El vacío normativo acerca de si la pena de prisión permanente revisable para internos extranjeros es susceptible de expulsión judicial determina la necesidad de analizar los entramados penitenciarios de la política criminal de extranjería vs la que inspira la propia pena; la necesidad de que el Poder Judicial facilite la ejecución penal de la pena de prisión permanente revisable con otras privativas de duración determinada y la oportunidad de establecer la expulsión judicial atendiendo a los itinerarios de reinserción de los reclusos o concatenando su ejecución a su evaluación favorable en los condenados.

El objeto del presente artículo es analizar la validez y eficacia del mandato y/o del poder de representación en el caso en el que mandante pierda su capacidad volitiva e intelectiva con posterioridad a la válida emisión del mandato. Por expresarlo en términos más llanos, si el poder otorgado al mandatario pierde su eficacia en el caso en que al mandante le sobrevenga una discapacidad, tanto si fuera reconocida administrativa o judicialmente como si no lo fuera.

La ciberdelincuencia y la violación de privacidad, se ha convertido en una cuestión de creciente importancia a nivel jurídico, con una evidente respuesta jurisprudencial tanto en el ordenamiento jurídico español como en el europeo. Por ello, el fenómeno de la ciberdelincuencia requiere de un análisis detallado que aborde los perfiles del delincuente, el modus operandi, mayor conocimiento de las estructuras del cibercrimen organizado, así como el alcance de los daños ocasionados, tanto personales como materiales e incluso los institucionales.

En las siguientes líneas, se examinará la medida de acogimiento residencial para menores con problemas de conducta, abordando las deficiencias y contradicciones observadas en los últimos años. Se enfatiza la necesidad de ofrecer a este colectivo una verdadera asistencia, desde un enfoque integral, individualizado y específico, que involucre a las familias, el sistema educativo y la comunidad en su conjunto. En última instancia, no existe causa que merezca mayor primacía y urgencia que la del desarrollo de los niños, de quienes depende la perdurabilidad y el progreso de todas las naciones y, en definitiva, de la civilización humana.

El Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) albergará en Barcelona una de las siete primeras fábricas europeas de Inteligencia Artificial (AI Factory).

Establece el TS que el servicio «hop on-hop off» es una modalidad de transporte turístico que contempla unas rutas turísticas que cuenta con horarios, frecuencias de paso y una serie de paradas en las que los usuarios suben y bajan de los autobuses a discreción, y que no participa de la naturaleza de servicio público ni de servicio de interés público, sino que constituye una actividad económica que ha de poder desarrollarse en régimen de libre concurrencia, sin perjuicio de su eventual sujeción a autorización.

La compañía facturó por partida doble el servicio de telefonía, lo que motivó la decisión de la cliente de dejar de pagar una de las facturas, suspendiendo el servicio la demandada de forma inmediata.

Constituye un gasto familiar, por lo que puede ser contraído en interés de la familia por uno solo de los consortes, presumiéndose que actúa con el consentimiento del otro.

La devolución de lo satisfecho no afecta a la perfección del tributo y a su exigibilidad originaria, o a sus elementos configuradores; se debe al acaecimiento de un hecho sobrevenido que afecta a posteriori la validez o a la eficacia del negocio jurídico que fue en su día gravado y que, en atención a hechos sobrevenidos, privan también de la justificación de ese gravamen.

La Sala analiza y combina la previsión del art. 12.16 LISOS, - que tipifica la conducta infractora o el ilícito administrativo de crear «un riesgo grave» para la integridad física de la persona trabajadora afectada-, en conjunción con el artículo 39.3 c) LISOS que prevé como criterio de graduación de la sanción, no la creación de un «riesgo grave», sino «la gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias»; y a su vez lo conecta con la prohibición del artículo 39.5 LISOS de utilizar este criterio de graduación cuando ya está contenido en la descripción de la conducta infractora o forma parte del propio ilícito administrativo, y llega a la conclusión de que el criterio de graduación de la gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse del artículo 39.3 c) LISOS no está contenido en la descripción de la conducta infractora ni forma parte del ilícito administrativo tipificado en el artículo 12.16 LISOS que es el de crear un riesgo grave.

La mera sustitución de un préstamo por otro, sin que se concluya la financiación de la inversión permite deducir las comisiones por la cancelación del préstamo, los gastos de notaría y cancelación de la hipoteca en el Registro de la Propiedad y los gastos de tasación del inmueble para la constitución del nuevo préstamo hipotecario, a efectos de la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario de una vivienda arrendada

Desde el 1 de enero de 2025, las empresas y trabajadores deberán realizar una contribución adicional por las retribuciones que superen la base máxima de cotización.

El «Premio de Honor de reconocimiento a una trayectoria profesional» ha correspondido a Felipe González, ex presidente del Gobierno de España y el «Premio a las mejores prácticas relacionadas con la mediación civil y mercantil en España» ha sido para la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).

El condenado por agresión sexual ha indemnizado a la chica, de quince años, con 1.000 euros por el daño moral causado.

Las denuncias por violencia de género, que sumaron 53.147, disminuyeron un 0,62 %, mientras que el número de víctimas, -48.725-, se redujeron un 6,57 % en comparación con el tercer trimestre de 2023, según el informe trimestral del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género.

La Comisión Europea ha abierto expediente a España y otros 21 Estados miembro por imponer controles injustificados a los profesionales que desean prestar servicios temporales y ocasionales y les insta a reducir estas cargas para cumplir con las normas comunitarias al respecto.

Dña. María Luisa Segoviano Astaburuaga, magistrada del Tribunal Constitucional, ha sido distinguida con la Gran Cruz de la Justicia Social, la máxima condecoración otorgada por el Consejo General de Graduados Sociales de España. Este prestigioso reconocimiento lo recibió, el pasado 13 de diciembre, en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio del Senado, en el marco de la entrega de la XIX edición de los Premios al Mérito Social 2024.

El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase en un expediente de infracción, y da un nuevo plazo de dos meses a España para responder al requerimiento y "resolver las deficiencias".

España no cumple con el reglamento para la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA, por sus siglas en inglés) que exige cada Estado miembro designe una autoridad competente que sueprvise el cumplimiento de la normativa comunitaria.

Guía indispensable para comprender y aplicar la nueva regulación de las modificaciones estructurales en el derecho societario, tal y como ha sido establecida en el RDL 5/2023