La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia se publicará en el BOE en los próximos días y dará lugar a la creación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los Municipios.

Representa el presente trabajo una primera aproximación al surgimiento de la noción de abuso del servicio público de Justicia y su proyección en la regulación contenida en el Título II del reciente Proyecto de Ley Orgánica de Medidas en materia de Eficiencia del servicio público de Justicia. Con el objetivo de superar la mera reflexión expositiva, tras realizar la debida contextualización de la noción en el marco de la Eficiencia del servicio público de Justicia, se expone la dificultad que representa la explicitación de sus bases conceptuales en el Preámbulo del Proyecto, por constituir un andamiaje sustentado en concepciones cargadas de complejidad y en modo alguno pacíficas. Así sucede con la consideración del abuso del servicio público de Justicia como actitud incompatible con su sostenibilidad; y así sucede igualmente —por razones distintas— con la consideración de la noción como acreedora de las reglas de la buena fe procesal. Por último, y dada la indeterminación del concepto, se realiza en el presente trabajo una breve valoración sobre la conexión entre esta nueva noción y la dimensión ética de la Justicia del siglo XXI, que descansa asimismo sobre el compromiso de la Justicia como servicio público y su sostenibilidad.

El texto lega contempla la incorporación de incentivos para fomentar la mediación en el ámbito civil, mercantil y familiar, así como la creación de registros públicos de mediadores y centros acreditados.

El Diario LA LEY les ofrece hoy el Especial Derecho Digital e Innovación, una Revista on line, dedicada al análisis, el estudio y la reflexión sobre los temas más actuales de la relación entre el Derecho y la tecnología, con un carácter transversal, global y especializado.

La rápida evolución de la inteligencia artificial (IA) ha puesto en primer plano cuestiones que antes estaban confinadas a los reinos de la ciencia ficción: si los sistemas de IA pudieran algún día “pensar” como los seres humanos, por ejemplo, entonces ¿también podrían tener experiencias subjetivas como nosotros? ¿Experimentarían sufrimiento, y, de ser así, estaría la humanidad equipada para cuidarlos adecuadamente? Un reciente artículo publicado este mes (diciembre de 2024) en la revista Nature se ocupa de esta cuestión y plantea un punto sugerente: si la IA llegara algún día a desarrollar consciencia, ¿estamos preparados para gestionar sus implicaciones éticas, jurídicas y sociales?

La creciente autonomía de la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos jurídicos, especialmente en cuanto a su responsabilidad. ¿Qué ocurre cuando un sistema de IA actúa de manera autónoma y provoca daños que constituyen infracciones? Este artículo explora la posibilidad de crear un marco legal para las denominadas «personas electrónicas», así como la viabilidad de su responsabilidad penal. Se examinan las posibles sanciones y eximentes, así como el impacto que podrían tener en el desarrollo de la IA.

Este artículo analiza el marcado contraste entre los enfoques regulatorios de la inteligencia artificial en California y la Unión Europea. Mientras que la ley SB 942 de California se centra en medidas pragmáticas y sectoriales de transparencia para la IA generativa, la UE adopta un marco regulatorio más amplio que enfatiza los derechos humanos pero corre el riesgo de sofocar la innovación debido a la complejidad burocrática. El artículo profundiza en los desafíos técnicos y legales de ambos enfoques, criticando la tendencia de la UE hacia una regulación performativa y su impacto en el progreso tecnológico. Reflexiones filosóficas, inspiradas en Foucault y Kant, resaltan las tensiones entre el humanismo y la innovación en el ámbito jurídico de la IA.

El debate sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA) enfrenta la necesidad de fomentar la innovación y mitigar los riesgos que esta tecnología presenta. En California, el veto al proyecto de ley SB-1047 evidencia un enfoque más flexible basado en la autorregulación, priorizando el crecimiento tecnológico, pero con riesgos inherentes debido a la falta de supervisión. Por otro lado, la Unión Europea adopta un modelo regulatorio estricto, evaluando los riesgos de la IA según su impacto en los derechos fundamentales, lo que proporciona mayor protección, pero puede frenar la innovación. El desafío global radica en equilibrar el desarrollo tecnológico con marcos legales que aseguren su evolución segura y responsable.

