Durante la mañana de ayer, con gran éxito de público, tanto presencial como en streaming, tuvo lugar en el Auditorio Mutua Madrileña la sesión plenaria del Legal Management Forum, el encuentro en que todos los otoños, desde hace ya 11 años, reúne a profesionales del sector legal. Os contamos las claves del evento.

Diario LA LEY les ofrece hoy una selección de contenidos del último número de la Revista especializada LA LEY Mediación y Arbitraje. Una visión teórico-práctica y un enfoque profesional, al ámbito de la justicia alternativa, con especial atención a este modo de resolución de conflictos. Accede aquí al sumario.

La crítica al arbitraje de protección de inversiones ha llevado a algunos a cuestionar su futuro aunque la virulencia con la que se planteó hace una década este tema hoy ha amainado. Sin embargo, ha dado lugar a una acertada iniciativa conjunta del Instituto de la Cámara de Comercio Internacional y UNIDROIT de redactar un modelo tipo de contrato de inversión que pudiera ser utilizado por los inversores a la hora de decidir su inversión.

El sistema arbitral de consumo se encuentra consolidado y plenamente implantado en las distintas Administraciones Públicas (estatal, autonómicas y locales), de modo que se debiera dar ahora un nuevo salto cualitativo que nos situase nuevamente en la vanguardia normativa a nivel de Derecho comparado y, lo que es realmente importante, concediendo a las personas consumidoras y usuarias una más amplia protección de sus derechos.

Durante más de cincuenta años, ha existido un debate sobre la conveniencia de que los árbitros internacionales sugieran o faciliten acuerdos entre las partes antes de emitir un laudo. Tradicionalmente, en lo que se ha denominado «ortodoxia arbitral», se ha sostenido que el árbitro no debe tener un papel en fomentar la resolución de la disputa, limitándose su función a emitir una decisión basada en los méritos del caso, garantizando la neutralidad del árbitro, evitando que se vea involucrado en la orientación o asesoramiento de las partes, lo que podría comprometer su imparcialidad. Sin embargo, en la última década, se ha observado un cambio radical en la orientación hacia métodos más colaborativos de resolución de disputas, sugiriéndose que ha llegado el momento de adoptar la facilitación como una práctica eficaz para resolver disputas.

En este trabajo el autor realiza una serie de reflexiones sobre determinados aspectos ligados a la institución del arbitraje de consumo. En primer lugar, tras unas consideraciones generales, se procede a revisar la organización del sistema arbitral de consumo. Luego se analiza el Convenio arbitral y las ofertas públicas de adhesión de los empresarios, para terminar con el análisis del procedimiento arbitral y su decisión.

La Ley n.^o 2024-537 del 13 de junio de 2024 acaba de consagrar la competencia exclusiva de la Corte de Apelación de París para conocer de los recursos contra los laudos arbitrales internacionales o su ejecución. Al mismo tiempo, el legislador francés también consagra la existencia y la misión de la Cámara Comercial Internacional, instituida en el seno de dicha Corte en 2018 (la CCIP-CA).

La competencia exclusiva reconocida a la jurisdicción parisina oficializa la especialización de larga data de la Corte de Apelación de París, cuyas decisiones en materia arbitral tienen autoridad, bajo el control de la Corte de Casación. El reconocimiento de la CCIP-CA dentro de esta corte consolida la permanencia de esta cámara, dotada de medios humanos, materiales y procesales innovadores, al servicio de la atracción del Derecho francés.

Según el art. 79 del Reglamento (UE) 1215/2012 (Bruselas I bis), la Comisión Europea debía presentar un informe sobre su aplicación a más tardar el 11 enero 2022. La Comisión publicó el 29 marzo 2023 un estudio para apoyar la elaboración de ese informe. En nuestro trabajo revisitaremos los principales aspectos de la relación entre el arbitraje y la jurisdicción en esa proyectada reforma el Reglamento Bruselas I bis: la exclusión del arbitraje, el control de la validez del convenio arbitral, la litispendencia en procedimientos paralelos y el efecto de cosa juzgada en sede de reconocimiento.

Partimos del concepto de mediación en la empresa familiar y na aproximación al papel de la mujer en esta organización para presentar un caso en el que las particularidades de la comunicación entre las personas de la familia empresaria denota la existencia de unos prejuicios por parte del fundador hacia las personas sucesoras y con un componente de desequilibrio entre cada una de ellas. El objetivo es mostrar las técnicas y habilidades empleadas por la persona mediadora para tratar de lograr un determinado resultado en cada sesión del proceso de mediación. El método es el teórico.

La cláusula paraguas ha sido siempre objeto de interpretaciones contradictorias en el arbitraje internacional de inversión. Los recientes laudos dictados en las reclamaciones contra España como consecuencia de las reformas en materia de energías renovables por incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía han brindado una oportunidad de fijar definitivamente su alcance y contenido como ya apuntaron los laudos en los casos de la crisis de Argentina. Pero lamentablemente no ha sido así y la cláusula paraguas parece haberse convertido en un estándar de protección de segunda categoría.

