De la mano de los miembros del Observatorio del Derecho de Defensa de la Fundación Fernando Pombo comenzamos hoy esta sección, que pretende dar a conocer y difundir al colectivo de juristas españoles este importantísimo texto legal, cuyo debate está pasando desapercibido para la opinión pública pese a su indudable transcendencia.

La nueva Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, es un importantísimo texto legal cuyo debate ha pasado casi desapercibido para la opinión pública, pese a la trascendencia. Es propósito de esta primera colaboración difundir su aprobación, que habrá de tener una relevancia capital en la práctica profesional y en las garantías jurídicas de quienes se vean sometidos a actuaciones judiciales o prejudiciales. La Ley regula los contenidos específicos del derecho de defensa (entre los que destacan el derecho a recibir asistencia jurídica gratuita, el derecho a información de sus titulares y a la calidad de dicha asistencia); las garantías y deberes de la asistencia jurídica (por ejemplo, la actuación libre e independiente de los abogados, su libertad de expresión y la obligación de secreto profesional); y, por último, las garantías institucionales para el ejercicio de la abogacía, es decir, la función de los Colegios de asegurar el cumplimiento de los deberes deontológicos.

Con motivo de su nombramiento como miembro del Consejo Asesor de Aranzadi LA LEY, hablamos con el Letrado del Consejo de Estado y Profesor de Derecho digital Moisés Barrio Andrés, que nos comenta sobre su nombramiento, lo que ha significado para él, y entre otras cuestiones sobre las claves más relevantes que, en su opinión, marcarán el desarrollo del mercado editorial jurídico en la próxima década.

El abanico de acciones disponibles para intentar recuperar la posesión por la vía judicial es amplio, piénsese desde un juicio verbal de desahucio por precario hasta una acción reivindicatoria por estar el ocupante poseyendo una propiedad ajena sin título habilitante o con peor derecho. Por su parte, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda ha introducido una importantísima reforma para los procedimientos regulados en los numerales 1.º, 2.º, 4.º y 7.º del apartado 1 del artículo 250 LEC, al exigir la acreditación de una serie de requisitos de procedibilidad, sin los cuales el juzgador debe inadmitir de llano la demanda interpuesta. En este sentido, si el dictado literal del art. 439.6 LEC circunscribe estos requisitos para la admisibilidad de la demanda a unos concretos posesorios, ¿es procedente estimar como cuestión procesal la inadecuación del procedimiento por elegir la acción reivindicatoria, en lugar de uno de los posesorios señalados del art. 250.1?

La revolución tecnológica plantea importantes desafíos legales y éticos. Uno de los temas más críticos en este contexto es la identificación y protección del bien jurídico afectado por la IA. Esta comunicación tiene como objetivo analizar cuál debería ser el bien jurídico protegido en relación con la inteligencia artificial y resto de mundo digital, considerando los riesgos y oportunidades que las nuevas tecnologías presentan. ¿Cómo pueden estos principios trabajar juntos para fortalecer nuestro sistema jurídico y responder a los desafíos sociales y legales contemporáneos?

En este trabajo se examina la doble instancia jurisdiccional y el reexamen de la declaración de culpabilidad en el ámbito sancionador a la vista de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Saquetti Iglesias c. España, que condena al Reino de España por incumplir el art. 2 del Protocolo n.^o 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por no haber respetado esa garantía, concretada en la revisión por un tribunal superior de un pronunciamiento de culpabilidad

La exención generalizada sobre dividendos y plusvalías derivadas de determinadas participaciones significativas (artículo 21 LIS) es uno de los cambios más novedosos de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, vigente desde el 1 de enero de 2015. Por ello, desde su introducción, es uno de los preceptos que más dudas viene planteando en su aplicación, entre las que se encuentra el impacto que ha tenido su remisión al novedoso artículo 5 de la LIS a la hora de fijar el momento a partir del cual la sociedad participada no es una «entidad patrimonial» y por ello el beneficio generado con su transmisión goza de la citada exención.

Existen respuestas a consultas de la Dirección General de Tributos que manifiestan criterios que se podrían considerar contradictorios, algunos referidos al artículo 21 del TRLIS, vigente hasta 31 de diciembre de 2014, y otros ya en relación con el artículo 21 LIS.

