar visiones erróneas sobre el tratamiento judicial de estos casos. Este trabajo busca, no sólo examinar el retrato de la justicia en Querer, sino también contribuir a una comprensión más precisa de las complejidades legales y emocionales que rodean a los delitos de violencia de género en España.

La escasa regulación y la mala praxis de algunos Juzgados de Instrucción ha convertido la designación de los representantes de las personas jurídicas investigadas en una cuestión de suma relevancia. Evitar imputaciones contrarias a derecho o situaciones de conflicto de interés ha pasado a ser algo tan importante como tener implantado un sistema de prevención de riesgos penales acorde a las exigencias del vigente Código Penal.

El director de gestión del conocimiento y legaltech en Chiomenti comparte sus reflexiones sobre cómo la tecnología está transformando el sector legal. Asimismo, establece una comparación entre las dinámicas del mundo anglosajón y las europeas y señala las tendencias actuales y los cambios venideros del ámbito jurídico.

El primer proyecto de Código de buenas prácticas en materia de inteligencia artificial de finalidad general es un marco preliminar desarrollado en el contexto del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que busca regular los modelos de inteligencia artificial (en adelante, IA) de propósito general. Este Código se centra en mitigar los riesgos sistémicos asociados a la IA, promoviendo un uso ético, transparente y responsable de estas tecnologías. Entre sus principios rectores destacan la alineación con los valores fundamentales de la Unión Europea, la proporcionalidad de las medidas según los riesgos, la flexibilidad normativa y la colaboración plural. Además, introduce una taxonomía detallada de riesgos sistémicos, define obligaciones específicas para los proveedores de modelos y establece directrices de gobernanza que incluyen evaluaciones continuas y comunicación transparente con las partes interesadas. Este Código busca equilibrar la innovación tecnológica con la protección de los derechos fundamentales, marcando un precedente para la regulación global de la IA.

Una de las cuestiones más delicadas es la exclusión a colectivos que están sometidos al secreto profesional, específicamente abogados y médicos.

El requisito de la correspondencia entre el contenido fáctico de la papeleta de conciliación y de la demanda se cumplió plenamente porque el trabajador formula papeleta de conciliación, -sin asistencia letrada y en un modelo normalizado que sólo recogía la opción de improcedencia-, y el acto conciliatorio se celebró "sin efecto" por incomparecencia de la empresa que sí constaba citada al acto. No se causó indefensión a la empresa porque en el escrito de demanda figuraron todos y cada uno de los hechos necesarios para decidir la controversia, habiendo transcurridos varios meses hasta la celebración del juicio en el que la empresa demandada pudo valerse de todos los medios de prueba que considerara conveniente, y la sentencia recurrida no incurrió en interpretación rigorista de los requisitos formales exigidos en el artículo 80.1 LRJS, sino en una interpretación adecuada la finalidad de la norma y a la preservación del derecho a la tutela judicial efectiva del trabajador demandante.

El cese en los estudios no responde a indiferencia o desinterés, sino a la decisión de anteponer el interés familiar sobre el propio. El dinero obtenido con su trabajo lo entregaba a su madre para coadyuvar a cubrir las necesidades básicas de la familia. A ello se une la intención convincente de volver a estudiar para lograr una formación integral que amplíe sus expectativas como adulta.

Culpa del establecimiento, con servicio asistido, por falta de diligencia en el control del suministro del combustible hasta la total finalización de la operación de repostaje, y culpa del cliente por no esperar a ser cobrado una vez finalizado el servicio (dejó el importe en el mostrador) y haberse podido apercibir al pasar a la altura del surtidor de que la manguera no había sido retirada. Distribución de la responsabilidad por mitad al no poder determinarse qué conducta tuvo mayor incidencia en el resultado.

Para otorgar valor probatorio sin más a las fotocopias, éstas necesariamente deben ser cotejadas con el original.

El riesgo de exposición como enfermera pediátrica en la unidad de Oncopediatría, aún siendo bajo, existía, basándose la Mutua para negar el derecho a la prestación en la imposibilidad de adaptar su puesto de trabajo o de cambiar a otro puesto compatible con su estado y que solo procedería la separación del puesto de trabajo en caso de exposición alta.

• • Abordar el aumento de precios debería ser la máxima prioridad en toda Europa, afirman los jóvenes de entre 16 y 30 años
• • Los jóvenes de los países del Este de la UE están más preocupados por la seguridad y la defensa
• • Para el 42% de los encuestados, las redes sociales son la principal fuente de noticias sobre cuestiones políticas y sociales.
• • El 76% cree que ha estado expuesto a desinformación durante los últimos siete días y el 70% confía en poder reconocerla.

Un estudio señala que solo el 8% de las empresas hacen los deberes a la hora de planificar el traspaso de mando a las nuevas generaciones.

La administración no respondió a las reiteradas denuncias de los vecinos que alegan perjuicios para la salud.

El número de afiliados a la Seguridad Social en la rama turística aumentó en 104.437 personas en enero, alcanzando una cifra total de 2,62 millones de trabajadores, lo que supone un incremento del 4,1% con respecto al mismo mes del año anterior, según datos de Turespaña hechos públicos este lunes por el Ministerio de Industria y Turismo.

Según los magistrados, la empresa no ha acreditado la imposibilidad absoluta de reorganizar los turnos.  La Sala también estima la petición de condena indemnizatoria derivada del daño moral  por a la negativa injustificada de la demandada que ha repercutido en la vida familiar del actor negativamente imposibilitándole cuidar adecuadamente a sus familiares.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que aumentará del 25% al 50% la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, lo que supondrá un ahorro de 140 millones de euros anuales a los madrileños y beneficiará a 14.000 madrileños.

El calendario de concentraciones proseguirá el día 25 de febrero con movilizaciones en Cataluña, La Rioja y Castilla-La Mancha, y continuarán por toda España a lo largo de marzo.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado la suspensión cautelar del calendario para la acreditación de los requisitos de obtención y mantenimiento de las autorizaciones de arrendamiento de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) de ámbito nacional domiciliadas en la Comunidad de Madrid habilitadas para realizar transporte urbano de viajeros.