En el presente trabajo se examina la regulación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de la seguridad nacional y militar, con base en el análisis del Reglamento Europeo de IA. Destacando cómo los considerandos 24 y 25 del Reglamento excluyen los sistemas de IA utilizados con fines militares, de defensa o de seguridad nacional de su ámbito de aplicación, justificando esta exclusión por la aplicación de las políticas de defensa y la seguridad nacional de los Estados miembros. El artículo critica esta exclusión, argumentando que deja un vacío regulatorio que podría llevar a riesgos significativos, como la proliferación de armas autónomas letales, violaciones de derechos humanos, y una mayor inestabilidad global.

En esta investigación tratamos de ofrecer un análisis sobre las posibles vulneraciones de bienes jurídicos, considerados como dignos de tutela penal, que podrían llevarse a cabo mediante la utilización de los nuevos sistemas de IA. En primer lugar, destacamos la importancia de tutelar nuestros derechos fundamentales frente a cualquier innovación que se lleve a cabo en la sociedad. Posteriormente, analizamos cuál es el estado actual de la inteligencia artificial, así como la protección penal de nuestros derechos fundamentales. Seguidamente, a través de distintos ejemplos, planteamos algunas situaciones en las que estos bienes jurídicos podrían quedar desprotegidos, estudiando a su vez qué puede hacer el derecho penal con el objetivo de ofrecerles la protección adecuada. Finalmente, resaltamos la necesidad de conseguir un desarrollo ético de la inteligencia artificial, detallando cuáles han sido las acciones que han puesto en marcha las instituciones para lograr un marco regulatorio que impulse la innovación a la vez que tutela nuestros derechos fundamentales.

Este artículo examina el potencial de incorporación de Agentes de Inteligencia Artificial (IA) en la Administración de Justicia española, analizando tanto el marco normativo vigente como las posibilidades técnicas actuales. La investigación parte de un análisis exhaustivo de la legislación aplicable, incluyendo la reciente normativa sobre actuaciones automatizadas en el ámbito judicial, y explora las capacidades específicas de los sistemas de IA modernos para asistir en tareas administrativas y procesales. Se analizan en detalle las posibilidades de aplicación en tres áreas fundamentales: la gestión y tramitación de procedimientos, la documentación y certificación, y el registro y clasificación de información. El estudio aborda también los desafíos técnicos y operativos, con especial atención a la seguridad, transparencia y evolución de los sistemas. Se propone una estrategia de adopción gradual que equilibra la innovación tecnológica con las garantías procesales fundamentales. Las conclusiones sugieren que la incorporación de Agentes IA, mediante una introducción cuidadosamente planificada y supervisada, puede contribuir significativamente a la eficiencia y modernización del sistema judicial español, siempre manteniendo el criterio humano como elemento central en la toma de decisiones.

El Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, establece numerosos requisitos imprecisos para los sistemas de IA, como evaluaciones de riesgos y requisitos de ciberseguridad, que podrían plantear problemas de cumplimiento a las empresas. Por eso, las normas armonizadas elaboradas por los organismos europeos de normalización (OEN) desempeñarán un papel fundamental en la especificación de estos requisitos.

El pasado septiembre se hizo público el informe sobre El Futuro de la Competitividad Europea, dirigido por Mario Draghi. Su impacto mediático no es sorprendente. La autoridad del ex presidente del Banco Central Europeo, junto a la presentación formal con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, resaltan el potencial político de este informe como guía de la estrategia económica de la Unión Europea en los próximos años. Además, la extensión del informe y su base en datos técnicos contribuyen a fortalecer su credibilidad, aportando el rigor que un tema de esta envergadura requiere.

