El negociador de la normativa de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, un marco legislativo pionero a nivel mundial, desgrana las claves de la negociación y anticipa los efectos de esta normativa en el tejido empresarial comunitario.

El artículo 783.2 LECrim. recoge que en el auto de apertura de juicio oral, el Juez de Instrucción señalará el órgano competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa. La irrecurribilidad de dicho auto, así como la extendida mecanización de su decisión en base a la más grave de las acusaciones peticionadas, sin filtro ni criba alguna, determina, en la práctica, un importante trasvase de procedimientos entre Juzgados de lo Penal y Audiencias Provinciales que generan una notable dilación en el enjuiciamiento. En el presente artículo se trata de analizar las facultades de los órganos de enjuiciamiento para poder llevar a cabo una revisión de la decisión competencial adoptada en el mencionado auto de apertura de juicio oral.

El Tribunal Constitucional ha dictado recientemente una nueva sentencia, en la que ha tenido la oportunidad de reiterar su doctrina en relación con las posibilidades de revisión de la fundamentación de un laudo arbitral en el marco de una acción de anulación por vulneración del orden público. Como es sabido, el Derecho de la Unión Europea tiene primacía en todos los Estados de la Unión Europea, lo que obliga a sus órganos jurisdiccionales a velar por su correcta aplicación. Desde esta perspectiva, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó la anulación de un laudo arbitral por entender que el tribunal arbitral había incurrido en una errónea selección y aplicación de las normas de Derecho de la Unión Europea en materia de competencia. Considerando que estas normas estarían incluidas dentro del concepto de «orden público», el TSJ de Madrid acordó anular el laudo arbitral, y revisar la fundamentación del mismo, aplicando una solución jurídica distinta a la adoptada por el tribunal arbitral. La sentencia del TSJ de Madrid dio lugar a la interposición de un recurso de amparo, que se asentaba sobre la premisa de que el TSJ de Madrid habría incurrido en un exceso de jurisdicción, al entrar a valorar el fondo del asunto. Este recurso ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional, confirmando su doctrina sobre los límites de los órganos judiciales en la revisión de la fundamentación de los laudos arbitrales, incluso, cuando dentro de esta fundamentación resulta aplicable el Derecho de la Unión Europea.

El maltrato de obra es una de las causas de desheredación previstas en el CC. El Tribunal Supremo ha fijado jurisprudencia sobre su alcance, especialmente en los casos en los que no existe relación entre el causante y el legitimario o de abandono. Para que esa falta de relación pueda concebirse como un maltrato de obra debe ser imputable al legitimario y haber causado una lesión física o psíquica en el testador con entidad suficiente como para poder reconducirlos a la causa legal de maltrato de obra del art. 853.2º CC.

El brote del Virus del Nilo Occidental en Andalucía ha evidenciado la necesidad de aplicar rigurosamente los artículos 590 y 1908 del Código Civil en la gestión de riesgos y responsabilidades. Estos preceptos establecen que los propietarios y gestores de actividades potencialmente peligrosas deben adoptar medidas preventivas y cumplir con las regulaciones para evitar daños. La responsabilidad civil en este contexto no solo cubre los daños directos, sino también los indirectos, incluyendo costes médicos y pérdidas económicas, pues la falta de medidas adecuadas y la coordinación entre actores relevantes puede incrementar la propagación del virus y sus efectos.

El pasaporte digital europeo propuesto por la Comisión Europea busca facilitar los desplazamientos y mejorar la seguridad en el espacio Schengen mediante la digitalización de documentos de viaje. Aunque podría optimizar los controles fronterizos y reducir la burocracia, plantea preocupaciones sobre la privacidad, la protección de datos y el riesgo de un control excesivo. La interoperabilidad entre los sistemas nacionales es crucial para su éxito, pero existen desafíos en cuanto a la coordinación y la soberanía de los Estados miembros. Además, el uso de tecnologías avanzadas en la verificación de identidad implica riesgos de sesgos y vigilancia excesiva. Este proyecto no solo es tecnológico, sino también una redefinición de la ciudadanía europea en la era digital, lo cual exige un equilibrio entre la libertad de movimiento y la seguridad.

Estas directrices explican la aplicación práctica del concepto legal de sistema de inteligencia artificial, tal como se establece en la Ley de IA.

Estas directrices ofrecen una visión general de las prácticas de IA que se consideran inaceptables debido a sus posibles riesgos para los valores europeos y los derechos fundamentales.

