Acaba de publicarse en el BOE la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Con esta Ley Orgánica se culmina la regulación, a falta únicamente de la reforma de las acciones colectivas, de todas las medidas incluidas en el originario plan de eficiencia que incluía tres Proyectos de Ley (eficiencia procesal, organizativa y digital). Hemos hablado con Sonia Calaza, Catedrática de Derecho Procesal, Decana (electa) de la facultad de Derecho de la UNED, Co-directora de Actualidad Civil y Miembro del Consejo Asesor de Aranzadi LA LEY del impacto que las medidas contempladas en esta Ley Orgánica, y en las normas que la han precedido, tendrán en nuestra Administración de Justicia.

La autora nos propone este Decálogo procesal de urgencia donde se avanzan, sin perjuicio de un análisis más sosegaddo, las 10 claves de la reforma operada por dicha norma en los cuerpos legislativos esenciales sobre la nueva estructura orgánica del Posder judicial, y sobre los procesos, expedientes y procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales.

Se analiza la nueva constitución de los tribunales de instancia en la Ley Orgánica de medidas de eficiencia procesal al servicio público de la justicia donde se recoge en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial los artículos 89 y 89 bis de la misma, donde se plasma el ámbito competencial de los nuevos tribunales de instancia y las secciones en ellos constituidas de violencia sobre la mujer, así como en las nuevas secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, como nuevas secciones en estos tribunales de instancia con competencias ya establecidas en el marco de esta reforma tan importante la organización de los juzgados y tribunales).

Se analiza la competencia de las nuevas Secciones de Violencia contra la infancia y la adolescencia en los nuevos tribunales de instancia del art. 89 bis LOPJ en cuanto a la instrucción de los casos de violencia vicaria.

La Sentencia del TEDH Saquetti Iglesias c. España (30/06/2020) ha significado un importante nuevo enfoque en el Derecho sancionador, imponiendo la obligación de preservar la doble instancia en el ámbito de determinadas sanciones con el propósito de conseguir de este modo el cumplimiento de la garantía del art. 2 del Protocolo núm. 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué es la Doctrina Saquetti? ¿Cuáles son sus derivadas?

Enormes cambios industriales, económicos y geopolíticos se esperan en el camino hacia la neutralidad climática. Las entidades de crédito tienen asignado un papel fundamental y es lógico que sean numerosas las cuestiones que se plantean en el Derecho bancario de la Unión, desde los ritmos dispares en el desarrollo de las cuestiones verdes y sociales, el importante rol asignado a los bancos públicos, o los muchos detalles existentes en la supervisión de riesgos climáticos y medioambientales. Esas y algunas otras cuestiones se apuntan en este trabajo.

Este artículo analiza el seguro decenal de daños y la falta de legitimación del promotor de la edificación para accionar frente a la aseguradora en los casos de transmisión de la vivienda edificada (interés asegurado), a raíz de la Sentencia de Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo número 790/2024, de 4 de junio.

Esta información se puede obtener a partir de tratamientos de datos sobre la estructura física del cerebro o bien sobre las distintas funciones cerebrales.

El TS indica que el solicitante debe garantizar los medios económicos necesarios para sufragar los gastos de estancia en nuestro país y de regreso a su país de origen, y no los de su venida a España, entendiendo por gastos de estancia los de alojamiento y manutención, y aclarando que la referencia del IPREM se entiende hecha a su modalidad anual, sin incrementarse en el importe de las pagas extraordinarias.

No concurre la excepción de cosa juzgada. Siendo la posesión una situación continua en el tiempo nada obsta a que años después de obtenerse la primera sentencia pueda el actor volver a presentar la demanda de desahucio que tiene como causa de pedir ser la demandada, muchos años después del primer proceso, precarista de nuevo.

 Aunque a priori ambas actividades presentan semejanzas sustanciales, en materia fiscal no es posible la interpretación de los beneficios fiscales a situaciones o casos distintos de los comprendidos en la norma como acreedores de ellos, no siendo los agentes de seguros  una subespecie de las más amplia y genérica  de los agentes comerciales.

