El gran foro anual para la innovación en el ámbito de la Justicia se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Granada los próximos días 11, 12 y 13 de noviembre. Un año más, Aranzadi LA LEY colabora en la organización del evento.

La Ley Orgánica 4/2024, de 18 de octubre (BOE 19/10/2024), elimina las limitaciones que existían en la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, que impedían la equivalencia, en la fase de ejecución de las condenas, de los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias anteriores dictadas en otros Estados miembros de la Unión Europea. Esta reforma ha generado una enorme polémica política durante su tramitación, dado que sus efectos van a suponer la reducción de condena para algunos presos de la organización terrorista de ETA, que han cumplido condenas en otros países de la Unión Europea y que ahora se encuentran cumpliendo condena en España, todo ello debido a la denominada «convalidación de penas», que tiene su apoyo legal en la Decisión Marco 2008/67/JAI, del Consejo de 24 de julio de 2008.

El derecho de defensa se configura como una de las garantías constitucionalmente reconocidas en el art. 24.2 CE, la cual también despliega sus efectos en los casos de menores sospechosos o acusados de la comisión de un ilícito penal. Las particularidades del mismo conducen a una reflexión sobre una especialización de la asistencia letrada que conllevaría no solamente una defensa técnica adecuada, sino también una promoción de medidas restaurativas y educativas que permitan lograr los fines socioeducativos que presenta la normativa vigente sobre responsabilidad penal de los menores.

Hay reformas legislativas difíciles de abordar por su complejidad o por su coste político. Más allá de esas cuestiones controvertidas o técnicamente complejas existen, a juicio del autor, lo que podría denominarse errores legislativos evidentes, cuya corrección no tiene por qué ser complicada. En el presente artículo, se trata de poner de relieve esos defectos evidentes que podrían solucionarse fácilmente. Ninguno de ellos sería difícil de solucionar, ni daría lugar a polémicas que el legislador pueda preferir evitar o relegar frente a otras cuestiones que considere más importantes.

Ley 13/2023, de 24 de mayo, ha modificado la normativa española relativa a la limitación de intereses, trasponiendo el artículo 4 de la Directiva 2016/1164, tras finalizar el plazo adicional concedido a aquellos Estados miembros que tuvieran normas nacionales específicas para impedir los riesgos en materia de BEPS en la fecha 8 de agosto de 2016 que fueran igualmente eficaces a los efectos de la limitación de intereses establecidos en la Directiva mencionada.

La citada transposición ha modificado la determinación del beneficio operativo que sirve de límite para la deducibilidad de los gastos financieros al excluir las rentas no incluidas en la base imponible del Impuesto.

Algunos expertos creen que los derechos humanos actuales pueden ser insuficientes para dar respuesta a los desafíos que plantea el uso de la neurotecnología.

El Alto Tribunal proyecta la doctrina del TEDH al ámbito del empleo público y especifica que cuando se impute a una Administración haber realizado el tratamiento de datos de carácter personal sin el consentimiento del interesado, para apreciar que no ha existido infracción no basta con que la Administración actuante invoque alguno de los supuestos de excepción a la exigencia de consentimiento que contempla el RGPD, sino que debe justificar la efectiva concurrencia del supuesto de excepción alegado.

Al no haberse llevado a cabo la liquidación en sede de ejecución de sentencia, no sólo era desconocida para el prestatario, sino que era realmente inexistente y el incumplimiento no se había producido, con lo que no había deuda y, por tanto, el dato no era ni exacto ni estaba puesto al día, como exige el art. 60.2º Ley 44/2002.

Siendo la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña una autoridad independiente autonómica, el acuerdo por el que se autoriza la eutanasia tiene encaje en el apartado 8.3 LJCA, que atribuye competencia a los juzgados.

De esta manera se cumple la finalidad perseguida por el legislador de cubrir el esfuerzo cotizatorio imponiendo una correspondencia entre las bases de cotización de jubilado parcial y relevista.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo interpuesto por una madre con hijos menores de edad y en situación de vulnerabilidad a la que no se había aplicado la suspensión del procedimiento de desahucio y del lanzamiento en la vivienda en la que familia vivía de alquiler, suspensión prevista para el caso de que se trate de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional. La sentencia cuenta con un voto particular concurrente del magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla.

Se desarrolla el Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, concretando y detallando los aspectos y contenidos de carácter técnico del diseño de los programas de facturación, así como los formatos de remisión de la información a la Sede electrónica de la AEAT (Sistema Veri*Factu).

En algunos bufetes el cambio generacional les lleva a desaprovechar la experiencia y los contactos de los abogados con más trayectoria.

Afirman que "trocear" la Agencia Tributaria reducirá los 16.000 millones por la lucha contra el fraude y no descartan tomar acciones legales.

Los potenciales beneficiarios, empresas públicas y privadas con una actividad relacionada con el transporte y las infraestructuras, tienen de plazo hasta el 2 de diciembre de 2024 para participar a través de la sede electrónica del ministerio.

La diferencia de 226.881 trabajadores entre ambas fuentes se explica, según la asociación, en gran parte por el fenómeno de los falsos autónomos, "un problema que persiste y que afecta especialmente a los sectores donde la precariedad laboral y la economía sumergida siguen siendo frecuentes".

La obra analiza la intervención de la mesa en los procedimientos de contratación desde su misma constitución hasta el examen de la documentación presentada por el propuesto como adjudicatario.