Este trabajo (presentado en dos entregas), pensado para los juristas menos conocedores del mismo, ofrece lo esencial del Sistema penitenciario español. Esta segunda entrega está dedicada a estos aspectos: finalidad y sistema de cumplimiento de la pena privativa de libertad, la figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria, el tratamiento penitenciario y los instrumentos facilitadores de la reinserción, relaciones con el exterior de las personas privadas de libertad y el denominado «sistema penal alternativo».

La existencia, hasta el momento, de tres grandes «oleadas» de sentencias referidas a los supuestos de reclamación privada de daños en defensa de la competencia en materia del cártel de los camiones, ha terminado fijando jurisprudencia sobre muchos de los aspectos discutidos en las numerosas demandas presentadas por ante los Tribunales mercantiles. Uno de los criterios fijados por el Tribunal Supremo Español es el de fijar como jurisprudencia un 5% en la cuantía mínima indemnizatoria en defecto o insuficiencia de prueba por parte del demandante pero con un esfuerzo probatorio suficiente (a valorar por el Tribunal) para que pueda ser aplicado. En el presente artículo se discute la posibilidad de que ese porcentaje pueda ser adecuado y en cualquier caso que pueda fijarse como criterio jurisprudencial.

No todos los supuestos de discriminación empresarial están tasados de forma expresa en la normativa. La doctrina judicial ha perfilado históricamente muchos de ellos y con los años se han introducido en la normativa, gracias a este trabajo. El supuesto que analiza el artículo es un ejemplo de los criterios que venía recogiendo el Tribunal Supremo sobre desigualdades retributivas en el ámbito laboral, con tintes de género y que finalmente el legislador recogió de forma clara y detallada en la norma.

Actualidad Civil le ofrece en abierto la entrevista que Mercedes de Prada, Directora Académica del Centro de Estudios Garrigues, realiza a José María Graíño Ordóñez, Decano del Colegio Notarial de Galicia, y reelegido hace dos días para su segundo mandato al frente de la institución.

El hecho de que la acusada abordara el consumo de un medicamento con el que en ocasiones anteriores se había interrumpido su embarazo y que lo hiciera con la patente finalidad de poner término a su gestación, ignorando que podía propiciar un adelanto del parto dado el nivel de desarrollo del embarazo, refleja un comportamiento inicialmente ajustado a la antijuricidad contemplada en el tipo penal del aborto.

No existe ninguna obligación de vigilancia de la entidad sobre los enseres personales de los clientes. Los supuestos incumplimientos de las medidas de seguridad, como el que las puertas de la sucursal se abran de modo simultaneo, en nada favorecieron o propiciaron la sustracción del bolso.

Aun cuando existe una red de alcantarillado cuyo mantenimiento corresponde a la concesionaria, ello no excluye las competencias de la Autoridad Portuaria de garantizar la seguridad de los usuarios en el espacio público urbanizado.

El factor relevante para determinar si la imprudencia del trabajador enerva la consideración del accidente como accidente de trabajo in itinere es la influencia del consumo de tóxicos en la producción del accidente y no solo el mero hecho de haber consumido sustancias.

La existencia de una relación bilateral determinante de un cómputo de ingresos en una de las partes y, correlativamente, el registro de gastos en la otra, que es objeto de regularización por la Inspección con resultado de la improcedencia de tal deducibilidad, el dies a quo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de los ingresos indebidos que ello supone en quien computó unos ingresos que no eran tales, es la fecha en la que se constata que el ingreso, por los servicios aparentemente prestados por la entidad regularizada, ostentan ese carácter de indebidos, y no el momento en que la liquidación dictada adquirió firmeza, como alega el obligado.

De la deducción en Renta por la instalación se deben descontar aquellas cuantías que, en su caso, hubieran sido subvencionadas a través de un programa de ayudas públicas, en el caso, la ayuda correspondiente al Plan MOVES III salvo si aún no ha sido percibida por encontrarse en tramitación.

La Ley pivota sobre el concepto de envases no reutilizables que contengan plástico, y “envase”  entre los cuales no encajan los desechos, desperdicios y recortes de plástico que se importen.

El Derecho de la UE sobre responsabilidad civil por productos defectuosos se adapta a las nuevas exigencias del mercado ante los avances tecnológicos y los nuevos modelos de negocio de la economía circular. Se otorga una mayor protección a los consumidores perjudicados al facilitar el procedimiento para reclamar una indemnización por los daños ocasionados y al mismo tiempo proporciona a los fabricantes normas claras sobre la implantación de las nuevas tecnologías.

Recuerda que “no hay ninguna disposición legal” que le reconozca ese derecho en relación a los asuntos que se le atribuyan dentro de la asistencia jurídica gratuita. Destaca el perjuicio causado al investigado, pues “no es causa de suspensión de plazos y, mucho menos, causa para prorrogar la instrucción”.

Este tipo de encuentros son una oportunidad para mejorar la cohesión de los equipos y reconocer los logros del año, pero deben estar bien planificados.

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha lamentado que la nueva ley orgánica del Derecho de Defensa pierda la oportunidad de fortalecer el amparo colegial, establecer criterios claros para la conciliación y proteger de forma integral a los abogados de empresa.

Prohibir llamadas no deseadas e introducir contratos inferiores al año son sugerencias de la CNMC incorporadas ya en el proyecto de Real Decreto.

Antes de cambiar de comercializador, el cliente debería tener un resumen sencillo con las condiciones del contrato vigente.

Las lecturas deberían ser mensuales y con datos reales dado que los “contadores inteligentes” permiten esas funciones.

Aumentar los requisitos y garantías de los comercializadores para ejercer su actividad es otra de las consideraciones.

La asociación ha explicado que cerca de 250 jueces que se han reunido en Benidorm para la XXXVIII Asamblea General de la AJFV han instado a revisar "la actuación concreta en el caso de Valencia" y a analizar motivo por el que no se constituyó desde el primer momento la Comisión Judicial de Crisis.

El Juzgado de lo Social n.º 4 explica que el convenio colectivo abarcaba hasta 2020 y contemplaba un incremento sobre el IPC de 2019, que cada afectado puede ahora reclamar ante los tribunales.

Afirma que la comisión que determinará el porcentaje de incremento de revisión del salario mínimo se reunirá antes de diciembre.

El PP ofrece su apoyo si la ley se limita al impuesto que pide Bruselas y no se añaden nuevos tributos. La comisión ya se tuvo que posponer dos veces la semana pasada por la pretensión de PSOE, Sumar y del bloque de investidura de abordar en el proyecto un amplio paquete de medidas fiscales, pero desde posturas diferenciadas.

Se ofrece una visión integral y transversal de la violencia de género, que abarca todos sus aspectos, desde la regulación positiva en textos legales específicos..