El Plan de Igualdad ha sido consensuado entre la empresa y la mayoría de la representación de los trabajadores, que no apreció la alegada situación discriminatoria derivada de una auditoría retributiva ya que la misma contempla los distintos puestos de trabajo existentes en la empresa a través de una metodología ampliamente admitida que emplea métodos cuantitativos y cualitativos. La formación en materia de igualdad, no es obligado que deba ser anterior al inicio de las negociaciones y consta la asistencia a ellas de asesores externos, sin que se cuestionara que pudiera tratarse de personas con formación o experiencia específica en igualdad de trato en el ámbito del empleo. La alegada demora en la negociación del Plan por incumplimiento del plazo de un año, tampoco acarrea de forma automática la pretendida nulidad. Sobre la inclusión de mención expresa a las personas trans, esta cuestión ha suscitado dudas interpretativas y su omisión no es determinante de mala fe negociadora. La cláusula del protocolo antiacoso pactado en la comisión negociadora en la que estaba excluído un Sindicato no firmante del Convenio es legítima y no vulnera la libertad sindical.

El Tribunal Constitucional declara que existe una diferencia retributiva entre situaciones idénticas que no está justificada, porque todos los letrados coordinadores son tratados igual por la LOPJ, pero sólo a los que pertenecen a la carrera judicial la Ley 38/1988 les reconoce el complemento de destino controvertido, mientras que para el resto no hay regla específica, tratándose de un complemento asociado al puesto y no a las circunstancias personales del funcionario.

Este RDL 11/2024 modifica la LGSS, el ET y la Ley de Clases Pasivas para incluir, entre otras medidas, la mejora de la regulación de la jubilación parcial, la jubilación activa y de la jubilación demorada para que los trabajadores puedan realizar una transición del mercado de trabajo a la jubilación más progresiva y flexible, más adaptada a las condiciones y situaciones de cada trabajador.

Con entrada en vigor el 2 de enero de 2025, desplegará efectos el 1 de julio de 2025, para otorgar un plazo suficiente para realizar las adaptaciones de carácter tecnológico y funcional necesarias por parte de todos los actores implicados en el cumplimiento de la norma. Comprende tanto los servicios de alquiler de corta duración prestados por las plataformas en línea a anfitriones que prestan servicios de alquiler de alojamientos de corta duración en España, independientemente del lugar de establecimiento de dichas plataformas, como los servicios de alquiler que prestan los anfitriones.

Debido al importante incremento del gasto en prestaciones económicas de incapacidad temporal derivadas de contingencias comunes (tanto en trabajadores por cuenta ajena como autónomos), se eleva la fracción de cuota que reciben las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en aras a mantener la adecuada suficiencia económica

Aunque se dota a las partes de un Convenio colectivo de un margen de apreciación equivalente al que se reconoce a los Estados miembros a la hora de diseñar las normas sobre protección de datos personales de los trabajadores, no puede llevarse al extremo de minimizar o incluso anular las garantías mínimas.

Debido a que la UE ha estandarizado los puertos de carga para teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos portátiles, todos los dispositivos nuevos que se vendan en la UE deben admitir ahora la carga USB-C . Esto reducirá la cantidad de cargadores que necesita comprar, ayudará a minimizar los desechos electrónicos y simplificará la vida diaria. 

Consejos para reducir ineficiencias en la gestión de proveedores, de seguros, de suministros y en el cobro de facturas.

La norma obligará a los propietarios a obtener un número de registro para operar en plataformas un arrendamiento de corta duración.

El Gobierno sigue negociando con los grupos parlamentarios la subida al diésel de cara a hacerla efectiva el próximo año.

Apuesta por mejoras en la línea C3 Bilbao-Orduña y nuevos servicios en Álava y entre Karrantza y Aranguren

Los españoles que quieran jubilarse a partir del 1 de enero de 2025 con el 100% de la pensión, tendrán que tener al menos 66 años y 8 meses cumplidos, en virtud de la reforma de pensiones de 2013, en la que se elevaba progresivamente la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años en un horizonte total de 15 años.

El despliegue del nuevo sistema de cotización de autónomos en función de sus ingresos reales continuará desarrollándose en 2025, en el que los trabajadores por cuenta propia que coticen por la base mínima pagarán a la Seguridad Social cuotas mensuales que irán desde los 200 a los 590 euros, dependiendo de sus rendimientos netos.