La mediación como método alternativo de resolución de conflictos (ADR) está adquiriendo relevancia en el contexto de las disputas entre inversores y Estados. Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) y otros acuerdos internacionales a menudo incluyen cláusulas que prevén un periodo de negociaciones o un proceso de ADR antes acudir al arbitraje o jurisdicción; llegando a configurarse en ocasiones como un paso previo necesario u obligatorio para las partes. Además, organismos como el CIADI y la CNUDMI, entre otros, han desarrollado distintas iniciativas que buscan promover e incrementar el uso de la mediación en las disputas inversor-Estado. Gracias a ello, este mecanismo se enfrenta a nuevos retos y oportunidades en la actualidad. Asia, debido a su cultura favorable a los ADR, se consagra como región clave para fomentar la mediación de inversiones y promover la cooperación económica (con proyectos como la iniciativa Belt and Road). En la Unión Europea, tras la decisión del TJUE en el caso Achmea, la mediación de inversiones podría convertirse en una herramienta de gran utilidad, generando un entorno propicio para resolver disputas de manera amigable y mutuamente beneficiosa entre los Estados miembro y sus inversores.

El artículo analiza la jurisprudencia emanada TJUE en materia de control jurisdiccional de laudos en aplicación del derecho europeo de la competencia. De dicha jurisprudencia se desprende con claridad que (i) los arts. 101 y 102 TFUE son disposiciones de orden público, (ii) el control jurisdiccional de los laudos debe ser limitado, pero, en todo caso, efectivo, (iii) los tribunales de los Estados Miembros tienen la obligación de plantear cuestiones prejudiciales en el marco de los procedimientos jurisdiccionales de control de los laudos.

En el presente auto la Audiencia Provincial de Alicante resuelve el recurso de apelación planteado contra una sentencia dictada en primera instancia en la que se estimó la declinatoria por falta de jurisdicción del juzgado para conocer de un asunto sometido a arbitraje. De forma escueta, pero tajante y concluyente, la audiencia provincial confirma la plena compatibilidad de la sumisión a arbitraje con el derecho fundamental a la tutela judicial, e interpreta la voluntad efectiva de las partes plasmadas un contrato de arrendamiento rústico, teniendo en cuenta no sólo el tenor literal de la cláusula de sometimiento arbitral, sino también la intención de las partes plasmada en el contrato y en sus actos posteriores. En definitiva, una resolución judicial perfectamente alineada con la doctrina constitucional y la jurisprudencia existente, que ha ido progresivamente construyendo un marco de relación y convivencia pacífica entre la jurisdicción y el arbitraje.

La sentencia objeto de comentario considera ajustado a derecho el pronunciamiento del árbitro en el sentido de extender a tercero no signatario la eficacia del convenio arbitral. Para fundamentar dicha decisión se analiza la aplicación de las teorías de levantamiento del velo y actos propios. La tesis que sostenemos es que la utilización del levantamiento del velo como presupuesto de la decisión de extensión a terceros de la cláusula arbitral, exige no sólo de la presencia de los elementos de control de la parte propios de dicha figura, sino que a todo ello debe añadirse el engaño, el fraude o, al menos la modificación de la situación patrimonial de los sujetos al tiempo de celebración del contrato. Sentado lo anterior analizamos cuestiones relacionadas con el caso en cuestión tales como la posición del árbitro ante la apreciación de indicios de ilícito penal o el papel relevante que la causa del negocio jurídico tiene en nuestro ordenamiento.

En un supuesto en el que solo uno de los codemandados formula declinatoria de arbitraje respecto de todos ellos, se analizan cuestiones como son (i) la legitimación activa para formular la declinatoria, cuando existen varios codemandados, (ii) las razones que han llevado a la Audiencia Provincial a revocar el auto que, en primera instancia, estimó la declinatoria respecto de uno de los codemandados, y (iii) las eventuales consecuencias del incumplimiento —por algunos litigantes— del convenio arbitral.

La resolución en cuestión aborda, entre otros temas de menor interés, por obvios (imposibilidad de la extensión de los efectos de la cláusula arbitral a una parte no firmante, y sobre la arbitrabilidad de cuestiones dimanantes de la interpretación de normas imperativas —en concreto, las contenidas en la Ley de Ordenación de la Edificación—), un tema que en los últimos tiempos se ha convertido en una de las estrellas rutilantes del panorama arbitral: los límites del deber de imparcialidad e independencia de los árbitros, la utilización de pretendidas vulneraciones de éstos deberes como causa de impugnación del laudo en sede de nulidad, y el deber de revelación de los árbitros de circunstancias o hechos que, razonablemente, pudieran suscitar dudas acerca de su imparcialidad e independencia

Esta nueva resolución se une a una consolidada jurisprudencia del TSJ de Madrid que consagra el respeto de la jurisdicción española al arbitraje no solo nacional sino, también, internacional, además de reincidir en la excepcionalidad de que un Tribunal Superior de Justicia español anule un laudo arbitral.

