La trascendencia y la dificultad, en el proceso penal, de una valoración de la prueba ajustada a las exigencias del derecho a la presunción de inocencia son evidentes. Algunas sentencias recientes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo son una buena muestra de esta trascendencia, con algunos planteamientos novedosos de necesario conocimiento, que revelan la necesidad de caminar hacia estándares más objetivos que fundamenten dicha valoración, en paralelo a la expansión del estándar probatorio «más allá de toda duda razonable».

Desde el año 2010 se puede atribuir responsabilidad «penal» a las personas jurídicas por los delitos que han cometido sus integrantes si se cumplen ciertos requisitos. En el Código Penal el catálogo de delitos por los que pueden responder «penalmente» las personas jurídicas se ha ido ampliando durante estos años. No obstante, continúa sin ser posible condenar a una persona jurídica por la comisión de un delito de amenazas. Aun así, la SAP de Pontevedra 25/2022, de 19 de enero, confirma la condena impuesta a una empresa por la comisión de este delito.

Una peculiar traslación al preámbulo de la Ley 16/22, de reforma del Texto refundido de la Ley Concursal, de una declaración contenida en el considerando 46 de la Directiva (UE) 2019/1023 que aquella transpone, ha hecho surgir una corriente jurisprudencial según la cual la delimitación del perímetro de afectación de un plan de reestructuración es presupuesto de la formación de clases de créditos y debe controlarse judicialmente del mismo modo que tal formación de clases, aunque no se establezca así por el articulado de la ley.

Ya puedes consultar en Legalteca un nuevo número de Diario LA LEY Ciberderecho, el nº 89, de diciembre de 2024, que incluye importantes novedades en materia de inteligencia artificial, protección de datos, blockchain, datos, fake news, ciberseguridad, ciberataques y ciberespacio.

A partir del 2 de febrero, las compañías deben dejar de utilizar cualquier aplicación que conlleve riesgos inaceptables para la salud, la seguridad o los derechos fundamentales.

El poder general con cláusula de subsistencia para el caso de incapacitación otorgado por la madre del demandante antes de la Ley 8/2021, en el nuevo régimen legal, se convierte en una medida de apoyo voluntaria sometida a la Ley y puede funcionar como tal. De acuerdo con el nuevo régimen, las medidas voluntarias son preferentes y sólo procede la constitución judicial de la curatela cuando no exista otra medida de apoyo suficiente para la persona con discapacidad.

La falta de reclamación previa, si no existe, no puede subsanarse con posterioridad. Se trata de un óbice procesal cuyo control debió hacerse en un momento inicial, en la audiencia previa. La demanda fue admitida por decreto del Letrado de la Administración de Justicia y la demandada no recurrió el citado decreto. Asimismo, la juzgadora de instancia consideró que se trataba de una cuestión "de fondo". Pese a estas infracciones procesales, la sentencia de primera instancia no incurrió en la falta de motivación que se denuncia ya que, aunque de forma escueta y con una redacción poco acertada, expresa el razonamiento por el cual entiende que no procede entrar en el fondo del asunto.

Vulneración de la competencia de los centros privados concertados y de la Ley Orgánica de Educación.

La limitación de ejercicio simultáneo requiere de algo más que la mera concurrencia de los dos trabajadores en situación de guarda legal de menor, y es que afecte negativamente a la empresa, lo que no ha justificado, siendo los horarios que proponen para la reducción de jornada no se solapan.

Los actores que ejercen habitualmente como autónomos su profesión a cambio de una contraprestación, aunque no dispongan de local propio, ni de personal, ni de herramientas o equipos relacionados con su actividad profesional, están incluidos en el concepto de "empresa", en el sentido del art. 2.3 de la Directiva 2011/7/UE.

La Comisión ha propuesto modificaciones específicas del marco jurídico vigente establecido en el Reglamento por el que se crea una organización común de mercados de los productos agrícolas (OCM) y un nuevo Reglamento sobre la aplicación transfronteriza de las medidas de lucha contra las prácticas comerciales desleales.

Han entrado en vigor nuevas normas sobre responsabilidad por productos, que reflejan las crecientes características digitales de los productos y la creciente economía circular.

Con ocasión de la reforma introducida por la Ley 16/2022, los gastos necesarios para la solicitud y la declaración de concurso han sido eliminados de la enumeración de créditos contra la masa. Durante toda la tramitación del procedimiento y sus incidentes, serán actuaciones concretas, realizadas por el profesional en interés de la masa, o por una intervención legalmente obligatoria, las que podrán devengar honorarios a su favor y ser abonadas con cargo a la masa activa.

Para la Sala de lo Civil, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor. La sentencia concluye que esta solución satisface el interés superior del menor, valorado en concreto, pero a la vez intenta salvaguardar los derechos fundamentales de las madres gestantes y de los niños en general.

La magistrada María Tardón acepta la inhibición procedente del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid por hechos que se tipifican como delito de ataques informáticos y contra la seguridad nacional

Los tribunales incorporaron las pernoctas de la hija de ambos en el fallo de divorcio, desatendiendo los informes periciales.  La Sala reitera el deber de las autoridades competentes de abordar la regulación y aplicación de los regímenes de custodia, estancias y visitas de menores, hijos e hijas de progenitores separados o divorciados, teniendo en cuenta los incidentes de violencia de género.

En el mismo periodo, los concursos de personas físicas empresarios aumentaron 0,2 por ciento y los de personas jurídicas disminuyeron un 1,6 por ciento.

La asociación que defiende a los usuarios financieros subraya la tardanza a la hora de transponer la directiva comunitaria. Denuncian que el gobierno no sólo está demorando en plazo la aprobación de la nueva ley, sino que ha decidido retirar el texto de la tramitación parlamentaria por acuerdo con otros partidos políticos.

El proceso de evaluación permitirá ayudar a reconocer los tipos de modificaciones que debería realizar la universidad para mejorar: cambios en la gestión, presupuestarios, estructurales e institucionales.