El galardón, que ha sido entregado por la Cámara de Comercio de Madrid, distingue a aquellas mujeres con ejemplares trayectorias profesionales. Sancho preside la asociación que promueve la diversidad de género y generacional en los puestos de alta dirección y consejos de administración

Se analizan en este trabajo las novedades que la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce en el pronunciamiento de condena en costas del proceso civil, en la practica de la tasación y el novedoso incidente de exoneración de pago y de moderación de cuantía. Breves apuntes respecto a los que debe hacerse la advertencia, que la técnica legislativa empleada suscita más de un interrogante en la exégesis de los artículos que reforma o introduce en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El artículo analiza el concepto y las implicaciones del decomiso cautelar en el ámbito del derecho penal. Contradiciendo la noción habitual que une «decomiso» y «cautelar», se establece que el decomiso implica una privación definitiva de bienes, mientras que las medidas cautelares son de naturaleza provisional. Se examina la función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la recogida de efectos del delito, así como el régimen jurídico que regula su aseguramiento, embargo y posibilidad de destrucción. Asimismo, se destacan los procedimientos y requisitos necesarios para la realización anticipada y utilización provisional de los bienes, subrayando la importancia de evitar la fuga patrimonial durante el proceso judicial. El artículo también hace referencia a normativas internacionales y la creación de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos, enfatizando su papel en la localización y administración de bienes derivados de actividades delictivas.

Parece no estar claro que, ante una nueva legislatura, los ciudadanos europeos pueden volver a plantear o a replantear, a través del derecho de petición, asuntos que no quedaron resueltos en anteriores legislaturas.

Asimismo, el Defensor del Pueblo Europeo se considera incompetente para atender reclamaciones relativas a la posible mala administración en la tramitación de peticiones ante el Parlamento.

La STS (Sala I) 1141/2024 permite que un menor nacido por gestación subrogada en el extranjero sea registrado en España con el lugar de nacimiento correspondiente al domicilio de sus padres, aplicando de manera analógica las disposiciones legales previstas para la adopción internacional. El Tribunal fundamenta su decisión en los derechos fundamentales de protección de la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución) y no discriminación por filiación (artículos 14 y 39.2 de la Constitución), al considerar que la mención del país extranjero vulneraría la privacidad del menor y lo expondría a posibles discriminaciones. Aunque esta solución es relevante para proteger los derechos del niño, la sentencia también pone de relieve la necesidad de una regulación específica en materia de gestación subrogada en España. Una reforma legislativa integral sería esencial para abordar los problemas jurídicos y éticos que plantea esta práctica y garantizar la seguridad jurídica de los menores nacidos mediante ella, aunque ello resulta complicado ante las disputas políticas que rodean la cuestión.

El experto en privacidad y protección de datos reflexiona sobre el impacto de la tecnología en el sector legal.

Establece que no todas las subvenciones, con independencia de su objeto, naturaleza y finalidad, sean acreedoras de la especial protección de inembargabilidad sin límites, en la medida que ello supondría desnaturalizar el alcance y significado de la prerrogativa de inembargabilidad que corresponde a los bienes y derechos patrimoniales públicos.

Prueba de la existencia de defectos graves anteriores a la venta. Nulidad de la cláusula incluida en el contrato sobre exención de responsabilidad del vendedor por vicios ocultos. Resulta contraria a la buena fe y provoca un desequilibrio injustificado en la posición contractual del comprador. Al no tratarse de un vehículo nuevo es muy posible que presente deterioros y no es admisible en el ejercicio de la buena fe que se incluya tal cláusula, sobre todo cuando el vendedor no ignoraba esos posibles defectos porque consta expresamente añadido en el contrato "Se informa de defectos en carrocería y motor", pero sin detallar esos defectos.

Deviene inane, a juicio de la Sala, analizar la legalidad vigente porque lo relevante es la singularidad de la edificación. No existe razón alguna, ni amparo normativo para cuestionar la concesión de la exención del IVA para la construcción del templo de la Sagrada Familia, porque una vez otorgada se mantiene el régimen tributario de exención; el principio de confianza legítima y los propios actos de la Administración es una cuestión de legalidad: el mantenimiento del régimen tributario desde 1994.

Resulta ineludible acreditar que el acusado conocía que desatendía la prohibición de conducir por haber sido privado de la licencia habilitante y para acreditar este extremo es preciso probar, más allá de toda duda razonable, que la notificación de la privación ha llegado a su conocimiento.

Si una empresa, a través del convenio se compromete a alcanzar determinados objetivos de contratación y delimita, junto con la representación de los trabajadores unos porcentajes y tipos de contratación concretos, ese es el nivel que tiene que alcanzarse, y debe cumplirlo porque a ello se comprometió, y solo cumpliéndolo puede acordar jubilaciones forzosas. La extinción del contrato cuando no se da consentimiento, debe declararse improcedente, y, siendo representante de los trabajadores, la opción por la readmisión es del trabajador.

En su condición de directores de las oficinas judiciales y exclusivamente en las actuaciones que se celebren ante ellos en esas dependencias.

El “ecopostureo” o greenwashing y el “ecosilencio” o greenhushing penalizan a las empresas. La coherencia y las certificaciones son claves en la estrategia de sostenibilidad.

El objetivo de esta norma es adecuar la Administración de Justicia a la nueva realidad social y garantizar la igualdad de oportunidades y la excelencia en el acceso a la misma.

La Sala desestima el recurso de la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña . Indica que, en todo caso, “la constatación del requisito del desplazamiento patrimonial a efectos del gravamen de una autorización para el aprovechamiento especial del dominio público requiere un examen del contenido y circunstancias presentes en dicha autorización, por ser relevante a efectos fiscales”.

La letrada releva a Salvador González, actual presidente del Consejo General de la Abogacía Española, como integrante de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

Durante la presentación de la Jornada sobre la Previsión Social en la Abogacía , González ha situado en el centro del debate la proposición de ley registrada en el Congreso el pasado mes de diciembre para modificar la Ley de Seguridad Social y estructurar una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá el próximo 5 de febrero, a las 9.30 horas, en un Pleno extraordinario para abordar su propuesta sobre una posible reforma del sistema de elección de los 12 vocales del turno judicial.

Las pequeñas y medianas empresas españolas, que representan el 99,8% del total, son más pequeñas que sus homólogas europeas al contar con una ocupación media de 4,8 personas frente al promedio de 5,9 ocupados en Europa, según ha reflejado el informe 'Crecimiento empresarial' de Cepyme.

Enviaban hasta 1.000 sms por minuto a potenciales víctimas. Hay 760 personas estafadas identificadas a las que llegaron a defraudar un importe total de 1.962.584 euros mediante smishing (sms) y vishing (voice-llamada), “hijo en apuros” y carding

Se han llevado a cabo nueve entradas y registros de forma simultánea en la localidad barcelonesa de Sabadell y se ha identificado a 660 personas vinculadas con la organización que actuaban como “mulas”