LA LEY Mercantil te ofrece el trabajo «Diez años de la MiFID II: hacia un régimen único de los mercados de valores y de quienes en ellos participan», donde se hace un repaso de la regulación y tendencias del derecho europeo de los mercados de capitales.

En los últimos años, la ejecución dineraria se ha convertido en el origen de buena parte de los problemas que aquejan a nuestra maltrecha Administración de Justicia. En este ámbito, dos aspectos llaman poderosamente la atención: por un lado, la confusa regulación del papel del juez ejecutor en la fijación del quantum de la ejecución y, por otro, la imprecisa delimitación del ámbito objetivo de aplicación de los distintos métodos de impugnación de los excesos cuantitativos cometidos en el despacho de la ejecución. En este trabajo, analizaremos ambas cuestiones e intentaremos resolver algunas de las dudas que se plantean sobre este particular en el día a día de los tribunales.

Las recientes sentencias del TC sobre los ERE de Andalucía, absolviendo a condenados recurrentes de los delitos de prevaricación y malversación, son claros supuestos de sentencias dictadas «proter amicitiam», lo que viene a justificar las críticas recibidas desde los medios de comunicación y desde los partidos de la oposición, pero ello no es óbice para que tales resoluciones merezcan el beneplácito de la comunidad científica y de los juristas en general, porque han dado un paso al frente muy próximo a alcanzar el cenit garantista respecto a la vigencia real y efectiva del derecho fundamental a la legalidad penal. Por otra parte, esta nueva doctrina exigirá que la Sala de lo penal del TS cambie sus criterios descriminalizando conductas que, hasta el momento, viene considerando delictivas. No merece, en cambio, aplauso alguno la estimación de haberse conculcado el derecho a la presunción de inocencia en cuatro de los once casos.

Dada la libre disposición que tienen los propietarios sobre sus fincas urbanas o rústicas, nada impide que estos puedan vender a un tercero su propiedad pese a que haya un contrato de arrendamiento vigente. En este punto, interesa conocer las consecuencias de tal enajenación, que puede ser voluntaria o forzosa, tanto para el nuevo propietario como para el arrendatario. No obstante, en cuanto a la enajenación de una finca arrendada de naturaleza rústica deberemos fijar el marco jurídico aplicable por fuera del Título III de la Ley de Arrendamientos Urbanos, debiendo acudir a la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos (LA LEY 1783/2003) y a la jurisprudencia aplicable en esta casuística concreta.

La interpretación que hace el Tribunal Supremo del artículo 49 del TRLEBEP es la que resulta conforme con la Constitución, en concreto los artículos 14 y 39, y el resto del ordenamiento jurídico, respetando la igualdad y el interés superior del menor, mediante la proscripción de cualquier forma de discriminación por razón de nacimiento.

La responsabilidad de la propietaria y asegurada no decae si la posesión del animal corresponde momentáneamente a un integrante de la familia. Necesariamente el perro debe figurar a nombre de uno de sus miembros, pero en realidad cualquier persona del núcleo familiar puede entenderse como propietario y poseedor, siendo en tal caso forzado considerar que la posesión ha sido cedida por quien es administrativamente titular.

Un dictamen de la Administración que reconoce un derecho, o los requisitos para gozar de un derecho, vinculante por ministerio de la Ley para la Administración emisora -en un sentido amplio y omnicomprensivo-, no puede ser refutado mediante otro informe contrario de la propia Administración, máxime cuando como sucede en el caso, la Administración que lo niega, no posee conocimientos técnicos y científicos necesarios para opinar sobre la calificación de los proyectos como innovación tecnológica, sobre los gastos e inversiones que determinan la base de la deducción y, en definitiva, sobre el acierto o desacierto de un informe especializado de un Ministerio competente en materia de ciencia al que la ley le atribuye carácter vinculante para la Administración.

Las dietas percibidas por tripulantes de cabina de pasajeros, compuesto, en su gran mayoría, por trabajadoras y el de los pilotos, en su gran mayoría, por trabajadores, no retribuyen el mismo trabajo, habida cuenta de la formación necesaria para ejercer la profesión de piloto y de la responsabilidad que conlleva.

Son gastos deducibles los relativos a las retribuciones que perciba el socio persona física en su condición de trabajador, pero siempre que las retribuciones hayan sido debidamente valoradas por su valor de mercado en los términos previstos en el artículo 18 de la LIS y que cumplan las condiciones legalmente establecidas, en términos de inscripción contable, imputación con arreglo a devengo y justificación documental, y que no tenga la consideración de gasto fiscalmente no deducible por aplicación de algún precepto específico establecido en la LIS.

Aprobación de medidas tributarias para mejorar el acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler, y creación del Censo de núcleos de población diferenciados.

El Tribunal de Justicia confirma la anulación, por el Tribunal General, de la decisión de la Comisión en la que se declaró un abuso de posición

dominante por parte de Intel y se impuso a esta una multa de 1060 millones de euros.

• • En el marco del I Encuentro de la Abogacía de Empresa, el ICAM anuncia una iniciativa integral para apoyar a un colectivo que supone cerca del 20% del censo colegial
• • El ‘Proyecto Abogacía de Empresa’ incluye un seguro de responsabilidad civil, formación especializada, un sello distintivo exclusivo o amparo colegial ante actuaciones judiciales y administrativas que pongan en peligro el secreto profesional y la independencia de los abogados in-house
• • “La abogacía de empresa es un pilar esencial de la profesión y su independencia, que es clave para garantizar la seguridad jurídica dentro del entorno empresarial, no debe ser puesta en cuestión”, ha afirmado Ana Buitrago, diputada responsable de Abogacía de Empresa del ICAM

Un impuesto a la banca con carácter permanente sería "especialmente lesivo" para las pymes, según se desprende de un informe elaborado por el Instituto Español de Analistas, alertando de que podría restringir el acceso al crédito a este tipo de empresas.

Esta iniciativa forma parte del II Plan contra el fraude, que la Inspección de Trabajo ha puesta y marcha y con la que se pretende regularizar contratos temporales y fijos discontinuos fraudulentos en indefinidos.

Se trata del "primer" plan estatal centrado en esta problemática. Se aprobará en 2025 y contendrá medidas como la identificación masiva de animales de compañía y la lucha contra la cría irregular.