En 2023, la SCC consolidó su posición como actor clave en la resolución de litigios internacionales. A pesar de los desafíos mundiales, la SCC prosperó. Aumentó la confianza, lo que se reflejó en un incremento de los importes en litigio, un mayor número de controversias iniciadas y resueltas, y un aumento de las controversias internacionales. Según esta institución, las referidas estadísticas subrayan la reputación de neutralidad, estabilidad y eficiencia de la SCC.

El Ayuntamiento de Madrid y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), han suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo de proyectos, programas y actividades de fomento y difusión de la mediación que rubricaron posteriormente la coordinadora general de Alcaldía, Inmaculada Sánchez-Cervera, y el decano del ICAM, Eugenio Ribón, en el Palacio de Cibeles.

La CEA avanza hacia la transformación digital adaptando sus prácticas internas y la tramitación de los procedimientos arbitrales al entorno digital actual. En este sentido, el Pleno acordó en su última sesión la puesta en marcha de una plataforma de árbitros.

Con ocasión del XXVI Congreso de la ICCA, el Grupo de Trabajo Interinstitucional de la ICCA sobre Diversidad de Género en Nombramientos y Procedimientos Arbitrales ha anunciado que procederá a publicar una edición actualizada de su Informe.

El 23 de abril de 2024, JAMS anunció la implementación de su Cláusula y Reglas de Disputas de Inteligencia Artificial («Reglas JAMS AI»), en vigor desde el 15 de abril de 2024. Según JAMS, estas reglas reflejan los últimos desarrollos y tendencias en la resolución alternativa de disputas (ADR) y abordan el creciente uso y desarrollo de sistemas de IA y contratos inteligentes.

Según Frederic Munné, presidente del TAB, «la inminente celebración en nuestra ciudad de la 37ª edición de la America’s CUP, que tendrá lugar este año, entre agosto y octubre, ha contribuido a acelerar la necesidad de cerrar acuerdos en el sector y crear éste grupo de trabajo en este sector clave de la actividad económica en la ciudad de Barcelona».

Análisis de las situaciones que se están produciendo en recintos deportivos donde se va a celebrar un partido de futbol en las que algunas personas pertenecientes a grupos que acuden a estos espectáculos por razones ajenas a disfrutar del fútbol desarrollan conductas violentas, bien con los aficionados del equipo contrario, o bien con los futbolistas.

Situación de estos grupos violentos en la práctica del fútbol y medidas a adoptar.

Se recogen 20 conclusiones acerca de este tipo de hechos que se están llevando a cabo de forma reiterada en los campos de fútbol)

El artículo 96 del Código Civil Español, regula los criterios de asignación del uso de la vivienda familiar en las situaciones ordinarias de crisis matrimonial o convivencial, pero con una falta de previsión a cuando tales crisis tienen su origen en situaciones de violencia de genero. Es objeto del presente artículo, el análisis de la evolución de la situación jurídica de la atribución del uso de la vivienda familiar en el ámbito del derecho privado de familia, desde la promulgación del vigente Código Civil 1889 hasta nuestros días, contextualizando datos estrictamente jurídico-legales con la situación socio-política, revelando, que a fecha actual, no hay precepto alguno transversal que ligue la asignación de la vivienda familiar a la condición de víctima de violencia de genero.

Según Markus Gabriel «vivimos una época post-fáctica: el sentimiento es más importante que la verdad». el individuo está ganado protagonismo, reclamando ser considerado en su totalidad, más allá de ser un mero recurso, y pidiendo reconocimiento como una entidad compleja que supera un sueldo o una posición (Gorka Bartolomé). Así, hay una creciente tensión en nuestro mercado de trabajo entre, por una parte, las demandas laborales, y por otra, las necesidades personales. Se da la paradoja de que, a pesar de trabajar en un contexto de «supuesto» gran confort laboral, los empleados y empleadas sufren más que nunca para dar respuesta a dichas demandas laborales y ciudadanas. Ello, provoca, un paulatino aumento de las cifras de absentismo y el relativo deterioro y «hundimiento» de la Administración pública (Carles Ramió)

La prohibición de variación sustancial de la demanda, ex art. 85.1 de la LRJS, se limita únicamente a las alegaciones novedosas suscitadas en el acto del juicio, pero no impide presentar escritos de ampliación con anterioridad al plenario, siempre que se dé traslado a la parte contraria.

Aunque la responsabilidad del fabricante es preferente, legalmente se impone la responsabilidad al distribuidor como si fuera fabricante cuando no identifica al fabricante o no lo hace por iniciativa propia y de manera diligente.

Establece que son dos tipos de discapacidad diferentes e independientes, pudiendo el TEA cursar o no a su vez con discapacidad intelectual, que se caracteriza por las limitaciones significativas en la conducta adaptativa, declarando asimismo que la "discapacidad intelectual" no debe ligarse, necesariamente, con el retraso mental o cociente intelectual menor a 70-75.

Al hacerse efectivo el desalojo en la primera comunicación, que además fue por vía policial y forzosa, se evitó cualquier posibilidad de consumación del delito, que exige del mantenimiento posesorio consciente por parte del acusado en contra la voluntad de su titular.

Fue una total dejación de su responsabilidad pese a lo cual siguió percibiendo su retribución, con autonomía y libertad que fue lo que le permitió su falta de actividad laboral.