Con motivo de su nombramiento como miembro del Consejo Asesor de Aranzadi LA LEY, hablamos con Encarnación Roca, catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona. En esta interesante entrevista nos da su opinión sobre la constitución del Consejo Asesor, y las tres claves más relevantes que, en su opinión, marcarán el desarrollo del mercado editorial jurídico en la próxima década.

El Diario LA LEY les ofrece hoy la Revista Compliance Penal, dedicada al estudio teórico y práctico del mundo del cumplimiento normativo en su dimensión nacional e internacional.

En el contexto del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ha pasado prácticamente desapercibida una doctrina jurisprudencial que ha abierto una vía procesal para excluir a ciertas personas jurídicas del ámbito de dicha responsabilidad cuando sean calificadas como instrumentales. Esta doctrina establece un nuevo régimen jurídico que simplifica notablemente el tratamiento procesal de estas entidades, al permitir su exclusión rápida del proceso y enfocar el peso de la ley penal directamente en las personas físicas responsables. En este sentido, la STS núm. 154/2016, de 29 de febrero, es la que inauguró la doctrina de la instrumentalidad en un ámbito específico, para posteriormente expandirse de manera sorpresiva a todos los delitos relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este estudio se aproxima a dicho régimen con el objetivo de analizarlo y destacar sus aspectos más críticos.

En un mundo empresarial cada vez más complejo y dinámico, la integración de las funciones Legal y Compliance se presenta como una estrategia que puede transformar la gobernanza corporativa. Más allá de una mera fusión administrativa, esta aproximación es una opción para la gestión de riesgos, permitiendo a organizaciones, especialmente startups y empresas en crecimiento, optimizar recursos, agilizar procesos y ofrecer una respuesta más coherente y proactiva frente a los desafíos regulatorios. Al derribar las barreras departamentales tradicionales, las empresas pueden crear un ecosistema donde el asesoramiento legal y la supervisión de cumplimiento se complementan, generando una visión holística que mitiga riesgos y promueve una cultura organizacional ética y eficiente. Esta estrategia no es un modelo único, sino una herramienta flexible que, implementada con inteligencia y analizando el contexto de cada organización, puede convertirse en una ventaja competitiva en el panorama empresarial actual.

El Real Decreto 1101/2024, de 29 de octubre, aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI), un organismo diseñado para garantizar la protección de las personas que denuncian irregularidades, fortalecer la lucha contra la corrupción y fomentar la integridad en las instituciones públicas y privadas. Este artículo analiza el contexto normativo de su creación, sus principales características y funciones, así como el impacto en los sistemas de gestión de Compliance.

Este estudio busca analizar en detalle la viabilidad de trasladar un procedimiento penal a una jurisdicción extranjera, considerando el riesgo de vulnerar el principio ne bis in idem si se mantienen procedimientos paralelos en distintas jurisdicciones, para investigar los mismos hechos. Con este propósito, se examina el procedimiento de Diligencias Previas núm. 91/2015, tramitadas en el Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de la Audiencia Nacional, donde la coexistencia de procedimientos en fase de instrucción en España y Alemania planteaba una serie de cuestiones complejas al intentar fundamentar la aplicación del principio ne bis in idem procesal.

Este artículo aborda los fundamentos criminológicos que subyacen al diseño de los Sistemas de Compliance, basados en la prevención situacional del delito.

En el año 2015 se produjo un fatídico incidente que terminó con la muerte de dos trabajadores de una multinacional italiana que habían sido destinados en Libia. En primera instancia, la justicia italiana condenó por homicidio imprudente al directivo responsable de la sucursal de Libia —que llegó a una conformidad—, a los miembros del Consejo de Administración y a la propia persona jurídica. En casación, la Corte Suprema di Cassazione aboga por la absolución del Consejo de Administración y también de la persona jurídica. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad penal de los administradores? ¿Existen deberes de vigilancia de los administradores sobre sus directivos? ¿Cómo afecta todo ello a la responsabilidad penal de la persona jurídica? Estas preguntas se abordarán con ocasión del análisis del «caso Bonatti».

Actualización y análisis de sentencias recientes del Tribunal Supremo afectantes a compliance y a responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Un enfoque integral para impulsar la transparencia, la ética y el cumplimiento normativo en tu organización.

Insatisfecho el legislador con la reforma operada por LO 9/2022 de 28 de julio en materia de reiteración delictiva en los delitos de hurto, se tramita actualmente en las Cortes Generales dos proposiciones de ley orgánica, la 122/000083 y la 122/000091, caracterizadas por prescindir de la cuantía de lo sustraído para construir los tipos agravados de reiteración delictiva, incrementar la respuesta punitiva e incorporar nuevos tipos penales por razón del objeto. En esta segunda parte, de tres, se analiza la proposición de ley 122/000091, caracterizada porque las soluciones que aporta en materia de reiteración delictiva implican sorprendentemente soluciones que en términos de pena pueden resultar más favorables para el reo, suprimiendo el requisito de la cuantía acumulada, al tiempo que incorpora con mayor fundamento la agravación por la razón de los datos incorporados al bien sustraído ( dispositivos tecnológicos) así como la reforma del régimen de suspensión de la pena.

El presente artículo pretende compilar y describir la normativa que regula la uniformidad de los funcionarios de instituciones penitenciarias a lo largo de los últimos 125 años, desde que se crea el modelo de uniforme alfonsino de finales del siglo XIX durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena hasta la última modificación normativa de la uniformidad realizada el 30 de octubre de 2024.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia relevante en relación con la procedencia del despido disciplinario de una trabajadora de Carrefour, quien fue acusada de apropiarse indebidamente de dos cupones descuento de tres y seis euros, propiedad de dos clientas.

Restricción de la competencia. Fijación indirecta de precios por las empresas petrolíferas. Resolución de la CNC que consideró acreditada la infracción, posteriormente confirmada por la jurisdicción contencioso-administrativa. Aplicación de la STJUE de 20 de abril de 2023, C-25/21. Es la compañía de bandera quien ha de probar que no hubo fijación indirecta de precios.

Dado que el error no podía tener ningún tipo de consecuencia procesal en el Juzgado en el que se presentó el escrito, pues no puede contestar a la demanda quien la ha presentado, y que fue advertido al Juzgado al que se quería realmente remitir la contestación en cuanto se tuvo conocimiento a través de la diligencia de ordenación que declaró precluido el trámite, la decisión de no admitir la contestación resulta formalista y desproporcionada.

Descarta la incidencia del estado de la calzada en la producción del accidente y afirma que no existe relación de causalidad entre el hecho lesivo y la prestación del servicio público de carreteras.

Una vez comparecidos los trabajadores perjudicados, tras el debido emplazamiento, tienen la condición de parte.

Inscripción registral de la escritura de aceptación y adjudicación de herencia otorgada por la viuda y una de las dos hijas del causante. Desheredación de la otra hija. No hay ninguna disposición legal, ni pronunciamiento en la jurisprudencia, ni doctrina, por los que se exija la notificación de la desheredación al afectado por ella.