Se trata de una publicación periódica, dedicada en exclusiva al complejo proceso de implementación y desarrollo de los sistemas de cumplimiento normativo en la gestión de las administraciones y entidades públicas. Todo su contenido gira en torno a la idea de ética pública, desde un enfoque preventivo integral (risk-aproach) y no solo de mero «cumplimiento normativo», en sentido estricto.

La SAREB acudió correctamente al juicio de desahucio para obtener su lanzamiento. Los demandados no son deudores hipotecarios, ni hipotecantes no deudores, ni tampoco terceros poseedores. No resulta aplicable la doctrina jurisprudencial que determina que el lanzamiento ha de interesarse en el propio procedimiento de ejecución hipotecaria.

No cumple las exigencias del art. 3 LCS, por lo que no puede serle opuesta al asegurado. La definición de la garantía de los daños eléctricos que se contiene en las condiciones generales puede generar en el asegurado una expectativa razonable de que se encontraba cubierto cualquier tipo de daño eléctrico. Sin embargo, posteriormente se produce una evidente restricción de la garantía contratada, restricción que exige las garantías propias de las cláusulas limitativas de derechos.

Cierto que esta conducta es inadecuada, pero en la empresa no existen instrucciones o protocolo respecto a la utilización del teléfono móvil, ni código ético o de conducta, y tampoco consta que se haya causado molestia de cualquier tipo a los compañeros para los que la imagen era visible, o se haya originado cualquier perjuicio a la imagen de la empresa, de cuyo ámbito interno no ha trascendido su visualización.

Negar a una trabajadora temporal el acceso a la excedencia obligatoria por acceder a un puesto de carácter político representativo, constituye un tratamiento diferente que no encuentra justificación solo en la temporalidad de la relación, máxime cuando la razón de la suspensión del vínculo es impuesta por art. 158.2 del Convenio Colectivo para el Personal laboral de la Comunidad de Madrid.

Lo que se pretende con la inscripción en el Registro Mercantil de la disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidadores, es la liquidación de los bienes subsistentes de la sociedad una vez decretado el cierre provisional por aplicación del art. 485 TRLC. La forma de proceder en la liquidación patrimonial en este supuesto requiere buscar una solución que salvaguarde los legítimos intereses de los acreedores y de los socios, facilitando al mismo tiempo la operatividad de la sociedad y su representación hasta la extinción material de la misma.

Vulneración del ejercicio del derecho a la tutela judicial al trasladar al actor, si es gran tenedor de viviendas, la carga de acreditar si la parte demandada se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica.

Con el fin de continuar reactivando la recuperación de la isla de La Palma tras la erupción volcánica del pasado mes de septiembre de 2021, este Decreto Ley incluye modificaciones que afectan a deducciones en IRPF, a la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados combustibles derivados del refino del petróleo y se prorroga de nuevo el tipo cero en el IGIC.

El foco está en un liderazgo inspirador, enfocado en los resultados y, a la vez, en la empatía y en las personas, con una visión empresarial más social.

Tendrán lugar los próximos días 20 y 21 de febrero en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. Para favorecer la conciliación y el acceso de la abogacía lejana, se simultaneará la asistencia presencial con la posibilidad de hacerlo telemáticamente.

El texto refleja la pluralidad existente en el órgano de gobierno de los jueces con la inclusión de varias alternativas, tal y como sugirió el excomisario europeo de Justicia. Durante su preparación, el CGPJ ha recabado las opiniones de la Comisión Europea, el TJUE, la Comisión de Venecia, el grupo GRECO, las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia y de las asociaciones judiciales.

Las facturas deben incluir un código QR/vínculo al Comparador de ofertas de gas y electricidad de la CNMC.

De esta forma, el cliente puede conocer su consumo y comparar los precios que ofrecen otras compañías.

Dos consumidores denunciaron haber recibido facturas sin el contenido mínimo exigido.

Piden que se inicien los trámites legales para revertir dicha modificación y se recupere el procedimiento inicial, "ágil y eficaz".

Shein valora positivamente los esfuerzos para fortalecer la confianza y seguridad de los consumidores europeos al comprar 'online'. Zalando pide la "rápida supresión" de exenciones y la aplicación coherente de las normas UE para todos los participantes del mercado.

La riqueza neta en manos del 5% de los hogares más ricos ha aumentado en casi 7,3 puntos en España entre 2011 y 2021

El TSJCyL confirma la indemnización de 85.824,46 euros impuesta por la Audiencia de León que deberán abonar a los perjudicados