La UE establece nuevas normas para mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en plataformas digitales. Se busca determinar la situación laboral correcta de estos trabajadores al establecer una presunción legal que permita su consideración como empleados y no como autónomos siempre que se constaten indicios de control y dirección, de esta manera podrán acceder a derechos laborales esenciales.

Otra de las mejoras a destacar es el uso de los sistemas de algoritmos para la gestión de los recursos humanos, los trabajadores tendrán que ser informados del uso de tales sistemas que deberán ser supervisados por personal cualificado, se establecen así mismo normas para mejorar la protección de sus datos personales.

Este libro, dirigido por Moisés Barrio Andrés, analiza, artículo por artículo, todos los temas y aspectos críticos suscitados por el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, RIA o AI Act.

Rafael Rubio, Frederico Franco y Vitor de Andrade tratan en esta obra un asunto de la máxima relevancia, como es el relacionado con el impacto y la influencia que los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) producen en el ámbito electoral y, consiguientemente, en el ejercicio de los derechos de participación en los asuntos públicos.

El período de prueba tiene como finalidad facilitar un medio o mecanismo ágil y eficaz de verificación tanto de las concretas condiciones de la ejecución del trabajo, como de la aptitud y de la adaptación de la persona empleada al trabajo contratado. En el presente artículo se analizan las cuestiones esenciales entorno a esta figura, tales como si es preceptiva o no su inclusión en los contratos, la duración máxima del período de prueba y, especialmente, la controversia que suscitan las extinciones de los contratos durante dicho período.

La renuncia, que supone el abandono de la titularidad de un derecho como resultado de la declaración de voluntad de quien tiene disposición de ese derecho y determina su extinción, es tratada en este artículo concretando su configuración, génesis en el Ius Commune, naturaleza, expectativa de derecho, beneficiario y modalidades de renuncia. Finaliza la autora analizando si el acto de repudiación puede considerarse una manifestación de renuncia, ya sea abdicativa, traslativa o preventiva.

Las nuevas reglas de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para los Premios Goya 2025, que prohíben el uso de inteligencia artificial en categorías musicales y restringen la difusión de películas en plataformas digitales antes de su estreno en cines, pueden generar debates. Por un lado, la prohibición de inteligencia artificial busca preservar la creatividad y la equidad, alineándose con la protección de los derechos de autor, pero podría limitar la innovación. Por otro lado, la restricción de difusión digital contrasta con las tendencias de consumo actual y podría desfavorecer a cineastas independientes debido a los altos costos de estreno en cines. Se ha de sugerir un enfoque más flexible que permita el equilibrio entre modelos de distribución tradicional y digital, para adaptar la industria a las dinámicas cambiantes del mercado.

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No existe ninguna norma con rango de ley que claramente obligue a incluir en el registro salarial datos que permitan identificar la retribución individualizada de los trabajadores, y añade el Supremo que de haber sido así, además de tener que desprenderse de manera inequívoca de la previsión legal, la norma debería establecer las garantías propias de seguridad de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La adopción correctamente constituida es irrevocable. Aunque con posterioridad se llegue a determinar la filiación por naturaleza ello no afecta en ningún caso a la adopción. En consecuencia, después de la constitución de la adopción de un menor cuya filiación por naturaleza era desconocida, es posible que se pretenda la determinación de esta sin necesidad de obligar a que, a la vez, se impugne la filiación adoptiva.

El Tribunal Supremo declara que resulta aplicable a los denominados “bancos de libros” de dicho programa la excepción o límite de no requerir autorización de los titulares de derechos de autor del artículo 37.2 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), y que la finalidad del sistema no se constriñe a un préstamo para abaratar costes a las familias, sino que se deducen unos fines coherentes con la función docente de los centros educativos.

El proyecto pretendía el subarriendo de habitaciones por parte de quien tiene la condición de inquilino de una vivienda, con el objeto de subarrendar estancias de corta duración, facilitando que los estudiantes extranjeros compartan piso.

Lugar de cumplimiento del contrato cuando el cliente se encuentra establecido en un Estado distinto de aquel en el que está establecida la sociedad que ha creado, diseñado y programado el programa informático.