Según el Defensor del Pueblo, es verdad que la inclusión de normas procesales de vocación europea en las leyes de enjuiciamiento es una medida positiva y razonable, pero no hacerlo, o dejar de hacerlo, es una cuestión de discrecionalidad normativa. En nada afecta a la seguridad jurídica en el sentido del artículo 9.3 de la Constitución española, dado que se aplican directamente la jurisprudencia y el derecho comunitarios, así como las demás leyes procesales españolas.

Según su resolución, todo lo que contemplaba el artículo 43 bis LEC es posible con el artículo derogado. Tiene claro que se podrán suspender procesos, si el tribunal competente así lo considera, cuando hay una cuestión prejudicial comunitaria interpuesta por otro órgano judicial en otro proceso análogo.

El Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (RDL), que derogó la Ley 3/2009 (LME), introduce diversos cambios en el régimen jurídico de las fusiones, absorciones y escisiones de sociedades. Una de las novedades es la modificación del antiguo artículo 37 LME, ahora renumerado como artículo 44 RDL, que regula la verificación y aprobación del balance de fusión.

La sentencia del TS de 4 de junio de 2024 determina si un trabajador en situación de invalidez permanente total para una determinada profesión, que está percibiendo la pensión correspondiente, tiene derecho a la prestación por desempleo por la pérdida de una ocupación posterior de corta duración, distinta y compatible con la incapacidad declarada.

Casi el 40% de las empresas utiliza esta tecnología para procesar documentos y gestionar información relevante. También les ayuda a hacer un uso más eficiente del tiempo y a optimizar las ventas.

La conducta enjuiciada puede incardinarse en el ámbito de actuación propio del administrador de una comunidad de propietarios en defensa de los intereses de los integrantes de dicha comunidad. La información presentaba interés en el ámbito en el que se difundió, pues afectaba a los intereses, tanto comunes como particulares, de los integrantes de la comunidad. Veracidad de la información. La parte demandada observó una diligencia razonable en contrastar la información que plasmó en los avisos cuestionados.

Denegada a la reserva de dominio la condición de derecho real no puede incluirse en el listado de créditos no exonerables del art. 489.1.8º TRLC, procediendo su exoneración.

El efecto de esta irregularidad es anular la resolución impugnada para que el TEAR resuelva sobre el fondo de la reclamación presentada que afecta a una problemática tan casuística como la determinación de los gastos deducibles para la fijación del rendimiento neto de la actividad profesional (en este caso, la abogacía).

En la medida en que el centro podía haber paliado los negativos efectos sobre los que ahora recurre la sentencia y no lo hizo, confirma también la indemnización de 7.500 euros, por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.

Tal circunstancia concurre si la cuantía de la indemnización por daños y perjuicios es manifiestamente desproporcionada en relación con el menoscabo de la reputación de que se trata, pues puede tener en el Estado miembro requerido un efecto disuasorio sobre la futura cobertura mediática de asuntos análogos o, más en general, sobre el ejercicio de la libertad de prensa.

El pasado 26 de septiembre se publicó en el BOE el VIII convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria, para su inclusión en el Registro de convenios colectivos. Las principales novedades del convenio, dirigido a los trabajadores por cuenta ajena, son la introducción del teletrabajo y la desconexión digital, entre otras medidas como un nuevo permiso retribuido.

La verificación de la emisión personal del voto se realizó de acuerdo con la normativa aplicable en el momento de los hechos y no concurrían las circunstancias para imponer a la Presidenta del Congreso la convocatoria de la mesa para decidir sobre la autorización de voto presencial, declarando la nulidad del emitido telemáticamente.

El Tribunal de Justicia añade en su sentencia que lo mismo ocurre cuando el consumidor haya abonado dicha comisión mediante un pago único al celebrar el contrato de crédito.

La Directiva sobre la protección jurídica de programas de ordenador no permite al titular de esta protección prohibir que un tercero comercialice un programa informático que se limita a modificar las variables almacenadas temporalmente en la memoria local de una consola de juego.

La Formal Opinion 512 de la American Bar Association, emitida el 29 de julio de 2024, aborda el uso de la Inteligencia Artificial Generativa en la práctica jurídica, destacando la necesidad de que los abogados consideren plenamente sus obligaciones éticas y profesionales. Este documento subraya la importancia de la competencia tecnológica, la protección de la confidencialidad de la información del cliente, la supervisión y revisión adecuada del trabajo de la IA, y la transparencia con los clientes sobre el uso de estas tecnologías. También aborda las implicaciones para la estructura de honorarios profesionales y la necesidad de integrar nuevas tecnologías de manera ética y responsable. La ABA establece un marco claro para que los abogados puedan aprovechar los avances tecnológicos mientras protegen los intereses de sus clientes y mantienen la integridad de la profesión jurídica.

Muchos de estos retos requieren de la implantación de políticas en los despachos que permitan compatibilizar la vida personal con la profesional.

En contra del consolidado criterio de la jurisdicción social, consideró que la fecha a partir de la cual había de contarse el plazo legal de 20 días hábiles para presentar la papeleta de conciliación era la fecha de la notificación del informe de la Inspección de Trabajo que declaró el cierre del centro de trabajo, y no la del cierre efectivo.

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de inversión pública para que el número de pymes y el emprendimiento innovador español siga creciendo a buen ritmo. Se trata de 78 millones de euros, que gestionados desde ENISA, organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, se repartirán en dos líneas de financiación.

El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de los 200 millones de euros del Bono Alquiler Joven, acordado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana del pasado 3 de octubre de 2024.

El Consejo de Ministros ha sido informado sobre el Sistema de Registro, Información y Transparencia en materia de alquileres de corta duración en España.

La Abogacía Española ha vuelto a reclamar al Mº Justicia una urgente e impostergable actualización de los baremos con los que se retribuye la prestación de la Asistencia Jurídica Gratuita en cinco comunidades (Castilla y León, Castilla-La mancha, Extremadura, Illes Balears y Murcia), las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla) y los órganos centrales, en lo que se conoce como territorio Ministerio.

El nuevo portal permitirá solicitar pensiones y prestaciones, acceder a los simuladores de jubilación e IMV y ver el estado de las solicitudes.

Estas dos normas buscan regular por primera vez las profesiones de bomberos y agentes forestales a nivel nacional, estableciendo un marco jurídico que asegure las condiciones laborales y profesionales equivalentes en todo el país.

La Norma UNE-ISO 53800 es un paso clave para alinear a las organizaciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular con el ODS 5, que busca lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.