Tendrá lugar el próximo 11 de diciembre a las 18 horas en el auditorio de Cuatrecasas en Madrid. Contará con la presencia de destacados expertos en los ámbitos del derecho y la inteligencia artificial, quienes compartirán sus opiniones y hablarán sobre los desafíos y oportunidades de este nuevo marco regulatorio.

Artículo crítico donde se analiza el índice de la Universidad de Standford en relación con la Inteligencia Artificial. Herramientas como el Global AI Vibrancy Tool, desarrollada por Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) de la Universidad de Stanford, nos ofrecen una perspectiva detallada y contrastable sobre el estado global de la IA. Esta herramienta, basada en un análisis exhaustivo de 42 indicadores distribuidos en 8 pilares, permite realizar comparaciones entre 36 países, destacando fortalezas y debilidades en áreas clave como investigación y desarrollo, economía, educación, diversidad, gobernanza y política, infraestructura, opinión pública y prácticas de IA responsable.

La falta de comprensión de esta tecnología y su funcionamiento puede llevar a una serie de equívocos que aclaramos a continuación.

En el acto también se presentó el libro que recoge los relatos ganadores de la l edición de este concurso.

La dación en pago de los inmuebles en el seno del concurso de acreedores es funcionalmente similar a la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria, regulada en el art. 13.1 LAU, en cuanto que supone la transmisión con aprobación judicial del derecho sobre el inmueble que permitía a su titular darlo en arrendamiento.

O bien ocultó a la demandante (hija de la asegurada fallecida) que el valor de rescate del seguro existente a la fecha de la primera visita a la entidad se reduciría en caso de fallecimiento de la madre al importe del principal asegurado o bien le aseguró que ese valor de rescate podría percibirlo también en caso de fallecimiento de la madre.

Decidió el ingreso en la residencia a pesar de no ser el lugar idóneo para una persona que presentaba conductas agresivas y que fue derivada por razones de emergencia social desde la unidad de psiquiatría de un hospital.

Según la doctrina del TJUE, los principios de acceso a la Administración por la vía del art. 103 CE pueden ser obviados desde la perspectiva de las garantías de un trabajo estable y permanente y en aplicación de la cláusula 5ª del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración de determinada.

 Producida la dilaciónpor causas estructurales, los efectos limitados de las sentencias de este Tribunal para reparar la lesión del derecho fundamental a no padecer dilaciones indebidas, puede verse contrarrestada por la correspondiente indemnización por un funcionamiento anormal de la administración de justicia, acción que será pertinente y útil, incluso, sin necesidad de plantear un recurso de amparo.

El Consejo de Ministros ha aprobado el tercer paquete de medidas destinadas a enfrentar los efectos provocados por la DANA.

Se amplía a todo el período durante el que esté vigente el Impuesto Temporal de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas, la tarifa del Impuesto sobre el Patrimonio aprobada en 2022, y que fue creada, inicialmente, solo para los ejercicios 2022-2023.

Se aprueban nuevas deducciones en la Comunidad de Madrid, respecto a: inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero, arrendamiento de viviendas vacías, por incremento de los préstamos hipotecarios a tipo variable, y para el fomento de municipios en riesgo de despoblación; se amplía el ámbito de aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual; y se establecen beneficios fiscales en el ámbito del ITPAJD.

Ha puesto en marcha dos iniciativas estratégicas para blindar el entorno digital de sus colegiados: una guía práctica de ciberseguridad con herramientas y estrategias específicas para profesionales y despachos jurídicos, y un mecanismo de protección para los dispositivos de trabajo, abierto a todos los colegiados que lo soliciten.

El Pleno del Congreso ha rechazado una proposición no de ley del PP para exigir que se derogue la obligatoriedad de implantar y aplicar, a partir de abril de 2025, una tasa de residuos al 100% de los municipios.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, ha afirmado este jueves que la presencia de los profesionales de la abogacía en todos los trámites de extranjería es la única forma de garantizar plenamente el respeto a los derechos de los migrantes.

Los registros en el ámbito laboral deben respetar el derecho a la intimidad y la dignidad de los empleados