Garantiza la obligación normativa de proteger a las personas que alerten sobre prácticas irregulares manteniendo los máximos niveles de seguridad con Complylaw Canal Ético, la herramienta jurídica para el cumplimiento ético de Aranzadi LA LEY.

Este trabajo tiene por objeto el estudio del proceso de ilegalización de Batasuna, así como de Herri Batasuna y Euskal Herritarrok, que obligó a intervenir a tres jurisdicciones distintas para llegar a declarar la necesidad de disolución de dichas formaciones políticas en aras a salvaguardar el correcto desarrollo y funcionamiento del Estado español, como sociedad democrática, sin que por ello se pusieran en peligro valores fundamentales como el pluralismo político o la libertad de expresión, que tienen reflejo en la Constitución Española de 1978 y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950.

El artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en su apartado 2, establece que durante los cinco primeros años del arrendamiento si el arrendador es persona física, o durante los siete primeros años del arrendamiento si éste es persona jurídica, la fianza no estará sujeta a actualización, sin distinguir entre arrendamientos de vivienda y de uso distinto del de vivienda, lo que, respecto de estos últimos, condiciona la libertad de pactos para una tipología de arriendo cuyo principio rector es la autonomía de la voluntad de los contratantes.

No procede subrogar al trabajador de la empresa saliente que presta el servicio de limpieza de una comunidad de propietarios, cuando el servicio pasa a prestarse por un trabajador autónomo sin trabajadores a cargo de forma personal y directa, ya que si bien puede entenderse que se ha transmitido una unidad productiva autónoma que descansa fundamentalmente en la mano de obra y no en la transmisión de elementos patrimoniales, no se ha producido una sucesión de plantillas al no asumirse ningún trabajador de la empresa anterior, sin que tampoco exista subrogación convencional porque los convenios colectivos se aplican a las empresas y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación, y el trabajador autónomo sin trabajadores a su cargo no es empresario laboral en términos del art. 1.2 ET.

El experto en derecho digital desgrana las claves de la regulación europa sobre protección de datos y repasa las novedades regulatorias del sector audiovisual

La creación de réplicas virtuales de personas y productos puede contribuir a optimizar la investigación y la innovación en diversos sectores.

La menor tenía la nacionalidad española, así como su madre. La regla general es que la residencia familiar del menor se encuentra en el lugar en que la familia vive o se ha trasladado de mutuo acuerdo, y donde esté escolarizado o tenga un domicilio fijo. En el caso, el lugar de residencia de la menor en el momento de la no devolución era Italia.

El CUP de la demandante fue asociado por error por la compañía demandada a los contratos suscritos por un usuario de los que se dio de baja a los pocos meses. Como consecuencia, esa compañía canceló los suministros de la vivienda de la actora en lugar de cancelarlos en el domicilio al que realmente correspondían los contratos. A resultas de la cancelación se han irrogado a la demandante unos daños patrimoniales y morales que la compañía debe resarcir. Entre los primeros ha de incluirse la factura por los trabajos de actualización de la instalación eléctrica que fue necesario realizar para poder volver a contratar el servicio de luz. Y en cuanto a los morales, atendidas las circunstancias concurrentes, deben cifrarse en 3.000 euros.

La Tesorería General de la Seguridad Social utilizó en todo momento datos catastrales y registrales de la finca a los que el reclamante pudo fácilmente acceder antes de participar en la subasta.

La realidad es que los hombres disfrutan de una jornada de menor duración que las mujeres, y un salario de mayor cuantía lo que denota la existencia de una discriminación indirecta por razón de sexo.

La Directiva se aplica a toda persona física o jurídica que celebre un contrato de empleo o que establezca una relación de empleo con un trabajador, con vistas a destinarlo a una empresa usuaria para que trabaje en ella temporalmente bajo la dirección y el control de esta, y que ponga a ese trabajador a disposición de dicha empresa, aun cuando esa persona no esté reconocida por la legislación interna como empresa de trabajo temporal por no disponer de una autorización administrativa como tal.

Un Estado miembro no puede invocar el Convenio de Berna para eximirse de las obligaciones derivadas de dicha Directiva. Por consiguiente, un Estado miembro no puede aplicar, como excepción a las disposiciones del Derecho de la Unión, la cláusula de reciprocidad material contenida en el Convenio de Berna a una obra cuyo país de origen son los Estados Unidos de América.

La contradicción entre la información del folleto publicitario y la de la hoja de encargo es imputable al propio abogado. La cláusula contenida en la hoja de encargo es más perjudicial que el contenido de la publicidad, por lo que debe prevalecer ésta.

La Sala estima en parte el recurso de un padre y le atribuye en exclusiva el uso de la vivienda al ser de su propiedad y al tener su exmujer más ingresos que él.

Los supuestos delitos investigados en la causa penal eran procesalmente conexos con otros contra la hacienda militar y cohecho atribuidos indiciariamente a personal militar. Han anunciado voto particular varios magistrados.

El tratamiento, cesión o comunicación de dicha información gozan de una protección reforzada. El alto tribunal fija que una infracción en esta materia constituye una falta muy grave.