En el marco de la campaña solidaria #DespuésDelBarro promovida por la revista Cuadernos de Pedagogía, editada por Aranzadi LA LEY, la Fundación Aranzadi LA LEY ha organizado el envío de dos tráileres cargados de mobiliario a sendos colegios de Valencia que perdieron el suyo a causa de la riada del 29 de octubre.

Insatisfecho el legislador con la reforma operada por LO 9/2022 de 28 de julio en materia de reiteración delictiva en los delitos de hurto, se tramita actualmente en las Cortes Generales dos proposiciones de ley orgánica, la 122/000083 y la 122/000091, caracterizadas por prescindir de la cuantía de lo sustraído para construir los tipos agravados de reiteración delictiva, incrementar la respuesta punitiva e incorporar nuevos tipos penales por razón del objeto. En este primer artículo, de tres, se analizará especialmente la proposición 122/000083 caracterizada por un incremento punitivo notable en el que se prescinde manifiestamente del tradicional criterio de la cuantía, se incorporan concetos jurídicos de difícil interpretación y se aprovecha para reformar tanto la legitimación para el ejercicio de la acción penal como el SIRAJ.

La prescripción de la acción de reintegro por nulidad de la cláusula abusiva gastos o suelo es un motivo de oposición recurrentemente alegado en los procesos civiles de tal naturaleza. La pluralidad de procesos ha dado lugar a una pluralidad de forma de resolver la excepción material de la prescripción de las cuantías debidas por la declaración de nulidad de las cláusulas que las fundamentan. El TJUE ha dictado múltiples sentencias con ocasión de las cuestiones prejudiciales planteadas, resolviendo finalmente que la fijación del dies ad quo no puede realizarse basándose en un momento temporal en el que se presumiese un conocimiento general de la cuestión jurídica. Ante esta línea interpretativa, el Tribunal Supremo, finalmente, ha acogido este pronunciamiento en junio de 2024 para resolver del caso que estaba conociendo, y así, disipar cualquier duda respecto a la fijación del dies ad quo de la prescripción de esta clase de acciones, resolviendo finalmente que tal día debe ser el de la firmeza de la sentencia declarativa de la abusividad de la cláusula en cuestión, salvo prueba en contrario, que, conforme a los principios de la carga de la prueba, corresponderían al empresario.

Se aborda la nulidad de la prueba obtenida por los agentes de policía con vulneración del derecho fundamental a la intimidad y al derecho de defensa al acceder a la galería de imágenes del teléfono móvil de quien se encuentra en una situación de detención material o investigación, sin información de derechos, ni consentimiento válido ni asistencia letrada.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2024 (cuyo criterio ha sido aplicado en otras dos sentencias del Tribunal Supremo aborda una cuestión práctica relevante para la regulación de la propiedad horizontal y su interacción con el régimen catastral: ¿puede el propietario único de un edificio promover una alteración catastral derivada de la constitución de un régimen de propiedad horizontal si no ha iniciado la venta de las unidades independientes ni manifestado intención de hacerlo? El Tribunal Supremo concluye negativamente, estableciendo como elemento esencial de la propiedad horizontal la existencia de una pluralidad de propietarios, lo que marca un precedente relevante para la interpretación de la Ley de Propiedad Horizontal.

Esta herramienta de mediación entra en vigor el 17 de diciembre y evitará que los usuarios y las entidades tengan que iniciar un procedimiento administrativo o judicial para resolver este tipo de controversias.

Establece doctrina indicando que la suspensión del procedimiento de expulsión debe producirse desde que se manifieste la intención de solicitar protección internacional ante autoridades públicas tales como policía, guardias de fronteras, autoridades de inmigración y personal de los centros de internamiento, aunque no sean las competentes para tramitar el procedimiento.

Inexistencia de cosa juzgada. Aunque se siguiese un procedimiento monitorio previo en el que la concursada reclamó a la acreedora el importe sustentado en una factura por servicios varios, y la acreedora no formulase oposición al requerimiento de pago, lo cual hizo precluir la posibilidad de esa acreedora de invocar la compensación de deudas en la posterior demanda ejecutiva formulada por la concursada, no ocurre lo mismo en el seno del concurso.

No se aprecia un riesgo especial para las personas derivado de las maniobras de entrada y salida al garaje, que además tiene cabida para un solo vehículo.

El Banco dispone de un sistema de una alerta de "consultas de movimientos de cuentas de empleados" que fue lo que le permitió detectar la intrusión, pese a que el trabajador niega rotundamente haber accedido a las cuentas.

La condición de miembro de un partido político o de un movimiento político contribuye sustancialmente al ejercicio efectivo del derecho de sufragio pasivo conferido por el art. 22 TFUE y no se puede vetar el acceso a este derecho prohibiendo la pertenencia a un partido político.

La Dirección General de Tributos examina la introducción de una nueva reducción del 90 % sobre el rendimiento neto del capital inmobiliario, aplicable cuando se formalice un nuevo contrato de arrendamiento sobre una vivienda situada en una zona de mercado residencial tensionado, para los casos en los que la renta inicial se hubiera rebajado en más de un 5 % con respecto a la última renta del anterior contrato de arrendamiento de la misma vivienda, una vez aplicada, en su caso, la cláusula de actualización anual del contrato anterior.

La adscripción de medios humanos no constituye una condición especial de ejecución del contrato, sino un tipo de solvencia adicional que debe cumplirse antes de finalizar el plazo de presentación de las ofertas, sin perjuicio de su posterior acreditación.

Acoge así la doctrina actual del TACRC, que confirma la intelectualidad de los servicios de ingeniería, arquitectura, consultoría y urbanismo por disposición "ex lege", y del Tribunal Supremo, que reconoce el carácter intelectual de los trabajos de coordinación de seguridad y salud en obras.

Con arreglo a una sentencia del Tribunal de Justicia, el Derecho de la Unión no se opone a la reinscripción de tales derechos, aun cuando su inscripción inicial fuera ilegal. Dicha reinscripción no lesiona de forma desproporcionada los derechos de las personas que tenían la nuda propiedad de esos terrenos en el momento de la cancelación ilegal de los derechos de usufructo de que se trata.

El Derecho de la Unión exige la adopción de disposiciones estructurales para garantizar la independencia operativa de la autoridad de resolución y evitar conflictos de intereses. A falta de normas internas escritas destinadas a garantizar dicha independencia, el respeto de este requisito puede resultar de medidas organizativas o de otro tipo, suficientes a tal efecto.

Establece la AEPD que no puede considerarse que la parte reclamante hubiera consentido indubitadamente la toma de una fotografía de su imagen física, ante un correo en el que lo único que se advierte es "sacaremos fotos a los nuevos que lo deseen", pues el consentimiento presunto ha dejado de tener validez en el marco de la normativa de protección de datos surgida a partir de la aprobación del RGPD.