Su objetivo es enriquecer el extenso catálogo de Legalteca, que compila publicaciones jurídicas con los más elevados estándares de rigor y calidad. La editorial cuenta con herramientas innovadoras sobre jurisprudencia predictiva y el asistente K+, basado en inteligencia artificial.

El presente estudio normativo e interpretativo concluye con una propuesta legal que supondría una mejora exponencial en las estadísticas de los concursos sin masa. Los autores profundizarán más adelante en otro artículo doctrinal donde analizarán cada detalle y resolución expuesta y comentada a lo largo del presente artículo.

La Directiva (UE) 2023/2255 introduce cambios significativos en el crédito al consumo, ampliando su alcance y fortaleciendo la transparencia y la evaluación de solvencia. Regula nuevos modelos como el «Buy Now, Pay Later» (BNPL) y establece la obligación de registro para los prestamistas y los intermediarios de crédito al consumo, fomentando así la libre prestación del servicio entre Estados Miembros. Esta Directiva es fundamental en la evolución del crédito al consumo, abordando los desafíos impuestos por la era digital y estableciendo un marco más robusto y transparente para proteger a los consumidores mediante políticas de renegociación de deudas y transparencia en publicidad. A diferencia de otros países europeos como Alemania o Francia, la actividad de crédito al consumo en España no está reservada a entidades autorizadas, aunque esta diferencia se atenuará con la transposición de la nueva Directiva. La efectividad supervisora será clave en un mercado tan dinámico, donde la rentabilidad y la responsabilidad social deben coexistir.

El 15 de octubre de 2024, la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que interpreta el artículo 49 del Estatuto Básico del Empleado Público en el sentido de en las familias monoparentales, al permiso de maternidad de 16 semanas, se deben añadir 10 semanas de permiso por nacimiento de hijo que corresponden al otro progenitor. Esta sentencia es jurídicamente equivocada y supone además un error institucional y político.

El fallo del TJUE que se comenta no solo reafirma los derechos fundamentales de los usuarios sobre su información personal, sino que también actúa como un freno necesario a las prácticas intrusivas de las grandes plataformas tecnológicas. Además, subraya la urgencia de implementar una mayor regulación y vigilancia sobre el uso de los datos personales. La sentencia concluye que una red social no puede proponer publicidad específica utilizando datos obtenidos sin limitación temporal y sin distinción en función de la naturaleza de los datos.

Los derechos de autor suponen uno de los cinco desafíos que afronta esta industria en el uso de la inteligencia artificial.

La comadrona no interpretó adecuadamente el registro cardiotográfico que daba signos inequívocos de sufrimiento fetal y aplicó oxitocina, pese a no estar indicada por el número de contracciones que presentaba la paciente y su no suspensión en ningún momento, no avisando, en consecuencia, al ginecólogo para que valorase la realización de una cesárea urgente, produciéndose la rotura parcial del útero y resultando la muerte del feto. El médico se dio cuenta que el feto ya estaba muerto en el seno de la madre, aunque se certificó la muerte cuando el mismo ya estaba fuera, siendo la causa real de la muerte la asfixia fetal.

Una cosa es que los demás comuneros hayan tolerado por largo tiempo que ese espacio común se emplee de uno u otro modo, y otra bien distinta que, por esa tolerancia, el propietario esté facultado para cerrar el acceso al elemento común e impedir de cualquier modo su empleo por los demás.

El transcurso del plazo que la Administración tiene para resolver una reclamación, no determina la adquisición por el interesado de algún tipo de derecho, pues lo que la ley permite es acceder a la "vía judicial superando los efectos de inactividad de la Administración", pero no le proporciona una situación " mejor" que la que tenía inicialmente.

La Sala considera que se ha enriquecido injustamente del importe del IVA de las facturas en su día emitidas, tanto del abonado en su día por la Fundación, como el importe que, tras la rectificación de las facturas, le fue devuelto por la AEAT.

Los pliegos no concretan si ya en la fase de licitación debe implantarse el software específico para el Ayuntamiento o basta con describir su funcionamiento. Además, no es posible elaborar las ofertas al margen de una ordenanza de bajas emisiones que se encuentra todavía en fase de elaboración.

Entre las medidas se incluyen ayudas directas a los ciudadanos y empresas, moratorias y exenciones fiscales, medidas en materia de seguridad social, líneas de avales, créditos ICO y ayudas a las administraciones locales. Serán de aplicación a las personas físicas y entidades públicas o privadas que hayan sufrido daños en sus bienes o derechos como consecuencia directa o indirecta de la DANA, en los municipios incluidos en el anexo de la norma, siempre que resulten acreditados.

Se aprueban ayudas directas de 838 millones, que serán de 5.000 euros para los autónomos y oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas, en función de su volumen de negocio.

El objetivo final, por tanto, es dotar a la Administración del Estado de una arquitectura organizativa en materia TIC para afrontar con éxito el reto de la transformación digital de las administraciones públicas. Este sistema pivota sobre tres ejes fundamentales: en primer lugar la Comisión de Estrategia Sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CETIC) como órgano colegiado superior para la Administración del Estado en este ámbito; en segundo lugar la Agencia (en el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 7 de su Estatuto y a través de la presidencia tanto del Comité de Dirección de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CDTIC) como de las Comisiones de Trabajo reguladas en las disposiciones adicionales tercera y cuarta y, por último, el ámbito departamental, a través de las Comisiones Ministeriales de Administración Digital (CMAD) y las Unidades TIC ministeriales y de los organismos y entidades de Derecho público.

Procede tener en cuenta otros elementos además de los vínculos familiares, como el alcance del perjuicio sufrido por los miembros de la familia excluidos.

La Directiva 2002/90 es conforme con los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas. Corresponde al juez nacional velar por que las sanciones aplicables a las personas que hayan actuado de manera desinteresada sean proporcionadas, cuando dichas personas no estén exentas de responsabilidad penal.

No hay nada mágico en ser abogado y en nada afecta a la dignidad de la profesión ser también un buen comercial de nuestro despacho o de nosotros mismos. Ser conscientes de que una firma legal es una empresa que se dedica a la venta de servicios jurídicos, y, por lo tanto, que para su funcionamiento exitoso debe funcionar con criterios de gestión mercantil, es ineludible en el actual mercado legal.

La Comisión de Deontología sale así al paso de las denuncias planteadas por algunos ciudadanos sobre la existencia de anuncios que circulan por las redes sociales donde colectivos, asociaciones o despachos se ofrecen a asesorar a las víctimas.

• Tras la finalización del plazo para presentación de candidaturas, la Junta Electoral de la institución colegial ha anunciado los cuatro colegiados que optan a suceder a Salvador González como decano.

• Las elecciones serán el 22 de noviembre y podrán votar los colegiados con más de tres meses de antigüedad a la fecha de la convocatoria.

Durante el mes de octubre han tenido lugar en España 1.101 procedimientos concursales, con lo que se posiciona como el mes en el que más cantidad de procesos de este tipo han tenido lugar en lo que va de año, según los datos extraídos por Informa.

Se trasponen dos directivas europeas que mejoran el marco de presentación y verificación de la información sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, y racionalizan las obligaciones de presentación de información corporativa para las empresas.

Los sindicatos se reunirán la próxima semana con grupos políticos para sacar adelante las 37,5 horas e irán a un proceso de movilización.

El presidente de Aecoc, Ignacio González, ha asegurado que el sector del gran consumo "no" está en contra de la reducción de la jornada laboral, pero cree que podría suponer una "pérdida de competitividad" para las empresas.