Análisis de la regulación de la prueba ilícita en la ley procesal penal tras la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, en virtud de la reforma del artículo 785 que prevé la celebración de una comparecencia previa, o audiencia preliminar, antes de todo juicio oral, para resolver el alegato de prueba ilícita expuesto en el escrito de defensa por la del acusado. Y ello, para dar carta de naturaleza a la necesidad de que el alegato de la prueba ilícita sea resuelto antes del inicio del juicio oral, para que, en el caso de que el órgano de enjuiciamiento entienda que concurre prueba ilícita, la excluya como prueba a practicar en el acto del juicio oral, así como la prueba derivada en conexión de antijuridicidad, resolviéndose una vieja aspiración de la doctrina especializada para evitar la contaminación psicológica del tribunal en el juicio.

En el BOE de fecha 3 de enero de 2025 se publicó la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que, en términos generales, viene a modernizar el sistema judicial español con cambios tanto a nivel organizativo como procesal, respondiendo al compromiso adquirido por España ante la Comisión Europea en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre las principales reformas, la ley establece la creación de tribunales de instancia que reemplazarán a los actuales juzgados unipersonales, y de oficinas municipales de justicia que sustituirán a los juzgados de paz. Asimismo, se contemplan oficinas judiciales adscritas a cada tribunal de instancia, lo cual permitirá equilibrar la carga de trabajo entre todos los tribunales y unificar los criterios procesales; y se crean oficinas de justicia en municipios pequeños y zonas rurales para que los ciudadanos puedan realizar trámites procesales desde su localidad, sin necesidad de desplazarse al tribunal de instancia. Asimismo, la ley también impulsa el uso de medios adecuados para la solución de controversias (MASC), con el fin de fomentar la negociación entre las partes, un mecanismo que ya es común en el ámbito social y que se quiere extender a los campos civil y mercantil.

Destacamos la vuelta a la nulidad objetiva o automática de los despidos, así como se incluye el impago o retraso de los salarios como causa de extinción del contrato por voluntad de la persona trabajadora, entre otras medidas de carácter social.

Insatisfecho el legislador con la reforma operada por LO 9/2022 de 28 de julio en materia de reiteración delictiva en los delitos de hurto, se tramita actualmente en las Cortes Generales dos proposiciones de ley orgánica, la 122/000083 y la 122/000091, caracterizadas por prescindir de la cuantía de lo sustraído para construir los tipos agravados de reiteración delictiva, incrementar la respuesta punitiva e incorporar nuevos tipos penales por razón del objeto. Tras analizar ambas proposiciones, las presentes reflexiones pretenden asumir aspectos de ambas así como proponer la extensión de la reforma a ámbitos como la suspensión de la ejecución de la pena o la cancelación de antecedentes penales. Y todo ello prestando especial atención a la respuesta a la necesidad de buscar mecanismos de reacción frente a la reiteración delictiva.

Analizamos someramente la controversia jurídico-social en torno a la práctica de la gestación subrogada por aquellas parejas que no pueden engendrar hijos incluso habiendo recurrido a otras técnicas como la gestación in vitro, o bien parejas del mismo sexo que desean ser padres.

Participamos favorablemente con relación a la normativa española que declara nulo el contrato de gestación subrogada (Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, art. 10), así como especialmente con la STS 247/2014-ECLI:ES:TS:2014:247, y la Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución.

Aforamiento. Apertura de investigación penal al Fiscal General del Estado y a la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid. Delito de descubrimiento y revelación de secretos. Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

Estos dispositivos pueden ser de gran utilidad a determinadas edades, pero conllevan una serie de riesgos para sus derechos que hay que limitar.

No opera la excepción prevista en el art. 25.7 LAU. No acredita la entidad demandada que la compraventa incluyera todas las unidades del edificio en el que se ubican las viviendas. El único supuesto en el que procede la exclusión de los derechos de adquisición preferente es el de la venta de todas las fincas o unidades inmobiliarias que forman parte del edificio.

La ley española no resulta aplicable a los contratos litigiosos, celebrados en 2008 y 2010. Aportada por la parte demandada la normativa inglesa vigente hasta 2011, que tiene por válidos los contratos del tipo de los formalizados, de aprovechamiento por turnos de inmuebles en su modalidad de suscripción de puntos de club, no se aprecia que los impugnados hayan contravenido tal normativa.

La solicitud de acceso al medicamento no corresponde a los padres sino al centro hospitalario. Ausencia de evidencia científica sobre sus efectos.

Se trata de una actuación consciente y voluntaria para dar un escarmiento al trabajador y aunque pudiera ser que la paciencia de la trabajadora se hubiera agotado, no por ello, su conducta deja de ser una falta muy grave.

El trabajador debe ser considerado la parte débil de la relación laboral, de modo que es necesario impedir que el empresario pueda imponerle una restricción de sus derechos, y sin un sistema que permita computar de manera objetiva y fiable tanto el número de horas de trabajo efectuadas por el trabajador y su distribución en el tiempo como el número de horas realizadas por encima de la jornada ordinaria de trabajo que puedan considerarse horas extraordinarias, resulta extremadamente difícil.

La Directiva sobre equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas entró en vigor a finales de 2024, con el objetivo de lograr una representación de género más equilibrada en los consejos de administración de las empresas que cotizan en todos los Estados miembros de la UE.

Les ofrecemos la relación de los asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia y del Tribunal General en los que se dictará sentencia, o se elaborarán conclusiones durante esta semana.

Jornadas, desayunos, celebraciones… todos estos encuentros pueden ser una herramienta eficaz para contactar con clientes.

El transporte de mercancías en las Islas Canarias cuenta con un sistema de subvenciones para compensar las particularidades geográficas que afecta tanto a las mercancías agrícolas como a las industriales.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha defendido este viernes la necesidad de promover seguridad y estabilidad regulatoria para generar confianza en los inversores y priorizar el mantenimiento y la creación de empleo.

Defiende el compromiso del Gobierno de subir el salario mínimo en 2025 al igual que está subiendo el salario medio en España