El dosier se organiza en varios apartados que examinan las áreas clave de la Ley, analizando su contenido general y su impacto específico en la profesión de la abogacía.

Uno de los pilares de la profunda reforma que acomete la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (LMESPJ) es el protagonismo que concede a los llamados medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional (MASC) como apuesta incondicionada de la perseguida eficiencia procesal. No se trata ahora de ofrecer una visión crítica de esta opción legislativa ni de inventariar los innegables problemas que habremos de afrontar cuando el 3 de abril de 2025 ente en vigor este bloque de la reforma. En esta primera aproximación se intentará simplemente ofrecer una exposición estructurada del impacto de los MASC en el proceso civil con el objetivo de poder contar con una primera herramienta que nos permita entender mejor la complicada sistemática de la reforma.

En el presente artículo, con base en la jurisprudencia —no siempre pacífica— de nuestros tribunales, y teniendo presente la reciente reforma de la LEC por la Ley 1/2025, de 2 de enero, se analizan los problemas prácticos que plantea la ejecución ordinaria posterior a la hipotecaria, prestando especial atención a los mecanismos de defensa del ejecutado tras perder el bien hipotecado y seguir adeudando parte del préstamo.

El Tribunal Supremo ha acordado la suspensión cautelar de la Oferta de Empleo Público de 2024 del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias porque, aparentemente, vulnera el porcentaje de reserva de plazas (60%) para la promoción interna, fijado por la Ley 36/1977, de 23 de mayo. Se defiende en este trabajo que la legislación de función pública posterior ha derogado materialmente el precepto que determina ese porcentaje, sin que, por otra parte, pueda considerarse normativa especial que prevalezca, con base en el principio de especialidad, sobre la legislación funcionarial general.

La Sentencia 128/2024, de 22 de octubre, del Pleno del Tribunal Constitucional, publicada en el B.O.E. núm. 286, de miércoles 27 de noviembre de 2024, priva a la jurisdicción militar de la competencia para el enjuiciamiento sobre dos empresarios por presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y cohecho, conexos con delitos militares al considerar que únicamente son susceptibles de estar sometidos al orden jurisdiccional militar quienes tengan la condición profesional castrense. A lo largo de este artículo se analizará desde un punto de vista lógico (formal) el acierto de las argumentaciones seguidas en la sentencia en contraposición con las esgrimidas en el voto particular, con las que coincidimos.

Las posibilidades que brinda la IA como herramienta para mejorar la eficiencia de procesos, información y la toma de decisiones estratégicas y empresariales abre un mundo de alternativas al que de manera muy rápida se van abrazando el conjunto de grandes corporaciones mercantiles y empresas.

Existiendo posesión de estado puede impugnarla al amparo del art. 140.II CC, pues el precepto alude al progenitor sin distinguir, de modo que cada uno de ellos puede impugnar su relación de filiación y la del otro. Y en el supuesto de probarse la falta en las relaciones familiares de la posesión de estado, podría ejercitar la acción conforme al art. 140.I CC, ya que debe reconocérsele un indudable un interés legítimo en que se corrija una filiación que no responde al principio de veracidad biológica.

Es nula por abusiva al quebrantar el justo equilibrio y proporcionalidad entre los derechos y deberes de las partes en la relación contractual. Hace asumir al arrendatario un gasto para pagar la prima de un seguro contratado por el arrendador y que beneficia de forma exclusiva a éste. El arrendador ha predispuesto la cláusula y el arrendatario no ha podido ofrecer una garantía adicional distinta a la impuesta o concertar un seguro distinto, más beneficioso para él.

Tras periodos de reposo e incorporación nuevamente al trabajo, reaparecían, lo que acredita suficientemente que las patologías padecidas por la recurrente, causantes de su jubilación por incapacidad, aún cuando no puede ser considerada de enfermedad profesional, se produjo a consecuencia de los esfuerzos fonatorios que realizaba en el ejercicio de su función como docente.

No distinguiendo la norma entre la gestión recaudatoria propia o por convenio, queda excluido que la competencia en la gestión recaudatoria garantice que la exoneración no alcance a otras entidades de Derecho público que sí quedarían excluidas, conforme a la interpretación de la norma literal y al margen de su contexto y finalidad.

Debe ser reputado como “persona que se presenta como productor”, aunque no haya puesto materialmente su nombre, su marca u otro signo distintivo en el producto defectuoso, si la marca que el productor ha puesto en él coincide, por un lado, con el nombre del suministrador o un elemento distintivo de este y, por otro, con el nombre del productor.

La sesión tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Torremocha de Jarama (Plaza Mayor, 4) mañana miércoles 15 de enero a las 17.00 horas.

Les ofrecemos la relación de los asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia y del Tribunal General en los que se dictará sentencia, o se elaborarán conclusiones durante esta semana.

El domingo 12 de enero entró en vigor el Reglamento sobre evaluación de tecnologías sanitarias (ETS), lo que supone una mejora significativa a la hora de garantizar que las tecnologías sanitarias innovadoras y eficaces estén disponibles para los pacientes en toda la UE.

Según la última encuesta del Eurobarómetro , el apoyo a la política agrícola común (PAC) de la UE ha alcanzado un máximo histórico. El nivel de conocimiento público de la PAC se encuentra en su nivel más alto desde 2007, ya que el 78 % de los encuestados afirma conocer la política agrícola común de la UE.

En un entorno marcado por el cambio continuo, hay una serie de amenazas que quitan el sueño a los directivos a nivel global.

Diputados, expertos y mutualistas convocados por el Consejo General de la Abogacía Española debatirán el próximo lunes 20 de enero sobre la situación de las mutualidades y la salida al problema de las pensiones del sistema alternativo.

Por otra parte, sigue tramitando las Diligencias Previas 1047/24 sobre un presunto maltrato del padre hacia el hijo menor.

Algunos casos podrían mantenerse si se reconducen los hechos a otros delitos, como los de odio o desórdenes públicos.

"¿Si hay un siniestro, quién de los dos se va a hacer responsable?", se pregunta ANAES.

Traslada a Trabajo que su anteproyecto para las 37,5 horas contiene afirmaciones "gratuitas", sin rigor y sin evidencias empíricas.

Tilda de "muy grave" la decisión de parar por ahora la reducción de la jornada laboral

Aborda de forma exhaustiva los cientos de sentencias y autos del Tribunal de Justicia (incluyendo aquellas muchas resoluciones que no tienen versión en español) para ofrecer una exposición sistematizada y coherente del Derecho de marcas.